Ni jurídica, ni a presión. La única salida es política. Esta es la conclusión a la que llegó el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) que nuclea a los trabajadores de la planta Vicentin, inmersa en una crisis financiera y a punto de ingresar formalmente al concurso preventivo tras acumular un pasivo de 1.300 millones de dólares. Y apunta a que el gobierno santafesino y la administración central se conviertan en garante del millar de puestos de trabajo en riesgo.
El pedido del régimen concursal produjo la suspensión de la operatividad de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y limitó aún más el futuro de la empresa. Por eso el gremio entiende que en esta instancia es un problema productivo más que laboral.
El gremio se terminó de convencer de esto tras reunirse con algunos directivos de Vicentin, en su planta de San Lorenzo, donde escucharon de boca de los empresarios la situación paralizante de la firma que se declaró en default tras lógicas comerciales y financieras riesgosas.
Le garantizaron el sueldo del mes de febrero a los 1.000 trabajadores directos, pero el correspondiente a marzo es una incógnita. A su vez, se sinceraron y les dijeron que el concurso es el último recurso que tenían a disposición, que les llevará tiempo porque le deben a 1.800 acreedores y que es difícil ponerse de acuerdo con todos.
El secretario del Sindicato de Aceiteros en Vicentin, Pablo Reguera.
Las acciones son cada vez menos y contrarreloj. Por el lado jurídico, el concurso empantanó el horizonte laboral. En cuanto a una solución empresarial, los directivos se muestran optimistas. Ponen un plazo de 60 a 90 días para arreglar con los acreedores y volver a estar operativos. También hablan de los trabajos a fasón para otros operadores, pero desde el gremio entienden que no alcanza para poner en marcha a la planta.
PLAN. Por eso asoma la salida política como la articuladora de, al menos, un aval. Según explicó a Letra P el secretario del gremio, Pablo Reguera, se decidió realizar mesas de trabajo con distintos representantes políticos, gremiales, del comercio y actores afectados por Vicentin para elaborar un plan. Este exhortaría a que la Provincia y la Nación sean la garantía, por medio de alguna herramienta financiera, para que los productores no teman en darle sus granos a Vicentin y así alimentar la rueda productiva. El escollo es que el Banco Nación es el primero en la cola para cobrar con una acreencia de 18.370 millones de pesos.
Más allá de la potencial salvaguardia del Estado, sea cual sea la forma de la misma debe ser rápida. El diputado santafesino del Frente Social y Popular Carlos Del Frade apuntó: “Debe haber una reacción política y no perder más tiempo. Debe haber integración porque está muy complicado para los trabajadores tanto en San Lorenzo como en Reconquista y Avellaneda”.
Por lo pronto, las medidas de fuerza como forma tradicional de darle celeridad a las definiciones no son una salida que aborde el sindicato. “Qué paro vamos a hacer si la planta está parada”, se sinceró Reguera. "Los puestos de trabajo están en riesgo por una aventura financiera de los responsables de la empresa (...) Necesitamos una visión de salida que garantice el trabajo y el salario", afirmaba el sindicato hace diez días en un comunicado y sigue sin confirmaciones.
El senador del departamento San Lorenzo Armando Traferri participó de la primera reunión y reflexionó: “En otras oportunidades las primeras medidas eran los cortes de ruta, la toma de la empresa o la quema de cubiertas. En esta ocasión hay que felicitar a los dirigentes sindicales y a la CGT, que fueron al diálogo. Si no, estaríamos dándole una señal preocupante a aquellos que quieran comprar”.
