El directorio de la empresa Vicentin afirmó hoy que la medida del Juez Penal de Primera instancia del Distrito Nro. 2 de Rosario, Hernán Postma,que ordena al Banco Central de la República Argentina (BCRA) el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la compañía es una "medida judicial en contra de los trabajadores" que forma parte de un "raid persecutorio".
La disposición del magistrado se disparó ante la requisitoria del Fiscal Miguel Moreno, y la cerealera la consideró como "una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores".
Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, realizó esta semana una docena de allanamientos en domicilios de los directores y oficinas y plantas de Vicentin SAIC, que derivaron ahora en la elevación del pedido a Postma, que le dio curso.
Por este motivo, el directorio de la cerealera señaló en un comunicado que "la consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin S.A.I.C pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición".
"Los argumentos esgrimidos por el fiscal, son absolutamente falsos, no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el Dr. Fabián Lorenzini, Juez del Concurso que tramita la compañía en la localidad de Reconquista", manifestaron.
La investigación penal rechazada por Vicentin sobre la presunta estafa y vaciamiento de la compañía se produce en paralelo al concurso preventivo para hacer frente al sideral default que agitó el mercado hace un año. Por eso, en el texto del comunicado, el directorio precisa que "no cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas buscan impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo".
Los directivos de la cerealera señalaron que "poco le han importado" a Moreno y a Postma "la tranquilidad y el bienestar de los más de 5.000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión".
"Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, nuestros trabajadores han sido la prioridad y hemos garantizado la conservación de sus fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios", añadieron.
Por último, dejaron sentado a su entender que "esta medida irracional no solo agrava la situación de la compañía si no que implica una destrucción de valor para los propios acreedores", lo que condiciona "las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal".
"Esperamos que quienes han tomado esta medida y quienes de manera irresponsable la hayan alentado, recapaciten a la brevedad, en caso contrario deberán asumir la responsabilidad directa sobre las consecuencias que la misma provoque", concluyeron.