Respaldaron y se hicieron eco en las redes sociales, pero los dirigentes de Juntos por el Cambio dicen que los cacerolazos en los balcones de algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y las protestas en las calles de Santa Fe por la expropiación de Vicentin fueron espontáneos. En ese sentido, admiten que son reclamos con distinto tinte político, pero con un objetivo común: "Ponerle un freno" al gobierno de Alberto Fernández y cuestionar el "avance" sobre la propiedad privada por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La intervención de Vicentin, como primer paso hacia la estatización por ley, cerró momentáneamente la grieta opositora y hermanó a halcones y palomas. Hay unanimidad para rechazar la proximidad del Estado en la regulación de la economía y el método elegido para el salvataje de la agroexportadora, cuyo principal acreedor es el Estado a través del Banco Nación producto de una serie de préstamos autorizados tanto por el kirchnerismo como por el gobierno de Mauricio Macri. La última administración de la entidad, en manos del radical Javier Gonzaléz Fraga, aprobó créditos cuando Vicentin ya estaba en cesación de pagos y al filo del recambio presidencial de 2019.
La jugada del Gobierno desató manifestaciones en las localidades de Reconquista y Avellaneda, ambas, conectadas social y económicamente con Vicentin. También, hubo un brote de protestas en la Ciudad de Buenos Aires por medio de cacerolazos en balcones a tono con el aislamiento obligatorio que rige en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cambiemos niega autoría, pero celebra las manifestaciones y las distingue: en la población urbana anida un sesgo antikirchnerista que es conocido en la Capital y poco tiene que ver con la realidad de Vicentin, mientras que en Santa Fe hubo una cuestión local.
En diálogo con Letra P, el diputado nacional y vicepresidente primero de la Cámara baja, Álvaro González, sostuvo que "la reacción de la gente es por el atropello del Gobierno". "Avanzaron con un decreto de nulidad insanable y la Argentina no tolera estas prácticas de autoritarismo", agregó.
"Si el Gobierno elige volver a la legalidad y respetar que había un proceso judicial en curso es otra cosa. Pero pasaron por encima de la Justicia", dijo el legislador PRO al ser consultado por la posibilidad de que la Casa Rosada desista de expropiar la compañía. "Y si dan marcha atrás es por la reacción de la gente", subrayó González y agregó que las protestas "están bien, porque la Argentina recuperó la absoluta libertad para expresarse" y el reclamo dejó en claro que "la forma en la que el Gobierno encaró el tema no es la mejor".
"Los cacerolazos de Buenos Aires y las protestas en Santa Fe le dijeron no a un esquema de gobierno. La gente no quiere esa visión de atropello al Estado, porque lo que mostró el Presidente con el DNU es un atropello", evaluó el diputado nacional por la UCR Ricardo Buryaile (Formosa).
"El Gobierno eligió pasar por arriba de un juez y, con un DNU, nombrar a un interventor. Produjo un avasallamiento sobre el Poder Judicial", recalcó ante Letra P. Consultado por la chance de que Fernández evita la expropiación, Buryaile opinó: "Me parece positivo que el Gobierno acepte que cometió un error y dé un paso atrás".
"El Gobierno debería volver hacia atrás y pedirle al juez que nombre interventor a Gabriel Delgado, que es un tipo capaz, honesto y de bien", concluyó.
Según la diputada nacional por el PRO Adriana Cáceres, la expropiación de Vicentin "es una medida ilegal e irresponsable" que muestra al Gobierno "atacando la división de poderes". "La pandemia no puede ser excusa para que toda medida gubernamental sea por DNU y se anulen el Congreso y la Justicia", agregó.
"La gente está cansada y se manifiesta porque claramente hay una avanzada del Gobierno contra la República y la democracia. Hay un hartazgo con estas prácticas que genera estas protestas", analizó Cáceres.
El diputado nacional por la Coalición Cívica Juan Manuel López cuestionó la intervención por DNU "porque implica que el Gobierno puede hacer lo que quiera con la propiedad privada". "Me preocupa y tampoco está claro qué busca el Gobierno con la expropiación", criticó.
"Las protestas me entusiasman, porque muestran una sociedad activa que marca el rumbo tanto al oficialismo como a la oposición. Al Gobierno le aclara que no puede hacer lo que quiere y a la oposición le exige que le ponga un freno al oficialismo", destacó.
"El Gobierno no tiene una estrategia para las empresas que hoy están concursadas por la pandemia. Tiene que haber un plan durante y pos pandemia. No es solo Vicentin. Si hay marcha atrás con la estatización, lo que tiene que haber es una estrategia en la que el Gobierno, especialistas y opositores piensen cómo ayudar a esas empresas", cerró López.
