En medio de la expansión de UBER, el Senado de California se encamina aprobar una ley que obliga a la empresa de viajes compartidos a contratar a los choferes como empleados y esa medida podría impactar en el resto del mundo.
La iniciativa obliga a modificar el estatus de sus conductores desde “contratistas independientes” a “empleados de tiempo completo”. Esta recategorización, le dará a los trabajadores más beneficios: un sueldo mínimo, el pago de horas extra y seguro de desempleo.
Esta normativa podría modificar la economía colaborativa y replicarse en las grandes ciudades, donde se utiliza esta aplicación pese a la resistencia de las autoridades y los gremios.
En Argentina, UBER comenzó a funcionar en 2016 en la Ciudad de Buenos Aires y desde el Gobierno porteño denunciaron su ilegalidad para operar como servicios de transporte de pasajeros.
Sólo en Mendoza es legal ya que esa provincia modificó la Ley de Movilidad para reconocer el transporte entre privados a través de plataformas digitales.
Esta semana, la empresa comenzó a funcionar en la ciudad de Córdoba, donde los taxistas y remiseros declararon un paro por tiempo indeterminado. El intendente Ramón Mestre advirtió que la operación será ilegal y que no sólo acudirá a la Justicia sino que secuestrarán los autos.
Los defensores de UBER explican que este tipo de contratación (sin beneficios laborales) permite flexibilidad, pero sus detractores dicen que priva a los trabajadores de estabilidad y seguridad.
Según el proyecto de ley, los trabajadores en California deben ser designados como empleados y no como contratistas, si su trabajo o desempeño es controlado por la empresa o si son parte del negocio habitual.
La iniciativa se aprobó con 29 votos a favor y 11 en contra en la cámara alta de la legislatura estatal y sienta un precedente que puede copiarse en las grandes ciudades donde funciona UBER.
En la actualidad, la empresa opera en 785 ciudades de 70 países y 150 desarrollaron legislaciones específicas para el “transporte a través de plataformas digitales”. En las otras, la compañía está conflicto con las autoridades.