La suba de los derechos de exportación a la soja a principios de marzo y el anuncio del proyecto de expropiación de Vicentin reavivaron la batalla entre ruralistas y el gobierno nacional de 2008. Como en aquella época la oposición, hoy aunada en Juntos por el Cambio, envió a sus tropas políticas a dar pelea junto al sector del campo. Esta vez, el terreno elegido fue el de la Justicia: legisladores y legisladoras que responden a Elisa Carrió y allegados pidieron abrir una investigación por la rotura de silobolsas, incendios y robos, crítica situación que no dudaron en vincular a cuestiones ideológicas. En el oficialismo se defendieron y recordaron la mesa de diálogo con los agropecuarios.
Trece dirigentes presentaron este miércoles la denuncia ante el Juzgado Federal 4, de la ciudad de Rosario. Requirieron que se abra una investigación ante la supuesta multiplicación de ataques vandálicos a la propiedad privada de productores. Días atrás, las y los legisladores confeccionaron un mapa donde pueden visualizarse las localidades más críticas y contabilizaron unos 60 incidentes a nivel nacional, con Buenos Aires y Santa Fe como las regiones más afectadas.
De acuerdo a la denuncia, a la que accedió Letra P, los diputados de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y Maricel Etchecoin Moro; los senadores Andrés de Leo, Carolina Tironi y Elisa Carca y los diputados nacionales María Lucila Lehmann, Pablo Torello, Mónica Frade, Rubén Manzi, Héctor Flores, Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Marcela Campagnoli pidieron que "se investigue la posible existencia de los delitos de incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita e instigación a cometer delitos, incentivada por personas o grupos que promueven ataques contra el agro en distintas provincias del país, que a su vez se fueron incrementando desde que el gobierno tomó la decisión de intervenir y expropiar la compañía Vicentin".
En este apartado, de acuerdo al escrito, remarcan que "estos ataques coinciden en varios casos con productores que han criticado públicamente y participado de jornadas de protestas contra las políticas que lleva adelante el gobierno nacional en perjuicio del sector agropecuario, o bien directamente contra dirigentes de entidades del sector agropecuario".
La lectura política de la presentación judicial de 15 fojas no hace más que poner fin a la cuarentena pacificada que intentó sobrellevar el oficialismo y la oposición con moderado éxito a lo largo de la crisis por la pandemia. El punto de conflicto volvió a ser el enfrentamiento entre las entidades rurales, algunos autoconvocados y la administración nacional, y los campos de batalla visibles, los banderazos que repicaron el tono y las consignas de 2008 e intentaron traer algo de la mística de la Resolución 125 de la que tanto se nutrió el macrismo.
Es la primera presentación en la justicia que contiene la agenda agropecuaria, pero no el único hecho político en el que se involucra la alianza que gobernó hasta el 10 de diciembre. De hecho, a las incitaciones a movilizar a través de las redes sociales y los medios de comunicación, tanto hacia el banderazo del 20 de junio como a los últimos tractorazos en el interior del país, se sumaron también declaraciones que no dudaron en apuntar contra el Gobierno. Incluso, en diálogo con este medio, Bugallo aseguró que hay una campaña de "desprestigio" contra el sector y advirtió que hay terratenientes bonaerenses que ya "piensan en armarse para cuidar la propiedad privada".
La respuesta por parte del oficialismo no tardó en llegar. El exintendente de San Antonio de Areco y senador provincial por el Frente de Todos recordó que el gobierno tiene "buen diálogo con el campo" y apartó de este último concepto a Vicentin y los grandes productores de soja. Además, le respondió a Bugallo al subrayar que "es delirante y temerario decir que hay productores que piensan armarse".
La intervención de Durañona pareció ser un anticipo y, tal vez, una suerte de síntesis del clima que se fue gestando en las horas posteriores y que derivaron en una solicitada que firmaron hoy 135 dirigentes de peso del peronismo contra la exgobernadora María Eugenia Vidal, a quien acusaron de poner palos en la rueda y operar contra el oficialismo a partir de una incitación a buscar el voto en medio de la crisis sanitaria.
El objetivo del comunicado también fue defender al gobierno de Axel Kicillof, una iniciativa que en paralelo también impulsó el grupo de los seis intendentes autodefinidos independientes. "El gobernador trabaja incansablemente para paliar esta crisis", señalaron Guillermo Britos (Chivilvoy), Arturo Rojas (Necochea), Cecilio Salazar (San Pedro), Carlos Sánchez (Tres Arroyos), Carlos Bevilacqua (Villarino) y Juan Miguel Nosetti (Saliqueló).
