La gobernadora María Eugenia Vidal fue denunciada penalmente por el delito de “desobediencia”, debido a que no cumplió con la orden de una jueza en lo Contencioso Administrativo que la había intimado y emplazado para que defina la situación del juez Martín Pizzolo, quien cuenta con decreto de designación desde el año 2015 pero no le toman juramento, tal como informó Letra P. La demanda también alcanza a los funcionarios José María Gripo, en su carácter de Secretario Legal y Técnico de la provincia de Buenos Aires, y al subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Adrián José Grassi, éstos dos últimos por presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según se desprende de la denuncia a la que este medio accedió.
Antes de la reciente feria judicial de invierno, una jueza en lo Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora dictó un amparo favorable al juez Pizzolo y emplazó a la provincia para que en 15 días resolviera la situación del funcionario que hace más de cuatro años que espera jurar para entrar en funciones.
En el año 2014, el por entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, firmó el decreto para que el funcionario, quien se desempeña como fiscal en el Departamento Judicial de Azul, asumiera como juez de un Tribunal Oral Criminal en Avellaneda. Trabaja en el Ministerio Público Fiscal desde el año 2007 y no tuvo ninguna denuncia ni observación por mal desempeño.
Con el cambio de gobierno, su situación quedó congelada, al punto que presentó la renuncia al cargo de fiscal y nunca fue resuelta. Impulsó varios pedidos de “pronto despacho” en el ministerio de Justicia pero la única respuesta fue el silencio. En abril de 2019, llevó a los estrados judiciales un recurso de amparo por “mora” que fue resuelto favorablemente, en línea con su pedido.
Pero el plazo dispuesto por la jueza de Lomas de Zamora expiró y la situación del magistrado sigue sin resolverse. Ante ese panorama, entabló una demanda penal que apunta a Vidal y dos funcionarios del Ejecutivo provincial.
“A todas luces, el delito de desobediencia se encuentra acreditado y probado”, según el denunciante, porque ha “transcurrido en exceso el término improrrogable de 15 días” otorgado por la jueza “para resolver la renuncia” del denunciante a su cargo como fiscal.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Investigación 16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, el mismo que allanó el Astillero Río Santiago en el marco de la pelea que enfrentó a trabajadores del predio naval con el gobierno provincial.
CONTEXTO. La situación de congelamiento de vacantes en el Poder Judicial es una de las deudas pendientes de la gestión de Vidal. A la luz de los resultados de las elecciones primarias del 11 de agosto en las que perdió por 17 puntos ante el candidato del Frente de Todos, el panorama señala que será muy difícil que logre la reelección y la reforma judicial de Cambiemos quedará trunca, casi al nacer.
Tal como informó este medio en varios artículos, doce funcionarios de Casación bonaerense padecen una situación similar, pero no idéntica. No tienen decreto de designación pero sus pliegos están obturados en algún anaquel de la cartera de Justicia, con el agravante que no mandan los pliegos al Senado, al tiempo que desde el Consejo de la Magistratura llamaron a nuevos concursos y confeccionaron nuevas ternas para cargos idénticos.
Funcionarios del gobierno provincial alegan problemas presupuestarios para esta descentralización judicial, pero existen en carpeta varios nombramientos de magistrados en la instancia. “El verdadero problema es que se quieren manipular los concursos, acelerar los pliegos de los amigos y cajonear o archivar a los que no son ‘amigos’ del actual oficialismo, es un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, indicaron fuentes judiciales consultadas por Letra P.
En medio de las turbulencias que generaron las denuncias del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Eduardo de Lázzari (denunció corrupción judicial, con “causas armadas”), integrantes del organismo de selección de magistrados bonaerenses acordaron en su última sesión -previa a la feria judicial- designar a seis postulantes para dos cargos. Los bendecidos fueron Fernando Gabriel Bellido, Ana Julia Biasotti, Matías Mariano Deane, Fernando Jesús González, Francisco Pont Verges y Pablo Hernán Santamarina, según se desprende del listado oficial al que accedió este medio.
Uno de los aspirantes que se destaca es Francisco Pont Verges, funcionario de máxima confianza del Procurador General bonaerense Julio Marcelo Conte Grand. Más allá de sus méritos académicos, su presencia genera todo tipo de especulaciones, entre las que emerge la posibilidad de que se transforme en uno de los arietes del vidalismo en la máxima instancia del fuero Penal de la provincia de Buenos Aires.
Esta denuncia no es la primera que enfrenta Vidal. A fines de 2018, trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires presentaron una demanda en el fuero Federal por el presunto desvío de 5.500 millones de pesos. La causa pasó a la justicia ordinaria provincial donde, por el momento, no registra avances significativos, pero los posibles cambios de aires políticos en el principal bastión electoral del país generan un impulso en la denuncia presentada por representantes de la Comisión Gremial Interna del Banco.
A principios de febrero de este año, se abrió otra investigación por el delito de “malversación de fondos públicos” que tiene en la mira los millonarios gastos en traslados aéreos de Vidal, refacciones de su casa de Morón a cargo de la Provincia y violación del artículo 130 de la Constitución Provincial, que dice que la Gobernadora debe vivir en La Plata.