El manejo de fondos públicos en el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires está en la mira de los diversos actores del gobierno de María Eugenia Vidal, quien, según confirmaron fuentes oficiales consultadas por Letra P, desde que asumió en diciembre de 2015 mira con recelo lo que ocurre puertas adentro del organismo, donde peronistas y radicales conviven en sintonía al calor de la estabilidad del empleo público. Allí, en tanto nadie saque los pies del plato, la grieta no existe.
El HTC es presidido por Eduardo Benjamín Grinberg, quien nombró en la repartición a su esposa, a su hijo, a la mujer de su chofer y hasta a un profesor de yachting, entre otros polémicos casos. Además, obligó a jubilarse a funcionarios de diatada trayectoria por enfrentamientos personales.
El órgano de decisiones del Tribunal está conformado por una presidencia -a cargo de Grinberg desde 1987- y cuatro vocalías: dos encargadas de auditar los municipios; una que se ocupa de controlar las reparticiones autárquicas y entes especiales y otra que controla la administración central, es decir, el Ejecutivo bonaerense. Debe inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administran fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir irregularidades en la forma y con arreglo al procedimiento que determina la ley.
Para desarrollar estas tareas preventivas y de control, cuenta con un presupuesto anual de mil millones de pesos con los que sostiene la masa salarial de 531 empleados. El 95% de ese presupuesto se destina a salarios.
Los datos que emanan de las oficinas de la repartición ubicada en la Torre Administrativa II de La Plata son inquietantes. Fuentes del organismo detallaron a Letra P que “dentro de la nómina de autoridades y agentes se encuentra un árbol genealógico de parientes integrado por Gringerg, su esposa, su hijo, su profesor de yachting. Hasta la mujer del chofer de Grinberg está encuadrada dentro de la dirección de normas ISO”.
Hijo. Martín Grinberg, heredero del presidente del Tribunal.
Un dato que sirve como muestra del manejo discrecional de cargos y recursos públicos para beneficios familiares. En el año 2010 se creó el cuerpo de oficiales letrados de delegaciones. Mediante concurso, fueron seleccionados Ignacio Martín Grinberg y Maria Manuela Moreau (hija del dirigente radical K Leopoldo Moreau), entre otros, para cubrir las vacantes de los 20 oficiales letrados para las diferentes delegaciones.
Con siete de meses de antigüedad, en mayo de 2011, Grinberg hijo asumió como director general de Relaciones Institucionales e Internacionales, categoría funcional similar a la de director provincial, según anexo 1 de Ley 10.430 de empleo público.
Tras un extenso barrido en organismos oficiales se detectó que no existe información pública en registros consultados (http://www.htc.gba.gov.ar/) sobre los postulantes y resultados de los mismos. Atento a esto sugiere demasiada fortuna que María Manuela Moreau ganara el concurso para la Delegación San Isidro, localidad en la que reside según padrón electoral y matriculación profesional como abogada (17/3/2009).
Estas situaciones no son aisladas y presentan un patrón de conducta dentro del organismo. Dolores Bourimborde Martínez ingresó en octubre de 2012 como directora de Relaciones Institucionales. Es hija de la camarista civil Ana María Bourimborde y el ex senador provincial peronista Carlos Martínez.
Gonzalo Flores ingresó en 2011 con pase de otro ministerio. Amigo personal de Ignacio Grinberg, desembarcó como director general de Coordinación con Delegados, Sistemas y Archivos, con categoría 27, una de las máximas dentro de la carrera en la administración pública bonaerense.
Ramiro Fernández, director de Prensa del Tribunal de Cuentas, es hijo del ex vocal Gustavo Fernández. Ingresó con categoría 5 y rápidamente escaló hasta la 25.
Carlos Basile fue designado como relator mayor mediante la resolución 65/16 de la presidencia, previa reserva de cargo en la Delegación Zona II correspondiente al departamento judicial de Quilmes. Su categoría salarial es 29. La designación Basile, de estrecho vínculo político con Aníbal Fernández, significó un grave vicio en el acto administrativo. Para ese cargo fue propuesto el contador Juan Manuel Tobes, expediente que nunca prosperó por decisión de Grinberg ante la disputa interna con el entonces vocal (ya jubilado) Héctor Bartolomé Giecco. Basile no cumplía con los requisitos básicos para tal designación: no poseía el cargo mínimo anterior y, además, debería acogerse por edad al beneficio jubilatorio.
Pedro Fernández, con licencia gremial, reserva de cargo como “Relator de Auditoria Interna” y goce de salario, es el secretario general del gremio APOC, que nuclea a los trabajadores de los organismos de control.
Desde el año 2011 a la fecha se produjeron varias reformas y modificaciones al organigrama de estructura. El eje central se ejecutó el 30 de noviembre de 2015, antes del cambio de gobierno. Según el expediente 5300-328/15, se propició la designación de diferentes personas en distintos cargos en la Unidad Estructural del Cuerpo Colegiado del organismo.
Quienes transitan a diarios los pasillos de la repartición pública no dudan en señalar que “existe en el Tribunal un poder explícito en el tercer piso establecido por Ignacio Grinberg, que es el principal operador entre el auditor y los auditados”.
Atento a la no funcionalidad de algunos auditores, se los jubiló de manera abrupta, como fue el caso del relator mayor Juan Cafesse. Otros auditores de “alto vuelo” fueron separados por ser emprendedores o cuentapropistas dentro del organismo, como fue el episodio de Gustavo Durán, quien, tras un intercambio fuerte verbal con el presidente, fue jubilado a los 53 años.
La función preventiva funcionó desde el año 2007 hasta el ejercicio 2014 de la administración provincial. No así en el ejercicio 2015, donde encontraron un sin fin de irregularidades a partir de la denuncia para el ex gobernador Daniel Scioli por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que hizo la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió.
Las resoluciones del Tribunal en relación a la administración central bonaerense de los años 2013 y 2014 fueron sin multas y cargos para áreas como la obra social IOMA y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, dos de las reparticiones que son investigadas en el fuero Penal de La Plata tras la denuncia de Carrió.
También está el caso de los controles a las cuentas en los municipios. Preexisten varios casos que explican el modo de “arreglar” con el organismo. Una forma de no agitar las aguas es que los distritos contraten “empresas amigas” vinculadas a dos “cajeros” mencionados como “Willy” Hitters y “Chiche” Etils, cercanos a la presidencia del Tribunal.
En el año 2011 comenzó una paulatina transferencia de recursos presupuestarios al área de Presidencia en desmedro de las vocalías. La transferencia de fondos, sumada a la ampliación de dependencias de Presidencia, atentan contra el fin primario del Tribunal, que es el control de los fondos públicos en la provincia de Buenos Aires.
A partir de estas decisiones, la Secretaria de Auditoria Financiera y Proyectos de Inversión, la Secretaria de Consultas y Dictámenes y la Secretaria de Actuaciones y Procedimientos pertenecen al cuerpo colegiado junto a las secretarias de Relaciones Institucionales y Profesionales, Modernización y Fortalecimiento Institucional, Administración y Recursos Humanos, Dirección General de Análisis Técnico y la Dirección General de Coordinación con Delegaciones, Sistemas y Archivo.
Además de los porcentajes organizacionales, se ha producido un debilitamiento de áreas de vital importancia como fue la desintegración del área jurídica con el consecuente riesgo para la administración ante planteos de nulidad. Un órgano que controla la legalidad de sus decisiones, al día de la fecha, sin dictamen jurídico previo.
Estas situaciones ya fueron señaladas y puestas a consideración de la gobernadora María Eugenia Vidal por el ex vocal Giecco, mediante una nota presentada el 16 de junio de 2016.
En la actualidad, el organismo de control por excelencia de la provincia de Buenos Aires, en connivencia con el gremio APOC, representado por el dirigente gremial Fernández, establecieron un sistema de compensación dineraria de “horas extras distributivas” que alcanzan a agentes dentro del organismo. Se trata de horas extra que no se cumplen y que son liquidadas mensualmente. Tampoco existe un registro contable de viáticos ni asignación de los mismos.
