La intención de la gobernadora María Eugenia Vidal de designar 42 jueces en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires antes de que finalice su mandato sigue generando controversia. La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata le envió una misiva oficial al titular del Senado, Daniel Salvador, para que llame a un “diálogo institucional” antes de habilitar la cobertura de 42 cargos vacantes en la justicia provincial, entre ellos, dos estratégicas sillas en el Tribunal de Casación, máxima instancia penal en suelo bonaerense, paso procesal previo para acceder a la Suprema Corte.
Con la firma de los jueces Víctor Violini (presidente y juez de Casación) y Enrique Catani (consejero y juez del fuero laboral), los magistrados nucleados en esa institución señalaron que en la Justicia bonaerense existen más de 280 vacantes judiciales. Los funcionarios sacaron a relucir su “preocupación” por el cuadro de situación e instaron al Senado provincial a que “arbitre los medios y despliegue los mayores esfuerzos en pos de obtener, a través del diálogo institucional”, una decisión con el “suficiente consenso amplio y plural” antes de dar acuerdo para la designación de magistrados “como tradicionalmente ha sucedido y las circunstancias lo aconsejan”.
El resultado de las PASO indicó un aplastante triunfo del cadidato a gobernador por el Frente Todos, Axel Kicillof, sobre Vidal. Desde entonces, ninguna encuesta de opinión pública muestra guarismos favorables al actual oficialismo y todo indica que la gobernadora no será reelecta. Esta situación no les es ajena a los magistrados y una vez más sale a escena la tensión entre Violini y el procurador general de la Corte, Julio Conte Grand.
“Cabe destacar que el proceso electoral en que nos encontramos transitando los bonaerenses” rumbo a las elecciones generales del próximo 27 de octubre “merecería una actuación político institucional prudente” para “no teñir la investidura de futuros magistrados judiciales”, se detalla en el documento, que también hace foco en la instancia de Casación, lugar para el que fueron seleccionados la funcionaria judicial Ana Julia Biasotti y el actual jefe de la Policía Judicial, Francisco Pont Verges, uno de los máximos funcionarios de confianza de Conte Grand. Un dato duro: las vacantes en Casación llevan más de cuatro años sin cubrirse.
En este marco, los magistrados de La Plata exhortaron al Senado provincial a actuar “con la mayor prudencia y responsabilidad institucional y democrática a la hora de dar acuerdo en el proceso de selección de magistrados”.
En la misma línea, se expresó hace días la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata, Berisso y Ensenada, un think tank judicial cercano al Frente de Todos que denunció “la falta de independencia del Poder Judicial” en la provincia.
En esta conducta, Vidal no se diferencia de su antecesor en el cargo, Daniel Scioli, quien, antes de abandonar el cargo puesto, envió 126 pliegos de magistrados para su aprobación, pero la impericia política de su compañero de fórmula, Gabriel Mariotto, entre otros factores, hizo fracasar la iniciativa. Tras asumir en diciembre de 2015, Vidal dio la orden de revisar cada uno de los expedientes y muchos fueron enviados al freezer.
Esta iniciativa de salida del vidalismo será una prueba de fuego para sus espadas legislativas, fundamentalmente para Salvador. Serán los pilotos en medio de la tormenta desatada por el resultado electoral con el objetivo de lograr un consenso que parece imposible.
De los 42 aspirantes a cargos judiciales, hay dos casos emblemáticos: las sillas para Casación bonaerense. Para esos dos lugares, Vidal bendijo a Pont Verges y Biasotti, tal como anticipó en exclusiva Letra P.
Más allá de sus méritos académicos, la presencia de Pont Verges genera especulaciones, entre las que emerge la posibilidad de que se transforme en uno de los arietes del vidalismo en Casación para controlar daños ante eventuales avances de causas judiciales que tienen a actuales funcionarios y a Vidal como protagonistas. A partir de diciembre, la gobernadora tendrá que ocuparse de un frente judicial: la esperan al menos tres denuncias que están en trámite.