La cocina de las medidas de emergencias para enfrentar el brote de coronavirus le permitió a Alberto Fernández disipar los primeros rastros de desgaste en la relación con la Confederación General del Trabajo (CGT), no sin antes haber transitado nuevas tensiones. El incipiente malestar sindical con el Gobierno nacional, expresado en la reunión de mesa chica de la central la semana pasada, se había profundizado con las primeras reacciones del Ejecutivo ante la crisis.
La conformación del Comité de Expertos para afrontar la crisis excluyó a los gremios que, además de representar a los trabajadores de los distintos sectores involucrados en el eventual operativo, administran las obras sociales, las prestadoras de salud más importantes del país. De hecho, uno de los puntos más calientes de la reunión de jefes sindicales que sesionó el lunes pasado en UPCN fue la paralización de los reembolsos de recursos que debe hacer el Gobierno a las obras sociales, que obliga a los sindicatos a fondearla para evitar la quiebra.
El recalentamiento de la relación Gobierno-sindicatos no impidió un nuevo gesto de respaldo por parte de los gremialistas, que anunciaron que ponían a disposición los hoteles sindicales y las clínicas de sus obras sociales para incorporarlas al dispositivo de emergencia. Más allá de que en la cúpula de la central consideraron “una decisión acertada” la suspensión de clases, la restricción de la circulación y el cierre de fronteras -básicamente porque no implicó “parar todo el país, algo así nos fundiría”, aseguró un líder gremial-, en las horas previas al anuncio el Gobierno debió enfrentar el poder de los gremios docentes y de las autoridades de las universidades.
Antes de que hubiera una decisión sobre la continuidad o no de las clases, diferentes universidades provinciales e incluso facultades de la UBA anunciaron de manera unilateral el cierre de los centros educativos. La situación se agravó cuando Alberto Barbieri, el rector de la UBA, le anticipó el viernes al ministro de Educación, Nicolás Trotta, que iba a disponer de un cierre total de la universidad, antes de la resolución oficial. La autoridad universitaria fue abordada entonces por la Jefatura de Gabinete que no consiguió frenar la decisión, pero sí matizarla para que la suspensión se convirtiera en una sugerencia a los decanos.
Detrás del movimiento de Barbieri no estaban las autoridades académicas, sino el gremio de no docentes que le había advertido que no iban a prestarse a trabajar en condiciones de insalubridad, ya regulares en las facultades de UBA, que consideran peligrosas en el marco de la epidemia. No fue ese, sin embargo, el único empuje gremial para suspender las clases.
El viernes por la tarde, en el Palacio Pizzurno, Trotta convocó a la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y al resto de los gremios docentes para analizar la situación. Los gestos ya de por sí fueron alarmantes. CTERA no envió a ninguno de sus principales dirigentes y estuvo representada por Eduardo Pereyra, el secretario de Relaciones Internacionales.
En ese marco, los dirigentes docentes aseguran que en el encuentro anticiparon la demanda de una suspensión de clases, pese al desacuerdo oficial. Finalmente, el sábado, un día antes de la conferencia de prensa presidencial, la organización que conduce Sonia Alesso emitió una comunicación instando al Ejecutivo a suspender “la interrupción temporaria de las clases hasta tanto estas medidas estén garantizadas en todos los establecimientos educativos de nuestro país”.
Cuando los pronósticos críticos se empezaban a confirmar y se acrecentaba el aumento de contagios, el presidente hizo más fluido el diálogo con Héctor Daer, que no se detuvo a lo largo del fin de semana. Además de la relación personal entre ambos y de su rol como co-secretario general de la CGT, Daer conduce el gremio de Sanidad, un sector clave para afrontar la pandemia de coronavirus, que, como si fuera poco, llega con una paritaria a la baja casi 20 puntos detrás de la inflación de 2019. En esos diálogos, se desarmó una protesta inminente de los trabajadores de clínicas y hospitales que apuró el reclamo patronal de subsidios a sector.
Nuevamente como interlocutor privilegiado, Daer recalcó durante todo el fin de semana “hemos hablado con las máximas autoridades del país para coordinar tareas en conjunto de todo el sistema de salud y las obras sociales, y así responder a las necesidades de la sociedad ante la pandemia del coronavirus”. “Es importante que organizaciones sindicales y Estado trabajemos en conjunto para proteger a nuestra sociedad en este momento crítico. Tenemos la capacidad para contener y enfrentar la pandemia del coronavirus, pero sólo podemos hacerlo unidxs y con suma responsabilidad”.
El líder de CGT también llevó la preocupación sobre cómo se va a afrontar el impacto en los comercios de la previsible caída en las ventas que va a generar la restricción a la circulación, un tema que se seguirá analizando durante los primeros días de la semana con la intención de evitar cualquier posibilidad de que la eventual parálisis redunde en despidos en el sector mercantil. Incluso, se evalúa la posibilidad de que se lancen líneas de créditos blandos para sostener al sector.
Los gremios del transporte, por su parte, fueron los primeros incorporados al dispositivo de emergencia. A través de una resolución interna, el ministro del área Mario Meoni ordenó crear tres comités de emergencia, uno ferroviario, uno de transporte automor y el restante pluvial. Hasta el momento, esos ámbitos definieron exclusivamente el refuerzo en las medidas de higiene y control del transporte, pero se espera que sean los que definan y acuerden una eventual reducción de los servicios en el afán por limitar la circulación de personas. Entre el lunes y el miércoles, cuando se reúnan los comités, habrá definiciones al respecto.
