Los 3.000 millones de pesos que el presidente Alberto Fernández le dará formalmente al gobernador Omar Perotti este viernes serán destinados a la creación de un plan de inversión tecnológica para la seguridad preventiva en centros urbanos santafesinos. Letra P tuvo acceso al convenio que firmarán el jefe de la Casa Rosada y el rafaelino, quien llevará a Buenos Aires como laderos a los intendentes Pablo Javkin (Rosario) y Emilio Jatón (Santa Fe capital). También viajará el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain.
Con la contribución del gobierno nacional, se reformularán las zonas de intervención policial preventiva, en función de la problemática criminal específica de los diferentes sectores de, en primer lugar, tres ciudades: Rosario, Santa Fe y Rafaela. En la negociación por la firma del convenio, días atrás, la Nación propuso un esquema que no satisfizo los intereses de la provincia, pero finalmente las partes se pusieron de acuerdo. Desde el Ministerio de Seguridad santafesino remarcaron que el contenido fue acordado con Jefatura de Gabinete y con la cartera que conduce la ministra Sabina Frederic.
Ello implicará la redefinición de las anteriores “cuadrículas” de patrullaje, modelo que esbozó el antecesor de Sain, el radical Maximiliano Pullaro, que “atendían la demanda reactiva de la ciudadanía a partir de la llamada de emergencia del despacho 911”.
El nuevo esquema de zonas de intervención policial se asienta en la diagramación de “precintos” diseñados en función de la “evidencia empírica y de la diagramación matemático-científica”. De esta manera, la ciudad de Rosario quedará subdividida en 62 precintos, la de Santa Fe en 25 y Rafaela, en seis.
A la par, se establecieron en el ámbito de la Policía santafesina siete Centros de Análisis y Operaciones Policiales (COP), a los efectos de desarrollar estrategias y acciones de seguridad. En una primera etapa, se priorizaron la implementación de los COPs en tres grandes centros urbanos: Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Los COPs son núcleos de carácter netamente operacionales y –según el documento que sellarán Fernández y Perotti– tienen la misión de producir análisis criminal de las problemáticas criminales existentes en los centros urbanos; planificar y conducir la ejecución de las operaciones e intervenciones policiales focalizadas en esas problemáticas; y evaluar el desempeño operacional policial posterior, considerando fundamentalmente el impacto sobre la problemática criminal de referencia por precinto.
Para ello, cada COP está conformado funcionalmente por tres componentes: una Oficina de Análisis Criminal, una Oficina de Operaciones Policiales y una Oficina de Evaluación Operacional Policial.
En función de ello, cada COP constituye un sistema tecnológico y de comunicaciones integrado que comprende: la información criminal derivada de las denuncias al 911; el sistema de cámaras de videovigilancia, así como sistema de drones operacionales; los sistemas de GPS desplegados por efectivo y los sistemas de seguimiento, monitoreamiento; Los sistema de comunicación y transferencia de datos, imágenes y sonido en poder de cada efectivo y unidad de intervención en el campo, así como de cámaras portátiles personales y en vehículos.