Si el combo económico que encontrará Alberto Fernández el 10 de diciembre en caso de ser electo presidente ya es complejo en sí mismo, igual de preocupante es la contracara de la misma moneda: un panorama social deteriorado, que tiene entre sus principales desafíos la generación inmediata de empleo que comience a zurcir el tejido social. El proceso, que se avizora como lento y complejo, cuenta entre los principales desafíos la necesidad de convertir los planes sociales al mundo del trabajo privado, un eje sobre el que trabaja el diputado Daniel Arroyo, quien se posiciona como posible ministro de Desarrollo Social.
El plan del equipo de Desarrollo del Frente de Todos tiene tres ejes principales: el impulso de créditos no bancarios a baja tasa, la transición del mundo de los planes sociales al empleo privado y la creación de una red de tutores que trabajen para acompañar a los jóvenes en la vinculación entre la escuela y el trabajo. Todos figuran en la plataforma de gobierno que el espacio presentó ante la Justicia electoral a mediados de junio.
El primer punto tiene como objetivo la promoción del desarrollo de la economía social, para quienes trabajan por su cuenta en oficios como los de gasista, plomero o carpintero, por ejemplo. El plan prevé el acceso a créditos no bancarios a tasas bajas, en torno al 2 o 3% anual, que le permitan a los trabajadores adquirir máquinas y herramientas que necesiten para producir o desarrollar su actividad.
El segundo eje es el proceso que se conoce como "empalme" entre los planes sociales y el mundo del trabajo formal. Según los números del Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Carolina Stanley, en el último trimestre de 2018, el plan Hacemos Futuro tenía 247.169 beneficiarios, mientras que unas 269.874 personas cobraban el salario social complementario y 148.694 recibían dinero en el marco del programa Más y Mejor Trabajo. En total, entre los planes más abarcativos y otros menores, según los cálculos de Arroyo, los beneficiarios de planes sociales son alrededor de 700 mil. Según una nota publicada por el diario Clarín, el 90 por ciento de un universo de 450 mil planes los administra el triunvirato de San Cayetano que agrupa a las principales organizaciones: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie (línea Somos) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
“Hay quienes cobran planes sociales y rechazan las ofertas de trabajo privado por miedo a perder el plan, que es seguro. El empalme significa justamente que ambas cosas convivan en un principio, se articulen y se vayan empalmando, que el cobro del plan vaya descendiendo de manera paulatina, durante 24 meses hasta que termina”, explicó Arroyo a Letra P.
Según el plan en el que trabaja el diputado junto al equipo de Todos, el esquema de empalme debería orientarse fundamentalmente hacia los sectores productivos que generan empleo masivo, como la construcción, el comercio, la industria textil, el turismo y la metalmecánica. “Eso se puede hacer rápido, generando obras públicas comunitarias, construcción y reparación de viviendas, calles, rutas, cordones y cunetas, plazas”, detalló Arroyo, que trabaja en el esquema desde hace tiempo e incluso le propuso la idea a la gestión de Mauricio Macri. “El Ministerio lo tomó pero hoy solamente se aplica a unas cinco mil personas”, afirmó.
El último eje comprende la creación de una red de unos 20 mil tutores que puedan acompañar a los jóvenes en la escuela y luego facilitar su vinculación con el mundo laboral. El plan pretende comprometer en la tarea a los referentes sociales de cada barrio, maestros, sacerdotes, profesores, dirigentes con legitimidad, que puedan buscar y acompañar a niños y adolescentes en el desarrollo de habilidades que les simplifique la integración al trabajo.
“Es un trípode para vincular la informalidad o los planes sociales con el trabajo formal que complemente la atención de temas más urgentes, como la emergencia alimentaria”, sostuvo Arroyo, el principal referente de Todos en materia de desarrollo social y quien suena como posible ministro en caso de que las elecciones del 27 de octubre ratifiquen el resultado de las primarias y Fernández sea electo presidente.
El diputado del espacio Red por Argentina, que conduce Felipe Solá, fue secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo durante la gestión de Néstor Kirchner y luego pasó a la provincia de Buenos Aires, donde fue titular de la cartera social entre 2007 y 2009.
El plan en el que trabaja para Fernández, dice Arroyo, no es una continuidad de aquellas gestiones. "Nos encontramos con otra realidad productiva y muchos cambios en el mercado laboral. Algunas de las propuestas ya se aplican en otros países, como es el caso de los créditos no bancarios a tasa baja en Chile, Brasil y Ecuador", cerró.