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Las propuestas de Casación para erradicar el hacinamiento carcelario bonaerense

Desde el máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires elaboraron un informe en el que presentaron 11 ideas para comenzar a descomprimir las celdas policiales y penitenciarias.

Jueces del tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires emitieron un lapidario informe sobre el estado de hacinamiento carcelario que comprende tanto a personas detenidas bajo el régimen del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) como en dependencias policiales de la principal provincia en términos electorales y económicos del país. Luego de exponer una abrumadora cantidad de datos estadísticos en base a fuentes oficiales y de organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –ambas entidades especializadas en estudios de prisionalización de personas- los jueces que firmaron el informe propusieron una serie de 11 medidas para encontrar un principio de solución a uno de los problemas crónicos desde el regreso de la democracia en 1983 y que ningún gobierno provincial supo encontrar una solución de fondo.

 

Una de las lecturas políticas del informe demuestra el fracaso programado de la gestión de María Eugenia Vidal y sus ministros de Justicia, Gustavo Ferrari; y Seguridad, Cristian Ritondo, durante los cuatro años de gestión de Cambiemos. Ambos funcionarios faltaron a todas las citas judiciales para tratar el tema. A la luz de las encuestas electorales y del resultado de las primarias del 11 de agosto pasado, Vidal no tendrá otros cuatro años para revertir esta situación que nunca estuvo en su agenda de prioridades. Así lo demuestran las declaraciones que Ritondo dio en septiembre de 2018. La doctrina de “amontonados y no liberados” del jefe civil de la policía provincial ayudó a aumentar la sobrepoblación en calabozos policiales, así lo demuestran los hechos que encuentran su correlato en el informe de Casación.

 

“Prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados”, sostuvo entonces al ser consultado sobre la capacidad de las cárceles y comisarías para alojar presos en un contexto de creciente superpoblación. Dos meses después de esas declaraciones, que cosecharon cuestionamientos del ámbito político y judicial, un motín y posterior incendio en la comisaría 3º de Esteban Echeverría causó la mayor tragedia en calabozos policiales de la historia provincial.

 

 

Sin un plan concreto a pesar de los sistemáticos requerimientos judiciales y de organismos, Ritondo se enfocó en minimizar la problemática haciendo uso de la doctrina del mal menor: “Prefiero que en un lugar que tiene que haber 15 presos haya 30, pero que esos 15 no estén delinquiendo”, remarcó.

 

En la Provincia de Buenos Aires, sobre una base de 28 mil plazas disponibles se encuentran alojados en las cárceles bonaerenses 45 mil internos, siempre según el informe de Casación. Es decir existe una sobrepoblación de 17 mil personas en conflicto con la ley y la gobernadora Vidal, en sus cuatro años de mandato, no tuvo en su plan de gobierno la construcción de nuevas cárceles, más allá de algunas mejores parciales en los penales o alcaidías departamentales.

 

Pero esto ya es pasado. El informe judicial sirve como antesala de bienvenida a la nueva gestión que, según todas las encuestas, será responsabilidad del economista heterodoxo Axel Kicillof, quien tendrá la chace histórica de encauzar el dramático problema de las cárceles inhumanas que existen en el territorio provincial.

 

 

 

LAS PROPUESTAS. En el extenso y meduloso documento judicial al que tuvo acceso Letra P los jueces trazaron una cruda radiografía del estado de situación actual de las personas encarceladas. De las 11 medidas desarrolladas algunas parecen de rápida aplicación y otras están pensadas más en el mediano plazo. Además se dejó en claro que deben intervenir los tres poderes del Estado con ayuda de entidades no gubernamentales ligadas a una mirada menos dura de derecho penal.

 

Desalojo inmediato de personas alojadas en Comisarías clausuradas y prohibición rehabilitación: Pese a la inhabilitación de dependencias policiales, ya sea por orden judicial o resolución ministerial, persiste el alojamiento de detenidos en espacios que no son idóneos a tal fin. Las condiciones de detención es estos espacios no pueden tolerarse por su gravedad y merecen soluciones concretas y urgentes.

 

Implementación de un Protocolo de Actuación para el alojamiento de personas privadas de su libertad. Alojamiento en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esta medida es complementaria de la anterior. Luego de trazar una radiografía del estado actual de detenidos en comisarías los magistrados entendieron que se debe crear “un protocolo de actuación que establezca de forma clara el momento en que cada una de las agencias estatales dependientes del Poder Ejecutivo con incumbencia en la materia deben alojar personas privadas de su libertad, propiciándose de esa forma la eliminación de márgenes de discrecionalidad que impacten en los niveles que se verifican en la situación actual”.

 

 

 

Propiciar que el Ministerio Público Provincial, en el marco de sus atribuciones legales, evalúe el empleo de los criterios relativos a la coerción personal, considerando la realidad descripta. En este punto se aconseja a fiscales y jueces de Cámara de Apelaciones para que se revea en cada recurso la necesidad de mantener la medida de privación de la libertad.

 

Reforzar el uso racional de la prisión preventiva. Los magistrados de Casación consideraron “necesario” revitalizar “el uso de medidas alternativas o incluso morigeradoras de la prisión preventiva, las que además no deben necesariamente otorgarse bajo el sistema de monitoreo electrónico, pues existen varias modalidades de control que válidamente pueden ser utilizadas, según el caso concreto, para atender al fin de vigilancia”.

 

Externación seleccionada de detenidos en el ámbito del Servicio Penitenciario. “Si se pretendiera disminuir seriamente la superpoblación carcelaria con relativa inmediatez, no podría prescindirse de una externación seleccionada de presos, bajo determinada condiciones.”

 

Alojamiento en Unidades Penitenciarias de otras provincias. “Otra variante consistiría en determinar el universo de la población carcelaria que no recibe visitas, a partir de allí y con la anuencia de los interesados, propiciar su alojamiento en unidades penitenciarias de otras provincias, previa celebración de los convenios correspondientes.”

 

Puesta en marcha de mecanismos de la Ley de Ejecución Penal (12256). El objetivo central (no el único) de este punto es “fortalecer la bilateralidad y la contradicción en la etapa de ejecución, agilizando las decisiones del fuero”.

 

 

 

Sanción de una ley de cupo carcelario. Tras mencionar a los proyectos de este tipo que están en debate tanto en el ámbito nacional como provincial, y diferencias los conceptos de “cupo” y “plaza disponible” los jueces concluyeron que “es necesario prever un mecanismo que asegure una inmediata respuesta estatal, sin necesidad –al menos inicialmente- de requerir la tutela judicial, aun cuando es claro que esta propuesta tiene sentido de aplicación una vez regularizada la situación en las unidades”.

 

Análisis de conmutación de condenas y alternativas a la pena de encierro. Sin dudas una de las medidas que más polémica puede generar, pero no sería de aplicación universal, ya que se deberán cumplir con ciertos requisitos estrictos y no es para toda la población carcelaria. En el caso de los varones es para mayores de 60 años de edad y que tengan al menos la mitad de la pena cumplida. En el caso de las mujeres se priorizará a las que son madres de menores de cinco años de edad con la mitad de la pena cumplida.

 

Fortalecer el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. “El Estado interviene en la prevención del delito, promoviendo por medio del Patronato de Liberados, la creación de políticas públicas que den respuesta a las problemática que presenta el grupo poblacional supervisado”, es decir las personas privadas de su libertad. “Para ello es necesario esbozar lineamientos que tiendan a una tarea preventiva eficaz, disminuyendo los índices de reiterancia y reincidencia delictiva de manera efectiva”.

 

Creación de un comité de seguimiento. No tas las propuestas fueron realizadas para el Poder Ejecutivo. En el último ítem del informe se le solicita a la Suprema Corte de Justicia provincial “la creación de un comité de seguimiento multisectorial, integrado por entes estatales y no gubernamentales con incumbencia en la materia, encargada de la elaboración y presentación de informes sobre el estado de avance de las propuestas implementadas y sobre el estado de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en unidades penitenciarias, alcaidías y dependencias policiales”. Aquí se sugiere la participación del CELS, la CPM y la Asociación Pensamiento Penal (APP) entidades con experiencia en el tema y con una mirada de las áreas de justicia y seguridad menos punitivista y encarceladora como la que expresa el oficialismo gobernante.

 

El documento judicial lleva la firma de los jueces Fernando Mancini, Víctor Violini, Carlos Natiello, Daniel Carral, Ricardo Maidana, María Florencia Budiño y Mario Kohan.

 

 

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