A más de dos años de su desembarco en el territorio argentino, la empresa de servicio de transporte UBER continúa operando en la ilegalidad para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde mayo de 2016, cuando empezaron las reuniones entre la administración encabezada por Horacio Rodríguez Larreta y los enviados de la compañía estadounidense, hubo intentos para acercar posiciones, pero todos los rumbos de negociación terminaron en el naufragio. La relación entre ambas partes está quebrada y cada uno atiende a su juego: el Gobierno activó una ley para castigar a los choferes y la empresa intensificó su lobby mediático con una campaña publicitaria de saturación para presionar por su legalización.
La Legislatura porteña, por pedido de Rodríguez Larreta, aprobó este jueves con 37 votos positivos la conocida como "ley anti UBER", que, en rigor, es una modificación del Código de Tránsito y Transporte que contempla multas económicas y el quite de la licencia para los conductores. Previamente, el Gobierno porteño festejó, al menos públicamente, el fallo judicial que inhabilitó el pago con tarjeta de crédito y/o débito en esa aplicación, que insiste en presentarse como una plataforma tecnológica y no como un servicio de pasajeros.
En este último punto radicada el nodo de la discusión técnica y legislativa con la administración de Rodríguez Larreta. UBER entiende que necesita una regulación propia y acepta discutir cuestiones vinculadas al régimen impositivo y laboral, pero la Jefatura de Gobierno advierte que debería encuadrarse en la actual ley de remises. Según la firma, que nació en la ciudad de San Francisco, esa legislación es "restrictiva" y "encorseta" el volumen de operaciones porque fija un número específico de unidades que podrían circular por toda la Ciudad (2.500). Sobre ese punto se basa la falta de acuerdo y, bajo este argumento, la gobernación porteña insiste en señalar al servicio de UBER como un "negocio ilícito".
Actualmente, UBER exige a sus conductores que tengan licencia profesional y monotributo al día, cuenta con un esquema de seguros y ofrece su buffet de abogados para cuestiones legales en caso de incovenientes de sus trabajadores.
Mientras avanzaba la ley anti UBER, la empresa fatigó medios de comunicación con avisos publicitarios y activó un intenso lobby mediático para mantener su negocio y dejar en claro la demanda que posee, no sólo de clientes sino de choferes que buscan trabajo. Desde que se profundizó la crisis económica en Argentina, la compañía incrementó su flota de choferes y actualmente sobrepasa los 38 mil conductores en actividad.
Además de la catarata de comerciales insertados en TV, radio y diarios digitales, UBER -que consigue promocionar formalmente sus servicios a pesar de operar en la ilegalidad- se inmiscuyó en el terreno de las redes sociales: infinidad de mensajes circularon durante la semana por plataformas como Twitter, Facebook y Whatsapp para frenar o, al menos, retrasar el debate de la ley anti UBER. Hubo una militancia propia de la compañía y sus choferes, preocupados por las multas que podrían abonar a partir de esta nueva normativa, pero fundamentalmente una militancia de los propios clientes de UBER que, por decisión personal, publicaron en redes sociales mensajes en rechazo a la política del Gobierno porteño ante el tema.
Rodríguez Larreta optó por avalar la idea de la penalización económica para conductores que le ofreció el secretario de Transporte, Juan José Méndez. Fue una respuesta ineficaz que no resuelve el problema de fondo. El jefe de Gobierno está ante un laberinto político insólito: la mayoría de los miembros de su gabinete están a favor y usan UBER, pero no pueden avalar el funcionamiento de una plataforma que se mueve en la ilegalidad y promueve una legislación propia.
Mientras tanto, la compañía distribuyó de manera oficial escraches a legisladores que votaron a favor de la iniciativa que perjudica a los conductores e indirectamente a la compañía y azuzó el hastagh #QuieroElegirComoViajar para generar tráfico y conversaciones en Twitter para dinamitar la ley anti UBER.
