Llamados entre la noche del jueves y la primera mañana del viernes alteraron el escenario de guerra sin concesiones. Durante las últimas horas, hubo mensajes cruzados entre la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que Horacio Rodríguez Larreta sume su firma al consenso fiscal 2020. El jefe de Gobierno no estuvo en la foto ni en el acto que encabezó Alberto Fernández este viernes, pero persiste la negociación para que en los próximos días el distrito porteño acompañe el texto que respaldaron las gobernadoras y los gobernadores.
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Al cierre de esta nota, el larretismo confesaba que puede haber un acuerdo para firmar el pacto fiscal antes de que llegue al Congreso. La iniciativa está dentro del paquete de extraordinarias que autorizó Fernández. En Balcarce 50 replican la misma orientación de la negociación. Ambos gobiernos coinciden en que el quid de la cuestión es la condición del texto que obliga a las jurisdicciones a frenar por un año sus demandas judiciales por el régimen de coparticipación
Rodríguez Larreta pegó el faltazo al acto en el Museo del Bicentenario como gesto de rebeldía, pero mantiene la puerta abierta para un futuro compromiso y la negociación pasó a cuarto intermedio. En el trajín de las conversaciones, el alcalde porteño no pudo orquestar una posición común con sus pares Gerardo Morales (Jujuy), RodolfoSuárez (Mendoza) y GustavoValdés (Corrientes). De esa manera, su rebelión fue en soledad. El Gobierno le ganó de mano y consiguió el apoyo de los tres e incluso el jujeño posó primero para la foto junto al Presidente y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, arquitecto de la renovación del consenso fiscal y del apoyo de las provincias.
De la tarde del viernes quedan dos fotos para resaltar. En primer lugar, la de Fernández con las máximas autoridades provinciales para acordar la rebaja de impuestos. En segundo lugar, la que no se logró: la de la unidad de los mandatarios de Juntos por el Cambio que perseguía Rodríguez Larreta. No obstante, ese apoyo parecía complicado: como contó Letra P, los mandatarios radicales vieron con buenos ojos el borrador del consenso y en los primeros días de noviembre levantaron el pulgar durante los diálogos con Balcarce 50. La única provincia que ponía reparos fue Mendoza, que finalmente acompañó el convenio fiscal.
A lo largo de las conversaciones entre la Nación y la Ciudad, hubo concesiones por parte de la Casa Rosada: en las últimas horas, borró del texto el considerando que obligaba a mantener la eximición de pago de Ingresos Brutos para operaciones financieras. En el Presupuesto 2021 -próximo a retocarse en la Legislatura porteña-, la Ciudad propone gravar en un 7% los intereses que deja la compra de Leliqs, las letras de liquidez que emite el Banco Central y solo pueden comprar los bancos. Es decir, avanza en sentido contrario a lo que exige el consenso fiscal 2020 en el apartado "compromisos en materia tributaria provincial". De esa manera, sostienen en Uspallata 3160, no se perjudica el Banco Central y la problemática queda en los bancos que operan con esos instrumentos financieros. Ese artículo se quitó del consenso fiscal 2020, en parte porque lo reclamaron gobernadores como Juan Manzur, que cobra ese tributo en Tucumán.
También, el Gobierno eliminó rápidamente la contraprestación que indicaba que las provincias debían acompañar en el Congreso el proyecto que grava las grandes fortunas. Esa condición fue el primer punto a eliminar para exhibir buena voluntad en la negociación. Además, la Casa Rosada cumplió un pedido explícito de la Ciudad: ponerle un techo temporal a la prohibición del endeudamiento en moneda extranjera. Se resolvió que ese compromiso se mantendría solo por un año, pero para el larretismo no alcanzó esta contraoferta.
A pesar de que se autoriza la suspensión de la baja de las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos, convirtiéndose en una bocanada de aire fresco en el marco de la crisis económica y la caída de la recaudación por la pandemia de coronavirus, la Ciudad no acompañó la propuesta oficial hasta tanto no se avance en el punto de los juicios.
Sin embargo, la negociación seguirá y ambos gobiernos se entusiasman con un acuerdo que podría llegar la semana próxima. "Tenemos las puertas abiertas para que vuelvan a estudiar el consenso, a conversar y a discutir. Hay una discusión que entendemos que todavía puede llegar a resolverse", adelantó De Pedro en declaraciones a los medios de comunicación, luego del acto que presidió Fernández.
El elemento clave es el coto a la judicialización de la coparticipación que impone el nuevo consenso fiscal. La cláusula sobre los reclamos judiciales no puede sorprender a la Ciudad ni a ninguna otra jurisdicción, ya que lo mismo firmaron en 2017 con Mauricio Macri. En aquel entonces, el punto sobre "Procesos judiciales" exigía a las provincias abstenerse de iniciar procesos judiciales por coparticipación, desistir de los ya iniciados y, en particular, frenar la judicialización del reclamo por el fondo del conurbano bonaerense.
El texto 2020 propone lo mismo, pero el contexto es distinto: la Ciudad rompió filas con la Casa Rosada ante el recorte de la coparticipación y llevó la pelea al máximo tribunal. Bajo esa lógica, razonan en el larretismo, aceptar esa condición sería abandonar la resistencia a calificar de "inconstitucional" la quita de fondos.
