La cerealera Vicentin no pudo encaminar de manera extrajudicial una salida a la cesación de pagos por 600 millones de dólares, por lo que este lunes solicitó a la apertura de un concurso preventivo de acreedores para poder lograr una salida jurídicamente controlada a su estado de insolvencia y a las obligaciones incumplidas a más de 1.400 empresas agropecuarias.
La presentación la realizó ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista, donde la firma tiene domicilio fiscal. Luego de presentar la documentación, el juez deberá pronunciarse si acepta o rechaza la apertura. Más adelante será del pedido de verificación de los créditos de los acreedores, indicando el monto, la causa y los privilegios y más adelante las propuestas .
“Sin perjuicio de ello, la empresa reitera que perseguirá sin descanso, aún en este contexto, sus objetivos prioritarios de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial y concretar una restructuración de sus pasivos en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa”, sostiene el comunicado oficial.
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Tal como publicó Letra P, a mediados de la semana pasada había “concursalidad latente” luego de una gran cantidad de medidas cautelares ingresadas a tribunales santafesinos tras el receso de la feria judicial. Esto puso en el umbral del concurso preventivo a la empresa que prefería un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) y evitar el régimen concursal. Es que éste implica un control jurídico de los activos por más que mantenga la administración de su patrimonio bajo la vigilancia de un síndico.
A su vez, en el comunicado afirma que seguirá “manteniendo las conversaciones avanzadas con el Banco de la Nación Argentina y demás Instituciones Oficiales y con el resto de las Instituciones Financieras, todo ello con el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable”. La deuda con el Banco Nación asciende a 18.370 millones de pesos, una cifra enorme que despertó los alertas respecto a posibles decisiones libradas más a la afinidad política de entonces que a un control férreo de los riesgos crediticios.