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El derecho a la educación, una plegaria silenciosa

La pandemia desnudó a un “todos” electoral que no contiene al “todos” educacional. No hay política de inclusión social posible con escuelas y jardines cerrados.

El derecho a la educación, una plegaria silenciosa

07/10/2020 13:27

 

Entre las numerosas consecuencias que arrojó la crisis sanitaria del COVID-19 a nivel mundial, la pandemia también corrió el velo con el que se cubren las vergüenzas de las sociedades injustas. En la Argentina, una de las áreas en la que esas desigualdades quedaron más al descubierto fue en la Educación.

En este sector pudimos comprobar cuán distinto se atraviesa una cuarentena según el nivel de accesibilidad a determinados bienes tangibles e intangibles. El acceso a Internet, a dispositivos electrónicos, a espacios dentro del hogar para realizar una tarea resultaron un diferencial excluyente en materia educativa. Las familias que no cuentan con esas herramientas, ni con un capital cultural para ejercer de educadores, quedaron marginadas del sistema. En el mejor de los casos, y gracias al esfuerzo de los maestros de las escuelas públicas, pudieron recibir unos bolsones limitados y unos cuadernillos con propaganda, sin la mínima certeza de implementación en medio de una supuesta continuidad pedagógica carente de pedagogo a la vista. 

Haciendo un rápido recorrido por la historia reciente, observamos que cada etapa le otorgó un sentido concreto a la acción social. En una época determinada, el ámbito laboral y las mejoras salariales, las vacaciones pagas, por citar algunos ejemplos, fueron banderas de la lucha por la justicia social. Hoy, la educación de calidad es una plegaria silenciosa de los que están privados de ese derecho humano fundamental. Las familias quieren que sus hijos puedan tener la aspiración a lograr una superación social y confían en la escuela como herramienta para esa transformación. 

 

 

Ahora bien, ese derecho empieza en la primera infancia. La Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, llevada a cabo en Jomtien en 1990, establece como primer objetivo “extender y mejorar la protección y la educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos”.

En esta línea, el caso de Quilmes es un claro ejemplo de una ciudad que eligió en su momento ser protagonista de la educación de sus niños y supo ser en el pasado reciente un referente en la inclusión escolar de la primera infancia. Con una fuerte y decidida planificación de una política pública educativa, la gestión anterior tuvo como eje la construcción de un sistema de jardines municipales, a través del que se incluyeron a 900 familias y en donde se construyó además un centenar de aulas para incorporar a más de 5000 niños al nivel inicial.

Son múltiples los municipios en la provincia de Buenos Aires en los que lamentablemente hay miles de niños desfavorecidos y en los que es necesario garantizar el funcionamiento de los jardines municipales porque sabemos que “la educación de la primera infancia es fundamental en el proceso de desarrollo integral del niño o niña desde el nacimiento hasta los ocho años”. 

En rigor, la Ley nacional 26.206 convierte a la educación en un derecho social que el Estado debe garantizar, y reconoce a la educación inicial como una unidad pedagógica e incluye a los niños y niñas de 45 días hasta los 5 años. Por otra parte, la Ley 26.233 de Centro de Desarrollo Infantil destaca la importancia de los procesos de crianza, socialización, formación y aprendizaje de los primeros años de vida y su impacto en los trayectos educativos posteriores. El niño es un actor social y un sujeto jurídico a gozar de sus derechos. Pero con los jardines cerrados ejercer este acto legítimo resulta imposible. 

De esta manera y tal como marca la ley, potenciar el desarrollo integral del ser humano es una responsabilidad estatal y un compromiso moral con las futuras generaciones que debe comenzar en la primera infancia y en los barrios más humildes. La justicia educativa es la política social redistributiva por excelencia en búsqueda de la justicia social. Sin justicia educativa la justicia social se convierte en falacia. Porque la exclusión educativa constituye generalmente la antesala de la exclusión social, la que, a su vez, retroalimenta la primera generando el círculo inmoral de marginalidad o “ciudadanos desfavorecidos”. 

Siguiendo estos axiomas, todo proyecto político debe estar comprometido con la justicia social. Desde la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente desde Evolución Buenos Aires, estamos convencidos de que es responsabilidad del gobierno local establecer los mecanismos necesarios para que de una manera precisa y, analizando la situación particular de cada familia que componen los jardines municipales, se pueda organizar un gradual y escalonado regreso a clases. Es momento de que las autoridades abandonen la retórica y pasen al plano de la acción.

No es deseo de nuestro espacio convertirnos en una oposición de carácter sistemático y obstruccionista, pero vemos con preocupación las últimas acciones del gobierno en relación a las políticas educativas; advertimos que confunden políticas educativas con mateadas con los centros estudiantes afines. Por esa razón es que instamos a los gobiernos municipales a que asuman su rol y gestionen en consecuencia. Porque, parafraseando a una vigente Josefina López Hurtado, “no hay segunda oportunidad para la infancia” y si fuera cierto que los únicos privilegiados son los niños, ya hay puntos coincidentes.