23|1|2021

La OA de Larreta, con las mismas limitaciones que JxC le critica a Crous

24 de noviembre de 2020

24 de noviembre de 2020

El Gobierno porteño creó tres oficinas anticorrupción. Ninguna podrá querellar. El peronismo retruca y pide oficina de investigaciones administrativas.

La Ciudad de Buenos Aires no tiene una Oficina Anticorrupción (OA), pero tiene un organismo que se le parece. Acaba de ver la luz: es la Oficina de Integridad Pública, que Juntos por el Cambio (JxC) presentó con bombos y platillos en el marco del flamante Régimen de Integridad Pública que, a su vez, implica una actualización de la Ley de Ética Pública, vigente desde 2013. Ese organismo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene una marca idéntica: al igual que la OA, no puede actuar como querellante en causas que involucran a funcionarias y funcionarios de la administración porteña.

 

Este aspecto representa, en términos políticos, una novedad: al avalar ese expediente, la versión porteña de Juntos por el Cambio invalida la postura nacional de la misma coalición que lanzó una batalla contra el titular de la Oficina Anticorrupción nacional, Félix Crous, por ese mismo motivo.

 

 

 

Crous definió desistir de su rol de querellante en el futuro juicio oral que se realizará por las causas Hotesur y Los Sauces, investigaciones ambas involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y parte de su familia. "No pone en riesgo el avance" de la investigación y "no afecta para nada el curso" del proceso judicial, graficó en ese entonces. Por esa decisión, popes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo salieron al cruce del funcionario nacional. Su antecesora en el cargo, la macrista Laura Alonso, ironizó: "Saluden a la impunidad que llegó para quedarse. ¿Esta vez Alberto Fernández también se entera por los medios?".

 

Por fuera de la cuestión económica, que también puso sobre la mesa Crous, hay un cuestionamiento al funcionamiento del organismo porque su función se cruza con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), también parte del organigrama nacional. El argumento del oficialismo también es compartido, sottovoce, en otras cosas de la política. La diferencia entre el titular de la PIA y el de la OA es que al primero lo vota el Senado (tras la nominación presidencial) y el segundo asume por decreto del máximo titular del Ejecutivo, a quien, justamente, tiene que investigar. Ahí radica el concepto que reza que el esquema actual de funcionamiento de la OA es "inviable".

 

De acuerdo a lo aprobado el jueves 20 de noviembre, el gobierno porteño creó tres oficinas anticorrupción. Habrá una para cada poder del Estado y ninguna podrá querellar, a imagen y semejanza del cambio que impulsó Crous. Es decir, no tendrá tareas de investigación ni de litigio. Su trabajo, como queda asentado en el artículo 62 de la normativa, estará restringido a emitir dictámenes, revisar declaraciones juradas y patrimonios y controlar que no haya conflicto de intereses en la gestión. La paradoja es que Cambiemos propuso para la Ciudad lo que critica a nivel nacional.

 

 

 

RESPUESTA PERONISTA. La ley se aprobó con 53 votos a favor de todos los bloques, a excepción de los diputados de izquierda. El Frente de Todos (FdT) adhirió en general, pero se opuso en particular.

 

El FdT acompañó la iniciativa, pero, por estas horas, piensa devolver con una contrapropuesta: impulsará, de la mano de Cecilia Segura y Juan Manuel Valdés, la creación de un organismo específico similar a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Ese cuerpo pertenece a la Procuración General de la Nación e investiga los delitos contra la administración pública.

 

El mensaje del FdT no es inocente, porque exige que, al igual que a nivel nacional, esa oficina esté dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF), donde manda Juan Bautista Mahiques, el exconsejero de la Magistratura Nacional al que CFK acusó de "apretar" jueces y juezas.