El sindicato que nuclea a cerca de mil trabajadores de la aceitera Vicentin logró, en principio, evitar que las deudas y la novela por los créditos otorgados por el Banco Nación dejaran rezagado su reclamo de continuidad laboral ante el desconcierto que produjo la crisis de la empresa.

La firma está al día con los sueldos de diciembre de los casi mil trabajadores directos del complejo industrial ubicado en San Lorenzo, próximo a la ciudad de Rosario. Sin embargo, no está garantizado el pago del mes de enero ni el último aumento acordado. Por otra parte, la continuidad de los actuales accionistas no está clara, en medio de un concierto de especulaciones acerca de la venta de la aceitera como salida para saldar el pasivo comercial y crediticio que orilla los 600 millones de dólares.

En este marco, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), que es representado en temas gremiales y de convenio desde hace unos cinco años por un estudio de peso, buscó lograr contactos más aceitados con la burocracia en un gobierno de nuevos cargos.

Es por eso que acudió a los servicios del estudio jurídico del exministro de Trabajo kirchnerista Carlos Tomada para lograr una línea política y agilizar su exposición en la cartera laboral. El nexo político cotiza alto en este tipo de temas y, más aún, el del exfuncionario con estrecha relación con el gobierno actual y, puntualmente, con la vicepresidenta Cristina Fernández. Tomada fue uno de los pocos ministros que trajinó los 12 años del kirchnerismo.

Los funcionarios de primera línea de la cartera que conduce Claudio Moroni escucharon el pedido del sindicato: mantener las fuentes laborales más allá de quién sea el dueño de la empresa en el futuro. “Queremos que garanticen las fuentes de trabajo y el convenio. Allí se termina nuestro pedido. Qué hacen con la firma y las deudas no es nuestro problema. No queremos intervenir en otro aspecto”, le dijo a Letra P el secretario general del sindicato, Pablo Reguera. El respaldo fue garantizado.

La línea que expresó al respecto el presidente Alberto Fernández es similar a la planteada por el sindicato: “Tengo en claro que es una empresa muy importante, que es fuente de trabajo de mucha gente”. Incluso cuando se le consultó sobre las propuestas de estatización, se limitó a decir: “Vamos a ver, nadie quiere que la fuente de trabajo se cierre; ahora lo que queremos ver es qué pasó, porque todo indica que allí hubo, cuanto menos, un acto de enorme irresponsabilidad”.

Será determinante cómo resuelva la empresa la cancelación de sus deudas, sobre todo, con el exorbitante pasivo que mantiene con el Banco Nación. Es el filtro de la cuestión al ser el primer acreedor. Por lo pronto, se estableció mantener una reunión con los directores de la aceitera y no continuar con los mandos medios, quienes carecen del detalle de lo que se negocia. La semana próxima podría concretarse una vez que haya más certezas acerca del plan de pago con los acreedores.