En la mañana del jueves 2 de agosto de 2018, la explosión de una garrafa zeppelin terminó con las vidas de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero de la Escuela N° 49 de Moreno, establecimiento que se erigió como un luctuoso símbolo de la desinversión estatal en infraestructura escolar y alumbró un cuadro edilicio del sistema educativo bonaerense tan alarmante como desatendido por la entonces gestión de María Eugenia Vidal. Cerca de cumplirse el segundo aniversario de esa tragedia, el gremio Suteba comienza a darle impulso a un proyecto de ley que apunta a definir recursos para infraestructura escolar.
“Se trata de ir saliendo de la urgencia y la emergencia, de lo que nos llevó a la desgracia con Sandra y Rubén, que fue una crónica anunciada. Por eso, el proyecto de ley tiene el nombre de ellos”, definió a Letra P Marisa Barromeres, delegada paritaria del Suteba y una de las promotoras de esta iniciativa que fue presentada días atrás en el Senado bonaerense por la legisladora del Frente de Todos referenciada en este gremio, María Raigada.
El objetivo es que los fondos para obras no dependan del humor político del gobierno de turno. En esa línea, Barromeres graficó, al posar la lupa sobre los cuatro años de vidalismo: “En 2015, el presupuesto educativo estaba pautado en 29,15% y terminamos en 2019 con el 23%, con una fuerte subejecución en infraestructura. De eso hay que salir”.
La iniciativa propone una norma que regule y financie no solo la construcción, refacción, mantenimiento y ampliación, sino, también, la dotación a cada escuela del mobiliario, conectividad y materiales pedagógicos. Todo, en un contexto donde “faltan aulas y, fundamentalmente, jardines de infantes”, recalcó la dirigente del Suteba.
El proyecto plantea un Coeficiente de Distribución Educativa Territorial que contempla: población en edad escolar, matrícula, cantidad de escuelas y población en edad escolar con necesidades básicas insatisfechas. Esas son las variables para establecer cuánto le tiene que llegar a cada distrito de los recursos que envía la Provincia mediante la Ley de Financiamiento Educativo nacional o de la propia recaudación provincial.
En lo que refiere a las fuentes de financiamiento, Barromeres detalló: “Hay algunas ideas con fondos propios, algunos específicos y otros generales para que se deriven a los municipios”. Así, expuso que la iniciativa propone “que un porcentaje de la explotación del juego en la provincia vaya a infraestructura escolar, una tiene que ver con los bingos y otra con la explotación y administración de las máquinas tragamonedas de casinos y salas de juego”.
Además del rol de la Provincia en este tema, se contempla una cadena de responsabilidades por los recursos que se van descentralizando en los territorios: de los municipios a los consejos escolares y, de ahí, a las escuelas, que manejarán un Fondo Escolar Básico. Aquí, se pone énfasis en que la comunidad educativa local sea la que fije las prioridades de obra.
En ese marco, para la planificación, diagnóstico y priorización, se pondera el rol de las Unidades Educativas de Gestión Distrital (UEGD), donde participan gremios, consejeros y las diversas autoridades educativas distritales, espacio que, según Suteba, “no se tuvo en cuenta” durante el vidalismo.
Cerca de 16,5 millones son los metros cuadrados de infraestructura escolar diseminados en las 14.435 unidades educativas emplazadas a lo largo y ancho del territorio provincial (5.570 localizadas en el conurbano y 8.875, en el interior provincial), que contienen más de 3,6 millones de alumnos. El foco crítico está en el conurbano, donde el promedio de alumnos por escuela (354) es casi el doble que en el interior (193).
Aunque vienen trabajando hace varios años una propuesta de estas características, en Suteba consideran que “es el momento” para impulsar la iniciativa. Saben que en el Senado la mayoría es de la oposición, pero marcan que la idea es “militar fuertemente" el proyecto y abrir un proceso de debate que incluya a las diferentes fuerzas. Por lo pronto, el texto se trabaja con la Unión de Consejos Escolares Justicialistas, pero pronto se distribuirá para su debate en todos los consejos. Se recalca que es una iniciativa perfectible, abierta a propuestas.
Por lo pronto, la gestión de Axel Kicillof continúa con el plan de obras en escuelas lanzado a principios de año, demorado por la pandemia. En Suteba señalaron que “hay avances” en ese punto. Mientras, en reuniones virtuales donde comenzaron a exponer el proyecto de ley “Sandra y Rubén” se recuerda que “en toda la campaña del gobernador se mencionó la necesidad de que las escuelas no tengan que pasar de nuevo por situaciones como la de Moreno”.
