Hasta hace apenas unos días, los gremios estatales y los funcionarios de Gobierno daban por hecho que, más allá de la pandemia, la negociación paritaria de los trabajadores del Estado se iba a mantener al menos en lo formal. En las últimas horas, el panorama cambió radicalmente, al punto de que, con el mes de mayo llegando al final, no hay una convocatoria oficial para iniciar el ritual del tire y afloje.
¿Qué cambió? A la incertidumbre fiscal y la falta de presupuesto, que esperaba resolverse con un acuerdo con los acreedores externos que no llega, se sumó el impacto todavía impreciso de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.
En la Secretaría de Gestión Pública, el ámbito que, junto con el Ministerio de Trabajo, lleva adelante los contactos y las negociaciones con ATE y UPCN, el clima se enrareció en la última semana y reconocen que las negociaciones vienen demoradas. "Son momentos excepcionales en los que es muy difícil tener un horizonte fiscal sobre el cual trabajar", advierten.
Los problemas macro chocan de frente con las expectativas de recomposición que alimentó entre los estatales la llegada del peronismo a la Casa Rosada. Durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, el sector vio reducido su salario real un 35%, según datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, y ve alejarse la posibilidad de una recomposición inmediata. Al menos, así lo insinúan desde el Ejecutivo.
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La realidad es que la instancia de negociación también es el ámbito en el que los gremios buscan que se materialice el reconocimiento público que el propio presidente Alberto Fernández hizo en reiteradas oportunidades sobre el trabajo de los estatales durante la crisis sanitaria. Por eso, un eventual aplazamiento de la paritaria provocaría fricciones con uno de los actores fundamentales para sostener la actividad pública en la crisis.
A contramano de las expresiones que hablan de un Estado paralizado, los números oficiales muestran que, durante los meses del aislamientos social preventivo y obligatorio, al menos en términos administrativos, hubo más actividad pública que el año pasado. A modo de ejemplo, el registro de tramitación de expedientes a través del sistema de Gestión Digital (GDE) durante los meses que lleva la cuarentena aumentó considerablemente respecto del 2019.
Desde hace varias semanas, los dos sindicatos mayoritarios mantienen un contacto diario con Ana Castellani, la titular de Gestión Pública, y con Claudio Moroni, el jefe de la cartera laboral, que en los últimos días oficio de mensajero de las malas nuevas a los gremios que llevaron reclamos con matices internos.
Como adelantó Letra P, el gremio que conduce Andrés Rodríguez rechaza la posibilidad, ahora incierta, de que un eventual aumento volviera a ser a través de una suma fija para todos las categorías por igual y reclama que, a tono con una base anclada en los cargos jerárquicos del Estado, se volviera al incremento por porcentaje para no continuar aplanando el escalafón de carrera.
Por el contrario, en ATE consideran prioritario cerrar el acuerdo salarial de 2019 y plantean la necesidad de inyectar recursos en los sectores de más bajos salarios de la función pública, muchos de ellos con ingresos por debajo de la línea de pobreza. A eso sumaría el pase a planta de trabajadores todavía tercerizados, la formalización del cupo para personas trans en el empleo público y la habilitación de protocolos por violencia de género.
Antes del parate, en el Gobierno se estimaba una propuesta intermedia: un aumento por porcentajes, escalonado y progresivos, que sería mayor para las categorías más bajas y se iría reduciendo mientras sube en el escalafón. Y, por supuesto, se pagaría en varias cuotas. Todo eso quedó ahora en suspenso.
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El congelamiento de cualquier recomposición amenaza con ir más allá de las fronteras de los trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público.
Según pudo saber este medio, en al menos dos agencias del Estado, las autoridades dieron señales, en un caso explícitas y en otro solapadas, de que el horizonte de recomposición no es cercano.
El primer caso corresponde a la Agencia Télam, donde las autoridades les anticiparon a los sindicatos de la empresa que, pese al congelamiento salarial que se arrastra desde 2018, no está contemplado un aumento de salarios en el corto plazo.
El otro ejemplo ejemplo es la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde hasta el momento la AEFIP, el gremio mayoritario que conduce Pablo Flores, mantiene una fría calma de espera para reunirse con Mercedes Marcó del Pont.
La preocupación sindical en este caso es doble. Por un lado, la caída de la recaudación impacta directamente en los salarios de los trabajadores de esa agencia y, al mismo tiempo, por el manejo discrecional que hizo la dirección del organismo del Fondo de Jerarquización, un instrumento para calificar y "premiar" a los empleados según su rendimiento.