Las negociaciones paritarias de los trabajadores de la Función Pública Nacional se va a mantener según el cronograma establecido. Esa fue la definición que tomó el Gobierno en las últimas horas, en paralelo al anuncio de medidas para garantizar el pago de salarios en el sector privado.
Las gestiones para iniciar las negociaciones están encabezadas por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, que ya tuvo una ronda de consultas con las cúpulas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los dos gremios que representan a los empleados públicos.
La definición oficial de mantener los plazos de discusión salarial disipa los fantasmas sobre eventuales recortes o congelamientos en momentos en los que la crisis económica castiga de lleno al sector privado y apura la reducción de sueldos en media docena de actividades. Además, da por concluido, en el último sector que podía sostenerse, el experimento gubernamental que le pedía a los gremios postergar las paritarias para ordenar una economía que ya no existe.
Los sindicatos, que agrupan a unos 120 mil trabajadores, ya acercaron propuestas y demandas con la mira puesta en la segunda quincena de mayo, cuando se estima que se concretará el primer encuentro.
El contraste ya se venía expresando cuando se resolvió el pago de bonos extraordinarios a dos servicios públicos esenciales. Los trabajadores del Estado de sectores sanitarios y los integrantes de las fuerzas de seguridad recibieron refuerzos de 20.000 y 5.000 pesos respectivamente para reforzar sus tares durante la crisis.
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Ahora, se espera que, antes de la apertura de la paritaria 2020/21, se cierre la negociación del año pasado con el anuncio de un pago excepcional para las categorías más bajas del escalafón del Sistema Nacional de Empleo Público.
En las oficinas de la Secretaría de Gestión Pública evalúan otorgar, a modo de cierre del acuerdo 2019/20, un nuevo bono extraordinario, similar al otorgado a principios de años que se pagó en dos cuotas. La diferencia es que, esta vez, sólo alcanzaría a los salarios más bajos, comprendidos en las categorías E y F.
Durante las primeras conversaciones, los gremios pidieron que ese pago se equipare al Ingreso Familiar de Emergencia, que asciende a los 10.000 pesos, pero en el Gobierno hablan de un monto menor, más cercano a los 5.000 pesos.
De lo que aún no hay definiciones es sobre cuál será el mecanismo de aumento salarial. ATE y UPCN reclaman mantener el esquema de incrementos porcentuales y descartar las sumas fijas como herramienta de recomposición o, a lo sumo, restringirla a las instancias de actualización.
El Ejecutivo hará valer la decisión política de no afectar ninguno de los items salariales durante el tiempo que lleva vigente la licencia por coronavirus, como las horas extras y el presentismo, pero también pondrá arriba de la mesa una propuesta que sabe que es valorada por los gremios: la efectivización de miles de trabajadores que permanecen con contratos eventuales, lo que les permitiría acceder a beneficios y condiciones que mejoran considerablemente los ingresos.
La inminente convocatoria formal a los gremios, una buena noticia en el frágil panorama económico general, viene acompañada, sin embargo, por advertencias sobre los alcances limitados que tendrá le negociación.
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"Entendemos que el sector fue uno de los más afectados durante los últimos años, pero no hay manera de recuperar lo perdido en una sola negociación", anticipan voceros del Gobierno y proyectan un horizonte progresivo de recuperación del poder adquisitivo.
Sin dejar de reconocer que hasta los salarios más altos de los trabajadores, que rondan los 60.000 pesos, están depreciados, destacan las condiciones diferenciales que hay respecto del sector privado.
"El escenario cambió y habrá que poner sobre la mesa las ventajas que hoy tiene el sector público. Mantener la estabilidad salarial y el empleo estatal son definiciones que vamos a sostener y hay que verlas en perspectiva respecto de lo que sucede en el sector privado", señalan.