El silencio del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sobre la frustrada investigación judicial contra el senador justicialista Armando Traferri, díscolo de su gestión, será de largo aliento y hasta quizás definitivo. Sobre todo, ahora que la Justicia se prepara para dirimir la cuestión, incluso con una posible definición de la Corte Suprema provincial. Así, el pedido de inconstitucionalidad del artículo sobre inmunidad parlamentaria que terminó blindando en la Cámara al legislador sumará a la disputa política el peso de la cúpula judicial santafesina.
Luego de chocar contra la decisión de la mayoría de los senadores de no habilitar el desafuero para poder darle la posibilidad de imputar a Traferri como organizador de una asociación ilícita que recaudaba del juego ilegal, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery buscarán declarar inconstitucional el artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, que obliga a un desafuero previo para poder imputar.
Traferri habla en el Senado santafesino tras el rechazo de la Cámara a su desafuero.
El trámite promete ser de largo aliento hasta encauzar en la Corte. De ser así, además de resolver el alcance de la inmunidad del senador, la Corte ingresaría en un umbral que hasta el momento ha tenido matices exclusivamente políticos. Incluso, indirectamente podría dirimir la interna justicialista y definir qué peso se le da al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
A la cancha
Más allá de lo que pueda llegar a resolver la Corte, algo imposible de aventurar hoy en día, al oficialismo le gustaría ver la pelota en esa cancha y que un jugador de esas características se sumara para llevarse el protagonismo. En parte, razonan que el máximo tribunal sería un marco importante para exponer qué nivel de institucionalidad existe en Santa Fe. Posiblemente, la disponibilidad que la propia Corte le otorgue al tema sume a esta cuestión.
En 1991, la Corte se expidió sobre una situación similar de inmunidad parlamentaria en el marco de una querella por injurias contra el legislador Eugenio Malponte. Entendió que la inmunidad era absoluta y no admitía grises. La denuncia apuntaba a unas declaraciones del legislador en la prensa, distinta situación al delito que pretendieron los fiscales imputarle a Traferri.
Un dato que se empieza a recordar en el ambiente palaciego es que el senador y su grupo de leales en el bloque tienen llegada al ministro de la Corte Rafael Gutiérrez. Se han mostrado en una cena juntos en diciembre de 2019 cuando se exhibieron los primeros cortocircuitos de esos legisladores con Perotti. Al margen, siete ministros componen el cuerpo y hay diversidad de criterios. Incluso antes podrían resolver sobre el fallo de la Cámara Laboral que declaró inconstitucional la ley en la que la Legislatura se facultó para remover fiscales. En ese caso, fue el gobierno provincial el que recurrió el fallo a la Corte.
Una fuente cercana a los fiscales admitió que lo más probable es que se diluya el trámite que iniciarán Schiappa Pietra y Edery y, así, el voto negativo del desafuero del Senado haya sido la sentencia definitiva. “Ya ganó Traferri”, se lamentó un operador judicial que frecuenta a los fiscales. “Va a ser más probable que termine el mandato de Traferri en 2023 a que llegue la justicia en tiempo razonable”, analizó.
El artículo en cuestión que regula el desafuero ni siquiera autoriza a la justicia a acusar a un legislador, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso, donde el límite de la inmunidad es la detención. En los pasillos del gobierno provincial, tomaron el ejemplo de la situación procesal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para graficar su postura de que Traferri debería haber sido sometido al proceso, con la garantía de la inmunidad de detención.
