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La pandemia forzó un congelamiento y la inflación incrementó sus costos. Una cuenta que se abultará hasta fin de año. FMI a la vista. El reto de descongelar.

Por 10/08/2020 12:27

Con sus demasías y polémicas, con el rostro del exministro de Energía Juan José Aranguren en primer plano, los incrementos de las tarifas de servicios públicos fueron una de las marcas registradas del ajuste fiscal del gobierno de Mauricio Macri. Ese legado, que le causó ahogo a muchas familias argentinas sometidas en paralelo a una reducción de sus ingresos, el presidente Alberto Fernández dispuso, apenas llegado al poder en diciembre último, un congelamiento por seis meses que, pandemia mediante, se estirará hasta fin de año. El problema es que, debido al elevado nivel de la inflación y al incremento de los costos de dichos servicios, la factura se está volviendo demasiado pesada para un Estado de recursos escasos y ya se encamina a revertir todo el esfuerzo social de los últimos años. Así, dichos subsidios treparían hacia fin de año a 2,7% del producto bruto interno (PBI), por encima del nivel de 2017 y apenas 0,9 punto porcentual por debajo del de 2016.

 

Juan José Aranguren, exministro de Energía.

 

Así lo señala un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que señala que “en el primer semestre de 2020 ya se acumuló un 1% del PBI en subsidios económicos”, esto es a la luz, el gas y el transporte.

“Para lo que resta del año, hay dos cuestiones que harían aumentar el gasto en subsidios. En primer lugar, al tener tarifas congeladas por los próximos seis meses, la porción subsidiada de la factura de energía será cada vez mayor a medida que los costos aumenten (en dólares o en pesos). En segundo lugar, debe considerarse que la segunda mitad del año suele ser estacionalmente una etapa de mayores subsidios”, añadió

Así, según el instituto que dirige el economista Nadin Argañaraz, “para 2020 y considerando una inflación del 40%, los subsidios económicos podrían escalar a valores cercanos al 2,7% del PBI, superando así a lo observado en los años 2017, 2018 y 2019 (años en los que se fueron actualizando las tarifas para reducir la cuenta de subsidios), y ubicándose 0,9 puntos porcentuales del PBI por debajo de la relevancia que tuvieron en el año 2016”. 

 

 

El tema amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para el Gobierno por doble vía. Por un lado, porque dicho nivel de subsidios aportará a un déficit fiscal insostenible de alrededor de 9% del PBI hacia fin de año, generado por la necesidad impuesta por la pandemia del nuevo coronavirus de incrementar los planes de asistencia social y de destinar fondos al sostenimiento de empresas y puestos de trabajo. Por el otro, en las próximas semanas comenzarán las discusiones para arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y puede descontarse que la cuestión será parte importante del diálogo. Entretanto, todo indica que los precios en surtidor de los combustibles líquidos no esperarán, algo de lo que el Gobierno ya dio señales.

Los subsidios masivos a las facturas de los servicios públicos fueron una de las principales características de la política económica de los dos gobiernos de Cristina Kirchner, la que mejoró el poder de compra efectivo de los salarios pero que tuvo dos efectos severos: un problema fiscal creciente y un deterioro de los propios servicios, sobre todo el energético, debido a la falta de inversiones. De hecho, las quejas, sobre todo en lo que hace a la distribución eléctrica, han arreciado en el último tiempo.

Si el macrismo habló en 2016 de un “sinceramiento” de las tarifas, hay que señalar que un proceso similar tendría ahora dificultades que no estaban presentes entonces: la caída aguda de los ingresos familiares después de tres años consecutivos de recesión –una verdadera depresión en este 2020 de pandemia– y una inflación que, a diferencia del final del período kirchnerista, ya no es del 25% sino del 40%. Descongelarlas supondrá un enorme desafío para la administración actual, dada la menos capacidad social de resistencia a erogaciones crecientes y al peligro de que la inflación se desboque a partir de un piso más alto que entonces.

“Cabe aclarar que lo que se congela es el precio (la tarifa) que pagan los usuarios residenciales, no obstante, el costo del servicio se sigue moviendo al ritmo de variables como la inflación y el valor del dólar en los casos en los que se requiere de insumos importados para prestarlo. La diferencia, creciente en el contexto inflacionario actual, es pagada por el Estado”, recordó el IARAF. 

 

 

Siempre según el informe, “en junio se gastaron $63.516 millones para cubrir subsidios económicos, de los cuales $48.685 millones pertenecen a subsidios a la energía y $14.736 millones al transporte ($95 millones correspondieron al resto de funciones). En el sexto mes del año, se observa que los subsidios económicos experimentaron un crecimiento igual al 89% con respecto a su par de 2019. La variación real de los subsidios económicos fue del 32,5%”. El uso del transporte público, cabe recordar, está limitado como forma de evitar la aglomeración de gente y la diseminación del nuevo coronavirus.

“En el acumulado de los primeros seis meses de 2020, se observa una variación del orden del 120% respecto al mismo período de 2019. En términos reales, el crecimiento de los subsidios es del 50%”, añadió. 

 

 

Dichos subsidios sumaron 1 punto porcentual del PBI e el primer semestre, sobre un total de 3 debido a otras cargas que el tesoro debió asumir en la emergencia. Esa cifra se estiraría, señala el IARAF, al mencionado 2,7% debido a que, “al tener tarifas congeladas por los próximos seis meses, la porción subsidiada de la factura de energía será cada vez mayor a medida que los costos aumenten (en dólares o en pesos)”.

“En segundo lugar, debe considerarse que la segunda mitad del año suele ser estacionalmente una etapa de mayores subsidios. Para 2020, y considerando una inflación del 40%, los subsidios económicos podrían escalar a valores cercanos al 2,7% del PBI, superando así a lo observado en los años 2017, 2018 y 2019 (años en los que se fueron actualizando las tarifas para reducir la cuenta de subsidios), y ubicándose 0,9 puntos porcentuales del PBI por debajo de la relevancia que tuvieron en el año 2016”, cerró.