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Aluvión de trabajadores migrantes pone en aprietos al gobierno de Río Negro

Carreras lidia con la imposición de protocolos sanitarios sin frenar la cosecha de fruta, un negocio de US$ 420 M. Intendentes preocupados y presión empresaria.

El gobierno de Río Negro fijó el protocolo para unos 20.000 trabajadores migrantes que ya comenzaron a llegar a la provincia para la temporada de cosecha de fruta, pero no disipó la inquietud de empresarios e intendentes, preocupados por quiénes serán los responsables de hacer cumplir los controles sanitarios y de financiar los costos que estas medidas acarreen. La administración que conduce la gobernadora Arabela Carreras  debe hacer equilibrio para imponer condiciones que eviten un colapso del sistema de salud en tiempos de pandemia, sin frenar una actividad que genera un ingreso promedio anual de US$ 420 millones con sus exportaciones a más de 60 países.

 

El temor está instalado por el volumen de la migración del norte al sur, que supera en número a los habitantes de muchos de los municipios de la zona. El secretario de Trabajo provincial, Jorge Stopiello, consideró que se trata de un protocolo “sumamente estricto respecto de los años anteriores” debido a la situación atravesada por la pandemia del COVID-19. 

 

Dijo que los procedimientos tienen como objetivo primordial “cuidar la salud de nuestros propios comprovincianos. Ese es el primer objetivo y en base a eso hemos ido trabajando el resto de las cosas”.

 

Las empresas más importantes accedieron al texto del protocolo y los comités de crisis analizan la situación de cada localidad. El plazo de presentación del listado de los obreros de la fruta que estarán en la región de los valles es el 10 de diciembre. La preocupación aumenta porque ya se ven grupos que empiezan a cosechar en algunas chacras. 

 

Letra P accedió al documento firmado por el ministro de Salud rionegrino, Fabián Zgaib, que aún podría tener modificaciones. Ante esa posibilidad, los empresarios escucharon al titular de la cartera de Producción rionegrina, Carlos Banacloy. Los dejó tranquilos la promesa de menores restricciones. Pero lo que preocupa es la exigencia en la antigüedad de dos temporadas para la contratación de cada obrero, en un gremio con una alta tasa de informalidad laboral. “Sólo un 30% de los trabajadores vuelve de una temporada a la otra y es normal que debamos remplazarlos”, le aseguró a Letra P el titular de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Agustín Argibay.

 

 

CAFI, por su rol, es el espacio que coordina a los privados con los Estados (nacional, rionegrino y, en menor escala, el neuquino) en la actividad insignia del Alto Valle y negocia salarios con los sindicatos como la Uatre (rurales), Soefrnyn (empacadores) y Sthimpra (hielo). “Esto es muy dinámico, entiendo que puede cambiar”, reconoció Argibay sobre el protocolo y las necesidades que se presentarán en la temporada de cosecha.

 

Los requisitos de la contratación de estos trabajadores discontinuos son básicos. No deberán llegar con familias y deberán constatar su antigüedad laboral. En esa instancia, sólo se autorizará el traslado a través de empresas con la aprobación de la CNRT y el Ministerio de Transporte de la Nación. Previo a ese momento, cada migrante deberá contar con información de lugar de origen, fecha de llegada y de partida, ART, datos del lugar de alojamiento, un hisopado de no más de 48 horas de vigencia antes del viaje, con constancia de resultado negativo.

 

 

Los ingresos y salida de los trabajadores migrantes serán en cuatro puntos estratégicos de la provincia: Río Colorado, Casa de Piedra, La Japonesa y Catriel.

 

Si bien parecen obligaciones básicas, en tiempos anteriores a la pandemia ya se cumplían parcialmente, sobre todo entre los empleadores de menor escala enrolados en la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén. En otros años, los micros que llegaban del norte argentino paraban a la vera de las rutas y dejaban a los obreros directamente en las chacras. Esto se modificará: habrá puntos de encuentro (terminales de ómnibus) y los empresarios deberán distribuir a la mano de obra.

 

Lo importante, y lo acordado, es que se reduce finalmente a siete los días de aislamiento entre el lugar de trabajo y el domicilio de residencia mientras se desarrolla el período de cosecha. Por eso, remarca el documento, es fundamental que las empresas, productores o empleadores presten su asistencia “en todo lo que sea necesario” para que no exista circulación comunitaria. Pero lo ideal, una vez más, es enemigo de lo posible: en lo que va de noviembre, se pudo ver a trabajadores en las inmediaciones de los campos en plena cosecha de cereza, la primera etapa. Al menos sucedió en las inmediaciones de General Roca, en la zona de Paso Córdoba.

 

 

 

MUNICIPIOS. Cada ciudad juega un papel clave. En el protocolo, uno de los apartados, certifica la autorización y visado que todos los trámites previos (hisopado, domicilio de estadía) deberán correr por parte de las comunas, que integran la región más poblada de Río Negro y la Patagonia. En ese plano, mientras se dilata el anuncio, la preocupación se expande entre funcionarios.

 

Consultado por Letra P, Ariel Rivero, intendente de Campo Grande, municipio limítrofe con la ciudad neuquina de San Patricio del Chañar, admitió incomodidad ante la responsabilidad en el control. “Hay momentos en que no tenemos las herramientas necesarias. Somos un lugar de paso, pero no nos alcanza”, se sinceró. Según el censo 2010, Campo Grande posee unos 5.200 habitantes.

 

En General Roca o Cipolletti, las autoridades entienden que el protocolo es bueno hasta que los colectivos llegan a la provincia. En estas localidades fueron notificados de algunos pasos a seguir, como designar representantes de cada Ejecutivo en la coordinación con las Secretarías de Transporte para delinear el arribo y salida de los trabajadores. Lo que los desvela es el tránsito dentro de los ejidos municipales, sobre todo los fines de semana.

 

En contacto con este medio, el secretario de Producción de Roca, Mario López, advirtió “los grises” que tiene este protocolo en cuanto a “las responsabilidades” cuando se desarrolle la etapa de mayor ingreso de trabajadores migrantes. En tiempos de la cosecha de la pera Williams, alrededor de la segunda semana de enero, se espera que el arribo sea masivo. “¿Qué responsabilidades vamos a tener si hay brotes de covid-19 en las chacras?”, se preguntó. “Por eso necesitamos tiempo para organizarnos. Se requieren precisiones, personal y recursos”, insistió.

 

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