"Me parece que hay gente que no te está cuidando", sentenció Elisa Carrió luego de unos minutos de conversación telefónica. El destinatario de esa presunción fue Horacio Rodríguez Larreta. La charla ocurrió hace diez días y en el medio de la semana trágica en la que el jefe de Gobierno cosechó un hat-trick de malas noticias: la compra de barbijos a un valor superior al mercado, el alquiler de hoteles para repatriados que involucraba a su media hermana y las multas para adultos mayores que salieran de su casa y violaran el aislamiento, que finalmente quedó en suspenso. Un combo que perforó el escudo protector del único sobreviviente PRO a las elecciones de 2019 y llamó la atención de la líder de la Coalición Cívica, que le adelantó que sus referentes en la Legislatura y la Auditoría General de la Ciudad (AGC) investigarán a fondo las contrataciones y compras aprobadas durante la emergencia sanitaria.
La orden de Carrió dejó una estela de cortocircuitos en ambos organismos públicos. El foco de la microguerra entre los aliados de Juntos por el Cambio fue en la AGC, donde los lilitos tuvieron un duro cruce con el PRO y el radicalismo porteño por un proyecto que pide auditar en tiempo real la gestión de compras de insumos durante la pandemia.
Cuando Rodríguez Larreta terminó la charla con Carrió, sintió que las explicaciones no habían sido suficientes para la chaqueña. Horas después hubo un pedido explícito: refugiada en su chacra de Capilla del Señor para cumplir la cuarentena, Carrió pidió la cabeza del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, a quien la Coalición Cívica tiene entre ceja y ceja desde hace meses. Por esas horas, Diego Santilli también intervino en el plan de contención. Entre ambos convencieron a Carrió de no desafectar al ministro coordinador y se acordó el desplazamiento de Nicolás Montovio, hasta el sábado 18 de abril subsecretario de administración del Ministerio de Salud y quien puso la firma para la compra de barbijos a Green Salud, propiedad de Ignacio Saénz Valiente, que también figuró en el listado de proveedores de hoteles.
Hubo un alto el fuego, pero el terreno de disputa pasó a la AGC cuando el lunes 27 de abril el auditor Juan Calandri (Coalición Cívica) avanzó con una iniciativa para auditar el minuto a minuto de las compras y contrataciones. Días antes, el bloque oficialista del organismo había acordado trabajar en alguna medida conjunta. La Coalición Cívica avanzó por su cuenta porque veía "parsimonia" en sus aliados y la UCR y el PRO le saltaron a la yugular, con cruces furiosos en el chat grupal de WhatsApp .
El PRO y el radicalismo sintieron la jugada de la Coalición Cívica como una "traición", sienten que quedaron "expuestos". Tanto el macrismo como la UCR están en contra de la iniciativa de la Coalición Cívica y plantearán su desacuerdo en la reunión del Colegio de Auditores de este miércoles, que tiene pronóstico de prórroga ante la falta de acuerdo.
El argumento del radicalismo y el PRO es que, como marca la ley 70, el organismo “audita ex pos”, por lo cual no se puede iniciar una auditoría sobre un evento coyuntural, sino que se debe cumplir a rajatabla el plan de auditoría sobre concesiones y habilitaciones diseñado durante los primeros días de 2020. Lo mismo sucedió, años atrás, con la investigación sobre la tragedia en la fiesta electrónica Time Warp.
Calandri jugó en espejo con el diputado Facundo Del Gaiso, que presentó un proyecto en la Legislatura para que la Auditoría pueda hacer informes especiales de coyuntura. Amparados en las leyes 325 y 70, los referentes porteños de Carrió consideran que el organismo autónomo está habilitado a de manera concomitante. Los lilitos apelaron a una jugada táctica: sabían que se venia el reproche de sus aliados de Vamos Juntos, pero siguieron el estilo Carrió de marcar la cancha y hacer oposición íntima.
Bajo esa lógica, las auditoras radicales María Raquel Herrero y Mariela Coletta propusieron adelantar el Plan de Auditoría para 2021 y formar una especie de equipo coordinador que empiece a sistematizar la información de la gestión pero sin comenzar la auditoría. ¿La razón? Entienden que, en el marco del aislamiento obligatorio, sería impracticable realizar el trabajo de campo en las oficinas gubernamentales. A diferencia de la Coalición Cívica, el radicalismo le adelantó la jugada al resto de los auditores para evitar controversias.
El auditor macrista Daniel Presti adelantó a sus compañeros que seguirá el reglamento y espera una definición del Ejecutivo, porque la Legislatura votará este jueves la creación de una comisión especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria. Ese cuerpo podrá solicitar a la AGC la realización de informes especiales sobre aquellos actos o contratos que considere. En tanto, el auditor macrista Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica durante los cuatros años de Mauricio Macri en la Casa Rosada, sigue al pie de la letra los informes que le giran sus asesoras Victoria Marcó y María Fernanda Inza, que lo ponen al corriente de la cotidianidad del organismo.
La oposición, encabezada por los dirigentes del Frente de Todos Mariana Gagliardi (presidenta de la AGC) y Lisandro Teszkiewicz mira azorada la interna oficialista. De hecho, la movida de Calandri sorprendió a los auditores opositores, que aún esperaban más información del gobierno para definir de qué manera avanzar y poner la lupa sobre las contrataciones de Rodríguez Larreta.
