“El esquema actual imposibilita la desinflación (…). Para resolver la crisis tenemos que cambiar eso. Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar y con eso, todos los problemas de consistencia macroeconómica y la situación de la gente”. Esas fueron las palabras que eligió el ministro de Economía, Martín Guzmán, el último martes al anunciar la suspensión por 180 de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, medida que, hasta el anuncio de una que la reemplace, será paliada con sendos bonos de $ 5.000 en diciembre y enero para beneficiarios del haber mínimo, cuyo nuevo monto será también el tope para quienes están justo por encima en la escala. Ese fue, en efecto, el texto de su discurso; el subtexto aludió al costado más problemático de la fórmula de movilidad que dejó el macrismo: la indexación de las jubilaciones con la inflación pasada. Se trata del debate maldito, que ningún gobierno desea dar, pero que un consenso amplio entre los economistas plantea como ineludible para abordar el problema fiscal de la Argentina.
Esto es así dada la extrema rigidez de la estructura del gasto público. De acuerdo con datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), a 2019 el gasto social (jubilaciones, AUH, pensiones) representa el 63 % de las erogaciones de la Administración Pública Nacional. Dentro de estas, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA) representa por sí solo de cerca del 40 % del gasto total, mientras que las asignaciones familiares y la AUH involucran alrededor del 7 % y las pensiones no contributivas un 5 %, entre otros ítems.
El problema fiscal es que, dada la reforma de la fórmula de movilidad aprobada por el Congreso en diciembre de 2017 (mientras, afuera, el ubicuo “hombre mortero” hacía de las suyas), esas prestaciones dejaron de surgir de la combinación kirchnerista, al 50 %, de la evolución de los salarios y de la recaudación, para hacerlo en base a otra, en la que la inflación pasada pesa el 70 % y el promedio de los sueldos, el 30 %. Quedaron, así, indexadas.
Los mencionados $ 5.000 en diciembre y enero representan un 35% sobre los $ 14.068 del haber mínimo, que cobra el 70 % de los jubilados. Si eso se incorporara finalmente a los haberes, esa porción de los adultos mayores mejoraría su capacidad de compra bastante por encima de lo que habría implicado la aplicación de la fórmula macrista, calculada en 11,57 % en marzo y 10,8 % más en junio. ¿Dónde está el ajuste entonces?
Andrés Méndez, director de AMF Economía, le dijo a Letra P que, cuando la inflación comience, por fin, a bajar, “la aplicación de la fórmula de movilidad en base a la del período anterior, ahora suspendida, sería una bomba dentro del gasto, algo complicado justo en momentos en que el Gobierno tiene que mostrar números (fiscales) hacia afuera”, esto es ante los acreedores con los que se renegocia la deuda pública y a quienes hay que darles seguridades de pago futuro. “Al manejar los aumentos por decreto, van a ir controlando ese gasto”, explicó.
Méndez añadió que “la suspensión de la fórmula de movilidad puede responder a dos objetivos: o bien a una licuación del gasto total en jubilaciones o bien a una redistribución dentro de ese componente, lo que implicaría un achatamiento de la pirámide”. Eso, cabe recordar, fue lo que hizo el kirchnerismo hasta 2015, lo que también tuvo una traducción política: mejoras para el sector pasivo políticamente afín a expensas deel medio y medio-alto, que no es precisamente peronista.
La importancia del ítem jubilatorio dentro del gasto público total, del 40 % como se dijo, es tal que el segundo en importancia en el ránking, el pago de intereses de la deuda, viene segundo con un 18 %, siempre según datos del CIPPEC. Este último saltó desde el 8 % a lo largo de la era de Mauricio Macri.
Así las cosas, si el gasto social suma 63 % del presupuesto y el pago de intereses, el 18 %, queda poco margen para la austeridad, dadas también las obligaciones con los trabajadores del Estado (médicos y enfermeros, docentes, policías, militares y un largo etcétera) y la necesaria inversión en la renovación de infraestructura, entre otros renglones. Todo en un marco de déficit fiscal y de cierre total del crédito para el país.
De acuerdo con una proyección de la Consultora Seido, el ahorro generado por la suspensión de la movilidad jubilatoria macrista puede representar un no desdeñable 0,7 % del PBI, descontando la incorporación de los bonos a la mínima y un achatamiento de la pirámide de ingresos. Seido calculó en su simulación incrementos del 10 % tanto en junio, como en septiembre y en diciembre, es decir posteriores a la presentación de una nueva fórmula desindexada. En tal caso, los haberes crecerían el año que viene unos 10 puntos porcentuales por debajo que la inflación del 54 % con que cerrará 2019
“Si tenemos en cuenta que la suma de todos los aumentos impositivos anunciados, desde retenciones hasta Bienes Personales, entre otros, arroja un aumento del 1,8 % del PBI de los ingresos públicos, el 0,7 % proyectado en materia jubilatoria permitiría totalizar 2,5 puntos del Producto. Como el gobierno de Macri dejó un déficit que, medido sin ingresos extraordinarios y sin que se hiciera nada, en 2020 también sería de 2,5 %, apuntamos a un equilibrio fiscal primario”, es decir antes del pago de deuda, en el primer año de gestión de Alberto Fernández, señaló Luciano Cohan, socio de Seido, en diálogo con este medio. ¿Ajuste? Sí. Pero reperfilado, "por arriba" o, en palabras del Presidente, "solidario".
La renegociación de la deuda debería, en tanto, neutralizar el déficit financiero de unos 3 puntos del Producto a través de un período de gracia que no debería ser menor a los tres años, esto es el resto de la administración Fernández y mientras la economía, se espera, recobra altura.
Consciente de que las devaluaciones del peso ya equilibraron el saldo comercial del país y que el apretón del cepo jugará en el mismo sentido, Fernández busca arrimarse por el costado fiscal y por el de la renegociación de la deuda al primer mandamiento de la economía de Néstor Kirchner: los superávits gemelos. No sin dificultades ni resistencias sociales y políticas, claro.
