El presidente Alberto Fernández está convencido de que uno de los principales escollos para reducir la inflación radica en los múltiples mecanismos indexatorios de la economía, que atan los precios -concepto que incluye los salarios- entre sí de tal modo que el movimiento al alza de algunos de ellos se convierte en un incremento generalizado. De hecho, las primeras decisiones económicas de su gobierno apuntaron a desmantelar esa matriz, pero ese intento lo expone, a plazo fijo, a pagar costos políticos importantes cuando se trate la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y se vete la aplicación de cláusulas gatillo en las negociaciones salariales. Asimismo, implica el riesgo de sobresaltos cuando haya que descongelar, dentro de pocos meses, las tarifas de servicios públicos, los combustibles, el dólar y otros precios clave.
La tarea de ejecutar la desindexación de la economía recae en el ministro Martín Guzmán y en el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. Este último, de hecho, aludió hace poco al elemento de concertación que ha dispuesto el Gobierno para lograr ese fin al señalar que "hay un problema de inercia inflacionaria y esperamos que los acuerdos que se hagan en el marco del Consejo Económico y Social desindexen la economía y tengamos tasas más normales de inflación".
Gabriel Zelpo, socio de la consultora Seido, le dijo a Letra P que “es necesario desindexar la economía para encarar un proceso de estabilización. De otra forma, la dinámica fiscal se haría insostenible y abortaría ese proceso”.
“En una economía como la argentina, que tiene una arraigada cultura y memoria inflacionaria, es indispensable dar señales claras de freno a cualquier proceso de indexación como paso primario y básico para implementar una política antiinflacionaria”, coincidió Gustavo Reija, director de la consultora Mecronomic, en diálogo con este medio.
“Un punto central de la desindexación es la evolución del dólar, no solo del oficial sino del paralelo”, dijo el economista Gustavo Reija.
La economía nacional, de hecho, está plagada de mecanismos indexatorios. A los mencionados (jubilaciones, algunos salarios, tarifas, combustibles y dólar), hay que sumar créditos y depósitos, tanto a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) como, más recientemente, de la Unidad de Valor Adquisitivo, (UVA), la construcción, mediante el índice de costo de la construcción (ICC), etcétera.
“El Estado puede fijar los precios que controla, como las tarifas por ejemplo, pero debe, además, influir sobre variables tales como salarios, haberes jubilatorios y otras. La suspensión de paritarias y los aumentos por decreto y suma fija, así como la suspensión de la movilidad jubilatoria, van en este sentido”, opinó Reija.
“Un punto central de la desindexación es la evolución del dólar, no solo del oficial sino del paralelo, en sus diversas versiones, ya que una ampliación de la brecha entre este y aquel hará que los formadores de precios indexen al valor del dólar libre”, añadió.
En la propia naturaleza de las medidas desindexatorias tomadas radican, más allá de su necesidad, dos tipos de problemas que pueden surgirle a Alberto Fernández y terminar con la luna de miel inicial: los costos políticos y las complicaciones que entraña salir de los congelamientos.
Sobre los primeros, cabe esperar que el tratamiento de una nueva ley de movilidad jubilatoria antes de mediados de año genere fuerte polémica en el Congreso. Como se espera que este año la inflación decline con respecto a la de 2019, de haberse mantenido el esquema anterior, las prestaciones habrían subido en línea con la evolución pasada de los precios y, por ende, por encima de la del actual ejercicio.
El Gobierno se propone, en principio, regresar a un diseño similar al que rigió durante la gestión de Cristina Kirchner, en el que las jubilaciones y pensiones se ajusten conforme varíen el índice general de salarios en el sector privado formal y, sobre todo, la recaudación impositiva. Puede esperarse, entonces, que la oposición descargue denuncias sobre un cambio que, desde ese punto de vista, iría en desmedro de la clase pasiva, algo que el oficialismo podría refutar en base a una política que privilegiará a los jubilados que menos ganen a costa de achatar la pirámide de ingresos.
¿Se viene una nueva ola de juicios contra el Estado de parte de los jubilados perjudicados, esto es, los que reciben remuneraciones mayores pero percibirán ajustes más módicos?
La eliminación de las cláusulas gatillo también puede implicar discusiones con segmentos del mundo sindical, ya que, en tanto es difícil que el Gobierno convalide aumentos salariales que vayan más allá de la inflación presente, aquella medida barrería también con una garantía de que los trabajadores, al menos, no pierdan otra vez la carrera con los precios.
El congelamiento del dólar oficial conlleva el riesgo de un atraso que revierta el superávit comercial, única fuente actual de divisas del país. A eso se suma la posibilidad de in aumento de la brecha con el paralelo.
Hay que tener en cuenta, asimismo, el otro tipo de problemas, dado por el modo de descongelar todo lo que se ha puesto en el freezer sin desatar una explosión de aumentos.
El primer asunto delicado, en este orden, es el dólar oficial, ante el peligro de que la erosión que provoca una inflación aún muy alta revierta el superávit comercial, única fuente de divisas para un país que tiene cerrado el mercado de crédito. Además, su inmovilidad y el simultáneo y paulatino incremento de los paralelos (contado con liquidación, bolsa y blue) ampliarían la brecha, la que no debería llegar a un nivel preocupante superior al 50 o el 60%. Sin embargo, un movimiento claramente perceptible del tipo de cambio que rige el comercio exterior del país impactará, a su vez, sobre el nivel de precios. Anclar el dólar es una herramienta antiinflacionaria de patas cortas.
"La forma en la que el Gobierno avanzó (con la desindexación) dejará litigios y, por ende, problemas fiscales a futuro”, anticipó Gabriel Zelpo.
Además, el Gobierno deberá descongelar las tarifas de luz y gas si no quiere provocar un atraso como el que se produjo en los últimos años de Cristina Kirchner, con sus secuelas de mayores subsidios y desinversión debido a la ausencia de incentivos para las empresas de la generación y la distribución. En la misma línea hay que considerar lo que ocurra con el transporte.
"La forma en la que el Gobierno avanzó (con la desindexación) dejará litigios y, por ende, problemas fiscales a futuro. Eso se tiene que remediar, para lo que es necesario encarar una reforma profunda”, dijo Zelpo, previendo reclamos de las empresas.
“Lo de las tarifas no tiene sentido. Son costos que responden en gran medida al dólar. Si los precios no responden a los costos, se incrementará la demanda y disminuirá la oferta, lo que hará que el país vuelva a un rojo fiscal y comercial”, agregó.
“Si bien es necesario desindexar la economía, me parece que tiene que hacerse de manera más sostenible a futuro”, remató el economista de Seido.
De acuerdo con Reija, Alberto Fernández "está usando sus primeros cien días de gobierno para poner en marcha todo este proceso de desindexación y ajuste, pagando costos políticos, para construir un escenario para la renegociación de la deuda en el primer cuatrimestre. Esta es la verdadera batalla, cuyo resultado determinará no solo el éxito o el fracaso de la política antiinflacionaria, sino, también, el rumbo de 2020 y los años posteriores”.
