El clima de reuniones febriles que el presidente Mauricio Macri vivió el fin de semana pasado se trasladará al equipo del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que mantendrá reuniones y consultas telefónicas con los referentes de la oposición para “pulir” el proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Senado para “reperfilar” los vencimientos de la deuda externa argentina para 2020 y 2023, es decir, para los plazos que deba afrontar el jefe del Estado que asuma el 10 de diciembre.
Los movimientos buscarán involucrar a la oposición en la gestión de la crisis financiera posterior a la derrota sufrida por el oficialismo en las PASO del 11 de agosto. Este viernes por la noche, el líder del PRO utilizó su cuenta de Twitter para sumarse a la movida que apuntará al Congreso: "Todos podemos ayudar desde la responsabilidad y la prudencia a llevar tranquilidad a los argentinos. Cada uno desde su lugar. Como Presidente es mi única prioridad. Todas mis acciones van en esa dirección, buscando tender puentes y dialogando", fue la frase que diseñó la Casa Rosada para comunicar el giro.
Un funcionario del Palacio de Hacienda confirmó a Letra P que a partir de la semana próxima parte de la ofensiva política del Gobierno se trasladará al Congreso desde que ingrese el proyecto a la Cámara de Senadores y continuará el miércoles, cuando el ministro se presente ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación.
El tono de su comparecencia a mitad de semana se definirá apenas se conozca el texto que ingrese el lunes al Senado. La previa de esta semana no lo ayuda, pero explica el giro de llevar el debate al Congreso: el jueves y el viernes las calificadoras de riesgo Fitch y Standard & Poors le bajaron la nota a la deuda argentina y consideraron al país en default "restringido" y "selectivo", respectivamente. Y el senador radical Julio Cobos advirtió que, si las medidas no tenían éxito, era necesario tomar decisiones más drásticas, como un esquema de control de cambio (cepo), mientras el Banco Central publicaba la Comunicación "A" 6768, donde estableció que "las entidades financieras deberán contar con la autorización previa del Banco Central de la República Argentina para la distribución de sus resultados".
Se trata de un endurecimiento en el control de flujos de capitales, pero solamente alcanza a los bancos. En la autoridad monetaria sostuvieron que esta medida “garantiza que se mantenga la liquidez del sistema, para que los depositantes puedan hacerse de la liquidez que demanden”. La decisión, que ya funcionó entre 2006 y 2018, es contraria al catecismo de libre comercio de Macri, pero busca “que la liquidez del sistema sea mayor para evitar cualquier tipo de falta de dinero”.
La explicación oficial trasluce la preocupación de que los bancos aumenten la fuga de capitales y que haya una corrida de depósitos. Quizás ese temor haya motorizado las palabras de Cobos que ensombrecieron los humores del Gobierno este viernes.
MENÚ DE FIN DE SEMANA. Para evitar más obstáculos, Lacunza y sus secretarios mantendrán reuniones con los equipos económicos de la oposición, con la atención puesta en el Frente de Todos y Consenso Federal. “Estará en contacto con los principales asesores de la oposición, pero ya habló con (el candidato presidencial de Consenso Federal) Roberto Lavagna, con el ex presidente del Banco Central Martín Redrado y con Guillermo Nielsen”, aseguró un alto funcionario de Hacienda en alusión a los dos economistas que colaboran con el candidato presidencial Alberto Fernández.
Tanto en el peronismo como en el interbloque de senadores y diputados de Cambiemos dudan de la necesidad que tenga Macri para impulsar una reprogramación de la deuda con una nueva ley. No sólo porque el acuerdo con el FMI nunca pasó por el Poder Legislativo, sino porque la ley de administración financiera le permite al Ejecutivo hacerlo sin tener que recurrir al Congreso.
Una fuente de la jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña, buscó bajarle el tono a esas dudas. “La idea no es tan táctica, sino realmente mostrar que estamos haciendo todo lo posible por eliminar las dudas sobre el futuro de la Argentina, tomando ideas que vienen de la oposición y más allá del proceso electoral. Si hay un canje voluntario de deuda durante este mandato, seguramente ayudará al próximo, sea quien sea”, explicó.
DE LA PERTINENCIA A LA OPORTUNIDAD. En Hacienda también apuntaron sobre las dudas que surgen sobre el proyecto, pero eludieron las preguntas sobre su necesidad. “Vamos a insistir en el diálogo con la oposición para llegar a un acuerdo que se plasme en el Congreso. Necesitamos dar una señal muy clara de certidumbre al programa financiero en este momento de volatilidad”, insistieron los funcionarios que defienden la pertinencia de la ley.
Dentro de Cambiemos, sus más destacados legisladores confirman en reserva que no hace falta una ley de este tipo, pero también reconocen que la movida es hija de la necesidad. Consideran que es muy importante contar con el apoyo de la oposición para acordar la reprogramación de los vencimientos, pero en el PJ perciben ese gesto como un abrazo de oso para compartir los costos políticos del “reperfilamiento”.
Por el contrario, la Casa Rosada aumenta las apuestas para trasladar el debate de la crisis financiera posterior a las PASO al interior del Congreso desde la semana próxima. Sus voceros ventilan la necesidad de enviar el proyecto y obtener su sanción total como un requisito clave para mantener la negociación que comenzará con el FMI, mientras no hay confirmaciones del desembolso de 5.400 millones de dólares previsto para septiembre dentro del endeudamiento contraído mediante el Acuerdo Stand By que firmó Argentina con el organismo financiero por 57.000 millones de la moneda norteamericana.
