El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, eligió un momento particular para presentar el quinto proyecto que redacta desde que ocupa ese cargo. Le puso la firma, casi en soledad, como un gesto de respaldo a los sectores agrarios que cuestionan el silencio oficial ante el incremento de ataques a silobolsas. Presentó una reforma del Código Penal para perseguir y castigar a los autores de "vandalismo rural" con cinco años de prisión. Con la iniciativa, no busca sólo acercarse a los farmers que están en pie de guerra por la intervención y expropiación de la cerealera Vicentin. También, diferenciarse del kirchnerismo y presionar a los diputados de Juntos por el Cambio, que, a pesar del incremento de contagios de Covid en el recinto, debaten sobre la pertinencia de apoyar una renovación del protocolo para realizar sesiones mixtas.
El texto define a la rotura de los silobolsas como un nuevo delitoy propone penas que llegan hasta los cinco años de cárcel. Se trata de la primera reforma penal al respecto que presenta el Frente de Todos (FdT). En los papeles, busca contener el malestar de las entidades de la Mesa de Enlace, pero es parte de una ingeniería orientada a atraer a un sector de la oposición que es muy crítico de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el entorno de la titular del Senado están empeñados en avanzar con el caso Vicentin y no han planteado ninguna posición sobre los ataques a los silobolsas.
Integrantes del FdT reconocen que Massa no comparte la idea de la expropiación. El tigrense insiste en hablar de un rescate para la empresa y trabaja activamente para no perder la interlocución con las entidades del agro. La última señal que lanzó para mantener esos puentes la organizó desde el Congreso, en una teleconferencia con distintos referentes del campo. Fue realizada dos días después del anuncio de la intervención de Vicentin y buscó escuchar quejas para contener el mal humor. Las diferencias superan ese punto. La muestra está en el proyecto que presentó Massa este jueves: sólo lleva la firma de Ramiro Gutíérrez, el único integrante del bloque que conduce Máximo Kirchner en prestar su firma. La iniciativa no cuenta con la rúbrica de ninguno de los diputados y las diputadas que le responden.
En esa tensión creciente dentro de la coalición peronista, el oficialismo presentó esta reforma con un destinatario adicional: los tres socios de Juntos por el Cambio que tampoco consensuaron una estrategia común al respecto. Este miércoles, la diputada nacional por Santa Fe de la Coalición Cívica, Lucía Lehman, y su par bonaerense Luciano Bugallo presentaron una denuncia penal para pedir que se investiguen estos hechos. Contaron con el apoyo de otros cinco diputados de la Coalición Cívica y de Pablo Torello, empresario agropecuario y el único miembro del bloque PRO que se sumó a la presentación judicial.
Dentro de Juntos por el Cambio, la primera fuerza que exigió una respuesta urgente del Gobierno ante los ataques fue la UCR. El planteo inicial fue hace diez días, a través del titular del bloque, Mario Negri, que denunció los ataques y respaldó a los productores en medio del banderazo organizado por autoconvocados y la Mesa de Enlace para rechazar la expropiación de Vicentín. De hecho, uno de los puntos del reclamo también incluía el empeño del espacio Campo Más Ciudad para adjudicar los ataques a los silobolsas al Gobierno y, especialmente, al kirchnerismo.
A esos señalamientos se sumó este miércoles el diputado radical y exministro de Agroindustria Ricardo Buryaille, que presentó un proyecto de ley "para repudiar los hechos de violencia e inseguridad que continúan sufriendo los productores agropecuarios". La propuesta es un proyecto de declaración y no plantea ninguna reforma al Código Penal, como lo hizo Massa. Este jueves, ambos diputados presentaron un proyecto para que la ministra de Seguridad, Sabrina Fréderic, y su par de Justicia, Marcela Losardo, "den cuenta de las medidas tomadas para investigar y prevenir los ataques vandálicos".
Aún así, Massa busca arrastrar a los radicales y lilitos que reclaman repuestas de este tipo, pero siguen empantanados sobre los alcances de la próxima renovación del protocolo para sesionar. En ese punto, tampoco hay posiciones unánimes dentro de la alianza, porque un sector del bloque PRO que conduce el diputado y exsecretario de Interior Sebastián García de Luca está a favor de renovar el protocolo para tratar temas vinculados a la pandemia, siempre y cuando el oficialismo evite incluir temas espinosos, como la expropiación de Vicentín o el impuesto extraordinario a las grandes riquezas.
Es un virtual sub bloque no reconocido dentro del PRO, compuesto por 13 diputados que se referencian en el extitular de la Cámara Emilio Monzó. La reforma que impulsa Massa sería de agrado para ese grupo y también para un puñado de diputados macristas de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe que no están en ese espacio. También comparten la pertinencia de utilizar el sistema de sesiones mixtas, sin postergaciones. Es un punto que el sector más duro del bloque, referenciado en Fernando Iglesias, no comparte y reclama sesionar en forma presencial.
El texto que ingresó este jueves por la noche al recinto también podría sumar avales de los integrantes del bloque Córdoba Federal, con cuatro diputados que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti, dentro del interbloque de legisladores lavagnitas.
