Doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología Económica e investigadora del Conicet, entre otros títulos acumulados, Ana Castellani desembarcó desde la academia por primera vez en el Estado en diciembre de 2019, de la mano del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien la nombró secretaria de Gestión y Empleo Público cuando el coronavirus todavía no aparecía en el horizonte para combinarse con la crisis económica que arrastraba el país.
Cafiero le pidió, entonces, que trabajara para "revalorizar el rol del empleado público y ponerlo al servicio de la ciudadanía" y "para construir capacidades que pusieran al Estado al servicio del desarrollo nacional". Castellani recién se acomodaba en su sillón de funcionaria cuando estalló la pandemia, que alteró de manera imprevisible y singular el curso de la historia en el país y en el mundo. De la noche a la mañana, como el resto de la sociedad, la administración del Estado entró en cuarentena.
"La pandemia nos desafía en todos los sentidos. Somos un gobierno de coalición, que recién asume y al que le toca gestionar esto, sin ningún antecedente del cual agarrarse. Es todo innovación", explica Castellani, que rescata la reacción del Estado, "aún con todas sus dificultades", frente al coronavirus.
BIO. Nació el 11 de noviembre de 1969. Doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología Económica (Idaes-Unsam), licenciada y profesora en Sociología (UBA) e investigadora del Conicet especializada en el estudio sobre la relación entre el Estado y las elites económicas argentinas. Docente de grado y posgrado. Por invitación de Santiago Cafiero, Matías Kulfas y Cecilia Todesca, en 2018 empezó a participar de las reuniones del Grupo Callao, donde conoció a Alberto Fernández. En diciembre de 2019, fue nombrada al frente de la Secretaria de Empleo y Gestión Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete.
Castellani, con Cafiero y el Presidente, durante las reuniones del Grupo Callao.
-¿Cómo impacta la cuarentena en la gestión del Estado?
-La Secretaría se encarga de pensar el empleo público y la función pública. Durante la gestión de Cambiemos, hubo un cambio de paradigma muy fuerte sobre ambas cosas, sobre el Estado y su relevancia, con un sesgo muy negativo sobre el empleo público. El empleado público quedaba bajo sospecha como ineficiente, vago, militante y se ocultaban las capacidades construida que tiene el Estado, que son muchas. Es cierto que también son poco visibles, porque la cara visible del Estado son algunas ventanillas críticas, que tienen que ver con los trámites que hace la ciudadanía. Algunas funcionan mejor y otras, peor. Entonces, nosotros veníamos trabajando sobre el paradigma del empleo público y el rol del Estado, y de golpe, mientras tratábamos de diseñar políticas que revirtieran esa idea, cayó una situación tan excepcional que, por un lado, nos desafía en términos de crisis, pero también da oportunidad de visibilizar algunas ideas de manera concreta.
-¿Por ejemplo?
-Había una discusión sobre el Estado, cuán grande, cuán chico, cuán eficiente debe ser. Hoy no hay discusión sobre el rol. Queda claro que hay que tener un Estado de actúe rápido, de manera eficiente y eficaz.
-Hubo cuestionamientos sobre el Estado en emergencia y si es "bobo", como lo definió Carlos Pagni en La Nación. ¿Cuál es su mirada?
-Con todas sus dificultades, el Estado se movió bastante rápido. No niego que haya muchas dificultades, pero también es cierto que se logró diseñar una política de ingresos (el Ingreso Familiar de Emergencia) en diez días, cuya implementación es compleja, porque pretende alcanzar, y ya hay inscriptas, ocho millones de personas. Se pudo diseñar esa política en un tiempo relativamente corto y eso no lo hace cualquier país. Es un enorme desafío y se ven las dificultades porque, obviamente, no somos el estado sueco.
-La administración pública fue una de las primeras en implementar el teletrabajo. ¿Qué cosas detectó? ¿Algo de eso podría mantenerse?
-Antes de la pandemia veníamos dialogando con los gremios sobre el teletrabajo. Pensábamos qué actividades se podían hacer desde la casa, cómo flexibilizar en algunos sectores.
-¿Por qué era un tema previo?
-El tema de las nuevas formas de trabajo siempre está dando vueltas. Hay casos en los que no se puede y otros en los que podría hacerse. Esto también tiene un beneficio generalizado, que es disminuir la cantidad de gente en el transporte. Cuando empezamos con lo del aislamiento, tuve que llamar a todos los responsables de recursos humanos para pedirles que por favor mandaran a la gente a la casa. Había algo de resistencia en implementarlo. Se veía como que era una ventaja trabajar en la casa.
"El teletrabajo se veía como una ventaja. Hay que desterrar la idea de que los empleados están en su casa mirando el techo."
-¿Cuántos empleados están haciendo teletrabajo?
-En todo el Estado nacional, en el sector público -sin incluir empresas públicas o de mayoría estatal-, hay 400 mil personas: 200 mil son personal civil y otras 200 mil, fuerzas de seguridad o armadas. De todo el personal civil, el 15% está trabajando de forma presencial, el 15% está de licencia (por enfermedad, grupos de riesgo o cuidado de niños) y el 70% está trabajando en la casa. Para ver qué pasa, si la gente trabaja o no en su casa, utilizamos el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
-¿Y qué resultados encuentran?
-Esa gestión de expedientes está incluso un 15,6% por encima que la de marzo del año pasado y un 33,7%, en abril. O sea, no se paró la administración pública. Es obvio que hoy tenés que hacer muchas más cosas que en cualquier marzo o abril de la historia por la cantidad de normas que salen. Pero se ve esto. Hay que desterrar la idea de que los empleados están en su casa mirando el techo.
La Gestión Documental Electrónica, que introdujo el gobierno anterior, es muy valiosa. Más allá de las dificultades del sistema, sirvió la idea de eliminar el papel y no se puede volver más. El expediente electrónico facilitó las tareas.
-Por lo que dice, se trabaja incluso más.
-Nos encontramos con muchos déficit. Por ejemplo, no teníamos un registro de los recursos que tienen los empleados, sobre todo tecnológicos. La GDE, que introdujo el gobierno anterior, es muy valiosa. Más allá de las dificultades del sistema, sirvió la idea de eliminar el papel y no se puede volver más. El expediente electrónico facilitó las tareas. Pero también vemos que los expedientes se tramitan tanto en días hábiles como no hábiles.
-¿Por el teletrabajo?
-Claro. El teletrabajo es como un no tiempo, las personas tal vez no se organizan adecuadamente, la demanda es constante y la idea de que uno está en la casa da la sensación de que puede trabajar en cualquier horario. Por eso, sacamos un conjunto de recomendaciones para organizarse, armar rutinas, hacer pausas para el descanso, intercalar con otras actividades y también no distraerse tanto.
-¿Se vienen cambios en el sistema de compras del Estado tras la denuncia por sobreprecios en Desarrollo Social?
-La cartelización de proveedores es un fenómeno de larga data. La obra pública es como la estrella, pero en todos lados aparece. Siempre hubo conflictos de intereses entre funcionarios de segundas líneas y empresas distribuidoras que se crean ad hoc para atender demandas del Estado. En algunos gobiernos más que en otros, por cierto. Pero cuando se declaró este estado de emergencia y se habilitaron las compras directas -está claro que es una situación excepcional que no puede esperar los procesos licitatorios establecidos-, empezamos a trabajar desde la Subsecretaría (de Fortalecimiento Institucional) con la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación para establecer una mesa de intervención y monitoreo de las contrataciones del Estado. Estábamos armando ese proyecto y a los pocos días estalló el caso de Desarrollo Social. Eso nos llevó a acelerar los tiempos. La decisión administrativa del jefe de Gabinete que pone esto en funcionamiento ya está en Legal y Técnica, a punto de salir.