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Radiografía de los dueños de la lapicera en la Junta Electoral bonaerense

Quiénes son y cómo llegaron al cargo cada uno de los cinco magistrados que conforman el organismo que controla las elecciones en el principal distrito electoral del país.
Por 01/07/2019 9:38

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires es el organismo oficial que controla las inscripciones y documentaciones de las fuerzas políticas que compiten en las elecciones que se desarrollan en el principal bastión electoral del país. El cargo más importante, el de gobernador, tiene –en términos numéricos y según diversas encuestas- entre sus principales contendientes a María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) y a Axel Kicillof (Frente de Todos).

Cada dos años y mientras dura el proceso electoral, una de las miradas del mundo político se posa en este organismo que está integrado por el titular de la Suprema Corte bonaerense, el presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías penales de La Plata, el titular del Tribunal de Cuentas, además de los titulares de las cámaras de apelaciones de los fueros Civil y Comercial y los de las del Contencioso Administrativo.

Entre sus misiones y funciones, la Junta se encarga de formar y depurar el registro de electores; designar y remover los ciudadanos encargados de recibir los sufragios; realizar los escrutinios; juzgar la validez de las elecciones; diplomar a los legisladores provinciales y municipales, y a los consejeros escolares; además de considerar y aprobar el registro especial de electores extranjeros, entre otras tareas no menores. Su funcionamiento está reglado en la Ley Electoral 5109 y sus normas complementarias.

 

 

Para el turno electoral 2019, la presidencia de la Junta Electoral está encabezada por el ministro de la Corte Eduardo Néstor de Lázarri, secundado en la vicepresidencia por el histórico jefe de la Cámara Penal de la capital bonaerense, Eduardo Raúl Delbés. Las vocalías quedaron para Eduardo Benjamín Grinberg (titular del Tribunal de Cuentas), Ana María Bourimborde (cabeza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata) y Gustavo Daniel Spacarotel (cabeza temporal de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata).

Salvo un caso, proveniente de las filas del radicalismo, la mayoría de los integrantes del órgano de control electoral son funcionarios judiciales que están ligados de uno u otro modo al peronismo bonaerense.

DE LÁZZARI. Es el actual jefe jurídico y administrativo de la Suprema Corte. Este egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se opuso a la designación de Sergio Torres como juez de la corte provincial y protagonizó una batería de reclamos a la gobernadora Vidal. Conocedor de la función pública, fue secretario de Seguridad bonaerense y llegó a ministro de la Corte en 1997, de la mano del entonces gobernador Eduardo Duhalde. Antes se había desempeñado como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y había presidido la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del mismo Departamento Judicial. Además, fue Procurador General bonaerense desde noviembre de 1994 hasta octubre de 1996.

 

 

DELBÉS. Es presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, cargo al que llegó impulsado por el peronismo bonaerense. Lleva más de 40 años dentro del Poder Judicial. En 2000, fue protagonista de una denuncia penal por espionaje a magistrados de la capital bonaerense. Es uno de los últimos exponentes de la “vieja guardia” de la familia judicial que integraron, entro otros, Horacio Piombo, Benjamín Sal Llargues y Pedro Soria.

GRINBERG. Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, está al frente del Tribunal de Cuentas desde 1987, lugar al que accedió por impulso del radicalismo provincial luego de la elección que ese año ganó Antonio Cafiero y lo empoderó como gobernador bonaerense. Su figura es fuertemente cuestionada por el oficialismo de Cambiemos. Lo acusan de manejo discrecional de un presupuesto millonario destinado a pagar salarios alta gama a personas de su confianza.

BOURIMBORDE. Camarista civil. Está casada con el ex senador bonaerense Carlos Martínez, histórico dirigente del Partido Justicialista de La Plata y uno de los actuales armadores del lavagnismo en la provincia de Buenos Aires, con pasado en el duhaldismo. En 2018, en una resolución histórica, consideró que los restaurantes ya no podían cobrar el servicio de mesa al cliente al considerarlo ilegal. El fallo, que administrativamente corresponde a la provincia de Buenos Aires, quedó como antecedente para todo el país.

 

 

 

SPACAROTEL. Se graduó de abogado en la UNLP y fue subsecretario legal y técnico de la comuna platense durante la gestión del ex intendente Julio Alak. Con apoyo político del peronismo, el 7 de julio de 2004 llegó a ser camarista en lo Contencioso Administrativo. Fue uno de los magistrados que confirmó la legalidad de los descuentos docentes por días de paro, en una resolución dictada en 2013 que levantó polvareda. También anuló un fallo de primera instancia que ponía freno a los tarifazos en provincia de Buenos Aires, decisión que benefició a las empresas distribuidoras Edelap, Edes S.A, Edea S.A, y Eden S.A.

De lo que decidan estos cinco funcionarios dependerá el futuro político de los aspirantes a cargos en pugna, desde gobernador hasta consejeros escolares, pasando por legisladores provinciales, concejales e intendentes. En sus manos se define una parte sustancial del escenario electoral en el distrito más poblado del mapa nacional.