El peronista quiere que las empresas se hagan cargo del cierre de pozos. La iniciativa se da en el marco del retiro masivo de operadoras en la provincia.
José Glinski, diputdo por Chubut.
En un contexto marcado por el retiro de operadoras petroleras de las principales áreas convencionales y una migración masiva de inversiones hacia cuencas como Vaca Muerta, el diputdo José Glinski presentó un proyecto para que las empresas que se vayan de Chubut se hagan cargo del cierre de pozos en la provincia.
La provincia vive momentos de incertidumbre y la dirigencia local busca blindarse ante los costos económicos y ambientales del nuevo escenario. El diputdo peronista presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que denominó Ley de Presupuestos Mínimos para la Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos y Transición Energética Justa.
Según pudo saber Letra P, la iniciativa busca cubrir la inexistencia de una norma que obligue a las petroleras a hacerse cargo del cierre de los pozos y de la remediación ambiental de las áreas que abandonan, un vacío regulatorio histórico que aún persiste en Argentina. El texto propone, además, transformar las tareas en “una oportunidad para sostener y generar empleo en las comunidades históricamente vinculadas a la actividad hidrocarburífera”.
"Argentina tiene 12 leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales. Ninguna regula los pasivos hidrocarburíferos. Es el vacío más caro de la historia ambiental argentina", advirtió Glinski. El documento presentado ante la cámra baja sostiene que las petroleras no pueden llevarse los beneficios de la actividad y dejarle a las comunidades, a las provincias y al Estado los costos ambientales y económicos del cierre de los yacimientos.
La propuesta establece un presupuesto mínimo de protección ambiental conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, sin alterar las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
En el mismo sentido, contempla la creación de un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, financiado por aportes obligatorios de las empresas titulares de concesiones; y un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos de acceso público, gratuito e irrestricto.
El proyecto contempla, además, garantías financieras obligatorias para cubrir las tareas de abandono, cierre, remediación y monitoreo posterior; y establece parámetros para la responsabilidad objetiva y solidaria de las operadoras, que subsiste aún en casos de cesión, quiebra o disolución de las empresas. También contempla un régimen específico para la transferencia de áreas, con auditoría técnica independiente y acreditación de solvencia del cesionario.
La presentación del proyecto de ley se da en un escenario de reordenamiento del manejo de la producción del petróleo en Chubut y otras zonas clave de la Patagonia, con el retiro masivo de operadoras de las áreas convencionales.
En rigor, desde hace meses que la petrolera estatal comenzó a organizar su portafolio de activos y concentrar inversiones en activos de mayor rendimiento, entendiendo que su núcleo de negocios pasará por Vaca Muerta.
Así, comenzó a dejar de forma progresiva las áreas que tenía en Chubut en manos de nuevas operadoras, en el marco de la segunda etapa de lo que definió como Plan Andes, iniciativa por la que la compañía que busca desprenderse de sus campos petroleros maduros en el país.
Uno de los casos más resonantes es el de YPF en Comodoro Rivadavia, donde el estado provincial firmó un acuerdo por U$S 25 millones que libera a la empresa de la remediación de 334 pozos offshore en el área Restinga Alí. Otras petroleras que se retiraron de Chubut son Tecpetrol (Grupo Techint), la noruega Interoil, y empresas de servicios como Halliburton.