La crisis ya agrieta la relación del Gobierno con el sindicalismo

Las críticas fueron vertidas este lunes en la sede de UPCN, donde se congregó la plana mayor de la CGT en la primera cita del año. Fue una reunión extensa en la que se analizaron los primeros mese del gobierno de Alberto Fernández. Lejos aún de una ruptura abierta, hubo críticas duras por lo que consideran una falta de reconocimiento oficial al compromiso y a los gestos brindados por el sector sindical para garantizar la gobernabilidad.

"Aceptamos un aumento de suma fija, aún a riesgo del achatamiento de la base salarial de diferentes gremios, y recibimos pedidos de moderación para la discusión paritaria", apuntó un alto dirigente de la CGT que cuestionó que, como contracara, "no se aplica ninguna media de control de precios a pesar de que la inflación continúa siendo alta con un dólar congelado".

Con las definición sobre cuál será la pauta salarial aceptable para el Ejecutivo sometida a la resolución del acuerdo con los acreedores externos, el propio cosecretario general de la CGT y uno de los principales interlocutores con Fernández, Héctor Daer, reconoció que, si no existiera la situación de emergencia sanitaria actual desatada por el brote de dengue y coronavirus, los trabajadores de los hospitales muy probablemente estarían realizando medidas de fuerza por sus condiciones laborales.

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La trascendencia de la reunión quedó en evidencia con la concurrencia de dirigentes que suelen participar de las reuniones de la llamada "mesa chica" de la central. Uno de ellos fue el judicial Julio Piumato, representante de un sector sacudido por el proyecto de reforma de jubilaciones. Piumato encontró eco de los representantes de los gremios del transporte, básicamente de los ferroviarios Omar Maturano y Sergio Sasia, pero también del portuario Juan Carlos Schmid, en sus planteos críticos a la inclusión de los empleados en la reforma previsional de funcionarios de la justicia.

Los transportistas se solidarizaron, a sabiendas de que ellos también gozan de regímenes diferenciales que podrían estar en la mira del Ejecutivo nacional.

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El impacto de la paralización de la obra pública sobre el sector de la construcción también fue puesto sobre la mesa. Con los números del empleo en rojo, la UOCRA, que dirige Gerardo Martínez, no logra trabar una interlocución fluida para saber cuáles son los planes hacia adelante en los ministerios de Obras Públicas, que conduce Gabriel Katopodis, y de Vivienda y Habitat, en manos de María Eugenia Bielsa.

A eso se suma la decisión de funcionarios de primera línea de no incorporar a la gestión de técnicos y cuadros de segundas líneas de UPCN en diferentes ministerios. Por ello, Martínez y Andrés Rodríguez fueron las voces destacadas de la preocupación gremial.

SEGUNDO PRIMER ROUND. En rigor, la segunda reunión fue previa a la cumbre cegeteista y ocurrió en otra sede sindical. La semana pasada, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se reunió por primera vez con la cúpula nacional de la CTA.

La reunión, encabezada por Hugo Yasky, fue calificada como "regular" por un sindicalista que estuvo presente, que cuestionó que, más allá del gesto de Moroni de concurrir a la sede gremial de San Telmo, el ministro estuvo solo, sin los funcionarios que deberían darles continuidad a los asuntos planteados, empezando por la situación del gremio docente en varias provincias en las que no se inició el ciclo escolar por medidas de fuerza.

La central alternativa definirá esta semana, con una reunión de mesa nacional, cuál será su hoja de ruta para este año, en una reunión que no estará exenta de los debates que provocó el encuentro con el ministro.  

Uno de los puntos que viene recalentando la relación del Gobierno con los gremios y atravesó ambas reuniones es la paralización total de la devolución de recursos desembolsados por las obras sociales sindicales.

Según el sindicalismo, sus prestadoras de salud están en virtual quiebra por no suspender los servicios y los tratamientos de alta complejidad, en su mayoría ordenados judicialmente, producto del incumplimiento del compromiso presidencial que implicaba una puesta al día de las deudas.

Molesto, un sindicalista confió a Letra P, que durante una conversación con un ministro sobre la situación de las obras sociales recibió insinuaciones sobre la supuesta inviabilidad de las obras sociales, acompañadas por la sugerencia de revisar si las prestadoras necesitan ajustar su tamaño a la realidad económica actual.

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El tema de las obras sociales ya había generado fricciones con el Gobierno. Durante la negociación para definir los nombres de los funcionarios de las áreas de incumbencia sindical, la CGT había consensuado impulsar al cirujano David Arauchán, presidente de Accord-Unión Personal, propiedad de UPCN, como titular de la Superintendencia de Seguros de Salud, un organismo clave para el sector. No obstante, el ministro de Salud, Ginés González García, pegó un volantazo, colocó a Eugenio Zanarini en ese lugar y provocó el enojo de los gremios.

Vale decir que el lunes, a través del Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la designación de la abogada de CGT Mónica Risotto como directora nacional de Asociaciones Sindicales, una dependencia clave para el modelo sindical y prácticamente el único puesto conseguido por la central obrera en la cartera laboral.