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Tragedia en Moreno: un año después, reclamos que perduran y justicia en espera

La causa, en condiciones de elevarse a juicio oral, limita la responsabilidad al plano local. Los gremios afirman que Vidal y Sánchez Zinny “también son responsables”.
Por 02/08/2019 8:23

A un año, no existen aún autores penalmente responsables que estén condenados por la explosión en la Escuela Nº 49 de Moreno que se llevó la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y el portero del establecimiento Rubén Rodríguez. La causa que investiga el trágico hecho está en condiciones de ser elevada a juicio oral pero allí las responsabilidades se circunscriben a la esfera local: el ex interventor Sebastián Nasif, el gasista, el ex secretario técnico del Consejo Escolar y algunos consejeros. Pero los gremios persisten en su reclamo por correr los límites de las responsabilidades hacia el ámbito provincial.

“Hay una responsabilidad política porque en el distrito de Moreno el Consejo Escolar estaba y está intervenido por el Gobierno de la provincia. La Provincia no lo podía desconocer, porque había puesto un interventor, cuál era la situación edilicia”, sostuvo en diálogo con Letra P la titular del Suteba Moreno, Mariana Cattáneo.

Para sostener esa acusación, la dirigente sindical remarcó que, previo a la explosión, los docentes habían movilizado al Consejo Escolar varias veces y habían entregado “en mano a Sergio Siciliano (subsecretario de Educación bonaerense), cuando viajó a inaugurar la Escuela 78 en Moreno, y a Gabriel Sánchez Zinny (titular de la cartera educativa), durante una visita a la Escuela Especial 505, una carpeta con problemas en las escuelas del distrito, planteándole básicamente que la Dirección Provincial de Infraestructura nos escuchara y que vinieran a inspeccionar las escuelas, porque Moreno no tenía inspectores de infraestructura fijos”.

 

La fiscal a cargo de la UFI Nº 8 pidió en mayo pasado la elevación a juicio oral de la causa en la que el principal acusado es el gasista Cristian Ricobene, por quien la fiscal solicitó cinco años de prisión. Entre  2 y 4 años de prisión en suspenso, por el delito de incumplimiento a los Deberes de funcionario público e inhabilitación, se requirió para Sebastián Nasif (ex interventor del Consejo Escolar, designado por la Provincia), Mónica Berzoni (ex presidente del Consejo Escolar), Pablo Daniel Perazzo (ex Secretario Técnico del Consejo Escolar) y Jorge Galian (consejero escolar, a cargo del área de Infraestructura).

 

Tras recordar que, ante los constantes reclamos, los inspectores provinciales recorrían algunas escuelas “los días que la Provincia le proveía combustible”, Cattáneo marcó que “cuando explota la escuela, a la semana siguiente el gobierno de la provincia trae inspectores de todos lados para revisar las instalaciones de gas y lo cortan en todas las escuelas, porque encuentran que más del 85% tenía pérdida. Entonces, inspectores podían tener. Y después se llevaron a cabo estas obras, entonces dinero había. Lo que la Provincia no tenía era la decisión política de intervenir con esos recursos en las escuelas del distrito de Moreno”.

Por eso, sostuvo que “Vidal, Sánchez Zinny y el director de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario, son responsables, porque si ponés un interventor en un distrito, se supone que tenés la foto del distrito. Además nosotros habíamos hablado con Nasif”.
 


“El ajuste de Vidal mata”, aseveró para enfatizar que en diciembre de 2015 “se paralizaron las obras y se fueron tomando decisiones que dejaron a las escuelas por debajo del nivel de subsistencia en términos de infraestructura escolar”.