La legalización de la empresa UBER en la Ciudad de Buenos Aires profundiza su estado de letargo. Un laberinto político sin salida y por el que circulan el Gobierno, el sindicato de taxistas y la plataforma electrónica, que opera actualmente en el territorio, aunque funciona únicamente con el pago en efectivo. La Legislatura porteña, por orden de Horacio Rodríguez Larreta, dio luz verde a un expediente que fija multas y restricciones al servicio de transporte de pasajeros y afecta directamente a los choferes de la aplicación, pero el propio oficialismo reconoce la dificultad de aplicarla.
Con este esquema de sanciones, la ley afecta a los trabajadores y el impacto en UBER sería indirecto. De acuerdo a la normativa, los agentes de tránsito capitalinos suman la facultad de retener licencias y aplicar multas de hasta $200 mil para los conductores que recorran la Ciudad realizando servicio de transporte de pasajeros de manera ilegal. Sucede que la mayoría de los choferes de UBER solicitan a su cliente, en caso de que se trate de una sola persona, que suba al asiento delantero del vehículo. Ante ese escenario, y teniendo en cuenta la cantidad de automóviles que circulan por la Ciudad, esta potestad arroja más sombras que luces.
En paralelo, el Gobierno hizo esfuerzos denodados por “ampliar” el ángulo comunicacional de la ley en cuestión, pero fue en vano. Con la polémica de UBER encima, desde hace casi tres años, el foco noticioso y político estaba teledirigido. Desde el miércoles por la tarde, el oficialismo porteño avivó el mensaje acerca de que las modificaciones al Código de Tránsito y Transporte también ponían la lupa sobre los micros que trasladan hombres y mujeres hacia manifestaciones en el centro porteño y hasta una regulación sobre los trabajadores de Rappi y Glovo, que finalmente se borró del expediente.
El propio Larreta, ofuscado, intentó esta mañana aclarar que el expediente apunta a una regulación global del sistema de tránsito y transporte. En diálogo con Juan Pablo Varsky, buscó aclarar que no se trata de una ley focalizada en UBER. Mientras tanto, la firma estadounidense que nació en la ciudad San Francisco disparaba una cadena mails señalizando nombre,filiación política, usuario de Twitter y postura ante el tema de una serie de legisladores porteños. Los macristas Agustín Forchieri, Daniel Presti, Cristina García integraron el lote de escrachados por “estar en contra de tu derecho a trabajar y viajar”, mientras que sus colegas Marcelo Guouman, Gabriel Solano y Natalia Fidel quedaron rubricados entre quienes se inclinaron en favor de la compañía.
Actualmente, UBER trabaja de manera legal únicamente en la provincia de Mendoza. Sin embargo, el distrito que gobierna el radical Alfredo Cornejo optó por un sistema desregulado: se habilita el servicio, pero se adeudan discusiones sobre sus compromisos tributarios y, también, el sistema de contratación y de convenios laborales.
Un detalle que el Gobierno nacional debería atender, teniendo en cuenta que la compañía contó con el visto bueno de Mauricio Macri para ingresar a la Argentina. Como contó Letra P, la compañía experimentó un boom al compás de la crisis económica. Rodríguez Larreta, como buena parte de su gabinete, avala el desembarco de UBER, pero reclama que la firma se ajuste a la ley de taxis y remises, como lo hizo Cabify. Todas las mesas de negociación entre el Gobierno porteño la compañía fracasaron. El diálogo está roto y el avance que más prosperó fue por la vía judicial: prohibición de utilización de tarjeta de crédito.
Ante este marco y las propias dudas del Gobierno, la ley anti UBER funcionaría como un ansiolítico para alivianar la tensión con el titular de los peones de Taxi, Omar Viviani, viejo conocido del oficialismo. Un mensaje político ante un gremio que se hace notar y que copó los alrededores de la Legislatura para festejar la normativa.
El único camino que el Gobierno admite que podría contribuir para “poner en caja” a UBER es que la activación de multas y la quita de la licencia para quienes lleven pasajeros sin estar habilitados funcionen de manera preventiva. “Creemos que muchos choferes se cuidarán y no saldrán a la calle sabiendo que están expuestos a multas y a que les saquen el registro”, confiesan fuentes oficiales.
El caso UBER es todo un laberinto político para Rodríguez Larreta, que envió a sus emisarios a negociar con la empresa una y otra vez. El primero que avanzó fue, allá por 2016, el entonces ministro Andrés “Andy” Freire. Luego fue el turno del secretario de Transporte, Juan José Méndez, que endureció la postura gubernamental ante la negativa de la compañía a adecuarse a la legislación local y es el cerebro de la denominada ley “anti UBER”.
Todas las propuestas de negociación quedaron en el naufragio y sulfuraron al jefe de Gobierno, que desde hace días masculla en privado por un número que lo atormenta. Según mediciones oficiales, el 90% de los porteños avala y quiere que UBER opere con normalidad en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno aún no encuentra respuesta para, al mismo tiempo, garantizar el sistema -por medio de una negociación en la que UBER cumpla la legislación- y mantener el vínculo con los taxistas.
