El proyecto de expropiación de la agroexportadora Vicentín pondrá a prueba la capacidad del Frente de Todos para transformarlo en ley, especialmente en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con mayoría propia. Cuando el texto final ingrese al Senado, llevará la firma de la vicepresidenta del bloque, Anabel Fernández Sagasti. A pesar del rechazo opositor que ya anticipó Juntos por el Cambio, el oficialismo tiene la posibilidad de sortearlo en ese recinto: una zona de confort distinta al escenario que tendrá en Diputados, donde el bloque posee 119 voluntades. Sólo necesita diez legisladores adicionales para llegar a los 129 necesarios para el quórum y la Casa Rosada ya trabaja para reunirlos con gestos especialmente destinados a los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.
En esa ecuación, los cuatro diputados que responden al mandatario cordobés cobran una dimensión particular: podrían participar de la eventual sesión, intervenir con libertad de acción y reducir las necesidades del oficialismo para llegar a la preciada cifra para habilitar la sesión y la votación.
En un principio, para completar esa geografía, la atención estaba concentrada en los 19 miembros de los dos interbloques: los 11 que responden a los minibloques que se referencian en el exministro de Economía, Roberto Lavagna y en Schiaretti, reunidos en el interbloque Frederal, y los ocho que actúan bajo el paraguas del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que encabeza el mendocino José Luis Ramón.
Una parte del conglomerado lavagnista está detrás del proyecto que prepara el diputado santafesino y exministro Luis Contigiani, del monobloque del Frente Progresista Cívico y Social. El texto que presentará se opone a la estatización que plantea el Gobierno y explora una serie de alternativas que cuenta con el respaldo de Lavagna y de tres aliados: el monobloque del Partido Socialista, que protagoniza Enrique Estévez; el bloque Justicialista, que contiene a Eduardo Bucca y a Andrés Zottos; y el de Consenso Federal, integrado por Eduardo Sarghini, Graciela Camaño y Alejandro Rodríguez. Esos siete diputados avanzarían detrás del proyecto de Contigiani, pero todavía no hay señales concretas de que los cuatro que responden a Schiaretti, bajo el signo de Córdoba Federal, hagan lo mismo.
Se trata de las diputadas Alejandra Vigo y Claudia Márquez y sus compañeros de bancada Paulo Cassinerio y Carlos Gutiérrez. Este domingo los cuatro no asistieron a la reunión que realizó la Mesa de Enlace cordobesa en la localidad de Jesús María. Allí estuvo presente el titular del Interbloque de Cambiemos, Mario Negri, con el objetivo de reforzar el rechazo a la estatización de la firma, que afronta un concurso de acreedores con una deuda superior a los 1.350 millones de dólares.
Desde diciembre esas cuatros voluntades han cumplido con el compromiso de dar quórum a las iniciativas del oficialismo. El faltazo de este domingo al encuentro organizado para rechazar la estatización implica un gesto velado a favor de la iniciativa y movió el avispero del peronismo. En el interbloque sostuvieron que la reunión "se realizará esta semana" y no dieron precisiones si ese gesto será un respaldo afirmativo al proyecto de Contigiani, o si los cuatro diputados cordobeses darán quórum al texto del oficialismo con libertad de acción para votar entre el texto del Frente de Todos o el borrador del lavagnismo.
GESTOS DE LA ROSADA. Si Córdoba Federal aporta sus cuatro voluntades al quórum, el oficialismo sólo necesitaría que otros seis diputados estén presentes en la eventual sesión que trate la expropiación de la empresa.
La búsqueda de aliados incluso podría reducirse a tres, porque en el Frente de Todos confiaron a Letra P que podrían contar con la asistencia de la neuquina Alma Sapag, del monobloque del MPN, y de Nicolás del Caño, del monobloque PTS - Frente de Izquierda, junto a Romina del Plá, del monobloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Si esa hoja de ruta prospera, se reduce el peso relativo del lavagnismo en el debate sobre Vicentin y aumenta la gravitación de los ocho diputados que integran el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por Ramón. En esa escudería están los tres diputados del Frente de la Concordia Misionero: Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori.
Tal como contó este portal, los tres habían planteado sus desacuerdos con el Gobierno, no por la expropiación de Vicentin, sino por el incumplimiento de acuerdos políticos y asignación de cargos federales en esa provincia.
Pero las heridas de cordobeses y misioneros podrían haber encontrado una cura este martes, en manos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, con el otorgamiento de créditos preferenciales por 4.800 millones de pesos para Córdoba, 1.200 millones para Misiones, 4.600 millones para Santa Fe y 3.000 millones para Santa Cruz.
La distribución de fondos de emergencia responden a los reclamos que mantienen cada una de las cuatro provincias en medio de la pandemia. En ese coro, Schiaretti y Herrera Ahuad obtuvieron una señal a sus demandas y por ahora no hay certezas de que esos gestos suturen las diferencias, pero oxigenan las posibilidades de apoyo al proyecto oficialista de expropiación.
Ramón ya anticipó su apoyo, pero afronta una minicrisis en su partido local, Fuerza Protectora, con sus diputados y senadores provinciales que, desde Mendoza, avisan que no están de acuerdo. El mendocino ya tiene el apoyo de su par Pablo Ansaloni, del gremio UATRE, que este viernes se reunió con el titular del bloque del FdT, Máximo Kirchner. En ese espacio resta saber la posición de Beatriz Ávila, del monobloque "Partido por la Justicia Social" y de Antonio Carambia, que hasta diciembre integraron Cambiemos y responden al ex titular de la Cámara baja, Emilio Monzó.
