11|9|2022

Excarcelaciones: Conte Grand profundiza la grieta con la Corte y apuntó a jueces

30 de abril de 2020

30 de abril de 2020

El jefe de los fiscales cargó contra los magistrados por la concesión de morigeraciones. Afirmó que "jamás" escuchó sobre un plan para liberar detenidos como el denunciado por parte de la oposición.

“Las decisiones sobre las excarcelaciones u otros beneficios a los detenidos no las toman los defensores ni los fiscales, las toman los jueces”. Una vez más, el procurador general de la provincia de Buenos Aires, el vidalista Julio Marcelo Conte Grand, intentó desmarcarse de la situación de hacinamiento carcelario y apuntó a los jueces provinciales por el dictado de excarcelaciones o arrestos domiciliarios en el marco de la pandemia.

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La polémica generada luego de dos resoluciones dictadas por el Tribunal de Casación bonaerense que dipone liberar a personas privadas de su libertad que forman parte de grupos de riesgo ante el Covid-19, volvió a poner en el centro de la escena un problema crónico que excede a la pandemia: la crisis de hacinamiento en las cárceles. En tanto, las morigeraciones otorgadas están en línea con lo dispuesto por la Suprema Corte bonaerense a fines de diciembre de 2019 (antes de la declaración de pandemia) como con las resoluciones dictadas por la cima del Poder Judicial durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.

 

 

Un informe del gobierno que encabeza Axel Kicillof asegura que “el gobierno de María Eugenia Vidal dejó una bomba en las cárceles” al sostener que “en cuatro años encarceló 13.000 personas, la mayoría de ellas por narcomenudeo, sin que construyera ninguna infraestructura para alojar a esos nuevos presos y presas”.

 

En declaraciones radiales, Conte Grand detalló que, de acuerdo al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), había unos 2.300 presos que integran el universo de riesgo, “de los cuales 50 por ciento no podía beneficiarse con esta alternativa procesal porque estaba detenido por delitos graves”.

 

 

 

“Desde el 16 de marzo hasta hace dos días, se presentaron 2.900 pedidos de excarcelaciones, de los cuales 1.200 deben integrar el universo de riesgo. En nuestra opinión, de esos 1.200, aproximadamente 800 han sido externados”, indicó.

 

El procurador consideró, asimismo, que “al término de la pandemia, habrá que hacer una evaluación y una cantidad significativa deberá volver a la cárcel”.

 

Además, en la entrevista que concedió este jueves, Conte Grand reclamó “abandonar estos mecanismos por los cuales se toman decisiones unipersonales en tribunales colegiados y volver a los mecanismos de la colegiación en términos de decisión y a las tres instancias penales que tiene la provincia: jueces de primera instancia, Cámara y Casación”.

 

 

 

Sin embargo, reflexionó que desde la Procuración se enfrentan “con este tipo de dificultades desde hace tiempo y no sólo en la emergencia”, porque “efectivamente hay desvíos en la justicia respecto de la concesión de las domiciliaras”.

 

Cuando se le preguntó a qué responden esos “desvíos” a los que hacía referencia, reconoció que puede deberse “tanto a cuestiones ideológicas como a casos relacionados con la corrupción” y precisó que, desde la Procuración, se impulsaron muchas investigaciones en los últimos años para “neutralizar” esas situaciones.

 

El funcionario afirmó que en los encuentros interinstitucionales que mantiene con representantes del gobierno provincial para abordar la problemática del hacinamiento carcelario “jamás” se planteó la existencia de un plan para liberar presos masivamente, como se cuestionó desde la oposición.

 

 

 

En declaraciones a radio La Red, el funcionario analizó que en las mesas de diálogo convocadas desde diciembre por el ministro de Justicia provincial, Julio Alak, para abordar la problemática de la superpoblación carcelaria “jamas escuché de la existencia de un plan de estas características”.

 

Además, aclaró que “las decisiones sobre las excarcelaciones u otros beneficios a los detenidos no las toman ni los defensores, ni los fiscales, sino los jueces”, en un claro intento de depositar toda la responsabilidad en la Corte provincial.