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La cartera laboral se agrieta ante un gabinete incompleto que anticipa la permanencia de funcionarios de Cambiemos en lugares de poder. La herencia de Sica y el ascenso de De Virgiliis.

Por 23/01/2020 13:53

A casi un mes y medio de asumir como ministro de Trabajo, Claudio Moroni no completó la grilla de funcionarios que lo van a acompañar y quedan vacantes en lugares determinantes para su gestión. La regla no escapa a una situación que se repite en buena parte de los ministerios nacionales, donde las designaciones por goteo habilitan cambios e intrigas hasta el momento de la firma.

En la Casa Rosada justifican el letargo jurando que las primeras líneas de los ministerios pasan sí o sí por la aprobación personal de Alberto Fernández, algo que explicaría la demora de los desembarcos.

En la cartera laboral, aún con la confirmación de Marcelo Belloti como secretario de Trabajo, el segundo puesto en importancia del organismo, algunos nombres que se daba por confirmados fueron enrocados o directamente desaparecieron de la nómina de funcionarios.

Entre estos últimos casos está el de Mónica Litza, una dirigenta del Frente Renovador que llegó a asumir de hecho, oficinas y chofer incluidos, en el cargo de secretaria de Empleo, pero que con las negociaciones abiertas quedó afuera del ministerio. Como contrapago, asumió como vicepresidenta del Correo Argentino, un cargo nada despreciable.

 

 

Los últimos movimientos en las oficinas de la avenida Leandro N. Alem, anticipan que Leonardo Di Pietro ocupará la Secretaría de Empleo, una de las oficinas con mayor presupuesto del ministerio, aunque desde el Frente Renovador mantienen la presión para garantizarle ese puesto a algún dirigente massista bonaerense. La subsecretaría de Empleo será ocupada por Esteban Bogani, que fue coordinador del Programa de Inserción Laboral durante la gestión de Carlos Tomada, a la que se incorporó más por su conocimiento técnico que por su vínculo político con el flamante embajador en México.

Di Pietro, que en los años '90 operó como mano derecha de Eduardo Amadeo durante su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social, estaba nominado a ocupar la Jefatura de Gabinete, pero finalmente ese lugar será para Miguel Ángel Baelo, de estrecha confianza de Moroni.

Una década atrás, Baelo fue superintendente de Seguros de la Nación cuando el actual ministro de Trabajo abandonó el cargo siguiendo los pasos de Alberto Fernández, en un momento en el que rompieron relación con el kirchnerismos sin sacrificar a todos sus jugadores.

 

 

La designación que también permanece en suspenso es la de Mónica Risotto, que tiene los números puestos para ocupar la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Apoderada legal de la CGT y del gremio de taxistas, se maneja con discreción en el edificio de la avenida Callao, donde empezó a cumplir funciones no sin contrapuntos con algunos funcionarios a su cargo que quisieron imponerle a listado de empleados a desplazar.

Para algunos sindicalistas, el retraso en formalizar a Risotto se debe a la necesidad de resolver algunos trámites en curso que incluyen la inscripción de nuevos gremios o al otorgamiento de personerías. La abogada está impedida de homologar con su firma ese tipo de trámites dado que una de las principales cartas para llegar a ese cargo es el papel que cumplirá como garante del modelo sindical. Un dato: desde el 10 de diciembre hasta hoy, se les otorgó inscripción gremial a ocho sindicatos, la mayoría de ellos vinculados al moyanismo y a la CTA que conduce Hugo Yasky.

Detrás de la designación de la mayoría de estos funcionarios está la mano de Miguel Ángel de Virgiliis, el poderoso abogado que se convirtió en el principal ladero de Moroni pero fue vetado por la Casa Rosada para asumir un cargo formal por su vinculación con las cámaras patronales y el gobierno de Cambiemos.

En cambio, De Virgiliis encabeza un nutrido consejo de asesores que rodea al ministro donde también reporta Alberto Tomassone, histórico abogado del Sindicato de Comercio, y donde recalaron también funcionarios designados por la gestión anterior. 

 

 

Entre estos figura Josefina Sanz, una funcionaria cercana al ex ministro de Producción Francisco Cabrera, que posteriormente fue protegida por Dante Sica, que la designó como tropa propia en la Coordinación de la Secretaría de Trabajo, con rango de secretaria de Estado, como forma de cercar a Lucas Fernández Aparicio, que respondía a Guillermo Dietrich. Ahora, a la ordenes de De Virgiliis, Sanz se transformó en el brazo ejecutivo para concretar el desplazamiento de diferentes funcionarios de la cartera, entre ellos, personal jerárquico de peso dentro de la DiNAS, lo que provocó los primeros cortocircuitos con Risotto.

Sanz no es la única funcionaria designada por el gobierno anterior que va a continuar en su cargo. Julián Pascual mantendrá su puesto de director de Promoción del Empleo, mientras que la directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, permanecerá en ese cargo después de que Moroni y De Virgiliis le propusieran la semana pasada continuar en el cargo. Marcello fue la ideóloga de la aplicación de los Procedimientos Preventivos Crisis para las empresas que buscaban la manera de ajustar su planta laboral y reducir el costo de indemnizaciones.

Otro funcionario que seguirá manejando un sector clave del ministerio es Federico Canedi, el director nacional de Conciliación Obligatoria, donde se tramitan buena parte de las negociaciones ante los conflictos gremiales. Abajo de Canedi, también continuará Roberto Picozzi, un funcionario que ingresó por La Cámpora pero que se recicló como director del Servicio de Conciliación Obligatoria durante la gestión de Aparicio.