La justicia electoral le asestó un revés al gobierno de Mauricio Macri al declarar inconstitucionales tres decretos que modificaban las reglas de juego de cara a los comicios de octubre próximo. Por pedido de un grupo de diputados de la oposición, el fallo señaló que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar en materia electoral de espaldas al Congreso, algo que podría suponer un precedente para un tema clave en el armado peronista de la provincia de Buenos Aires: otro decreto presidencial que eliminó la posibilidad de que un candidato a gobernador vaya “colgado” de diferentes fórmulas presidenciales.
En enero pasado, la Casa Rosada había tomado una serie de resoluciones que incluían tres decretos -45, 54 y 55/19-, mediante los cuales buscaba convocar a elecciones separadas tanto para los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, como para las personas privadas de su libertad y las fuerzas de seguridad abocadas a custodiar los comicios.
Las medidas habían sido cuestionadas por un grupo de diputados del Frente Renovador, el kirchnerismo y el PJ, quienes coincidieron en que las modificaciones solo pueden hacerse por ley, dado que exceden una mera reglamentación.
El fallo, de hecho, recuerda que "no resulta admisible permitir una intromisión por vía reglamentaria de una competencia exclusiva asignada por el constituyente al Poder Legislativo de la Nación, más aun cuando la propia Constitución Nacional expresa que '…Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras".
Este jueves, la titular del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con competencia electoral, María Servini, declaró la inconstitucionalidad de esos tres decretos.
Lo que establecía el Gobierno “era un disparate. Menos mal que la Justicia lo entendió así. Es inaceptable que los argentinos en el exterior vayan a votar sin ningún control”, analizó el apoderado del PJ, Jorge Landau. Ese decreto regulaba las condiciones de votación de más de 360.000 ciudaanos, una cifra "capaz de definir una elección", explicó.
En principio, la medida apuntaba a la elecciónd ee ste año. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió el mes pasado, anticipándose a lo que sería el fallo de Servini, que esas el contenido de los decretos 54 y 55 (votación anticipada de presos y comando electoral) recién sería aplicable en las elecciones legislativas de 2021.
En diálogo con Letra P, Landau dijo que el fallo de este jueves puede ser considerado un precedente sobre la cuestión de las “colectoras”, aunque de modo parcial.
“Lo que tienen en común los tres decretos de la presentación y la cuestión de las listas de adhesión, mal llamadas colectoras, es que en todos esos casos no hubo participación del Congreso de la Nación. Sin embargo, en el primer caso se trata de tres decretos que se emitieron en enero y que modificaban temas ya legislados y, en el segundo, de un decreto reglamentario de una ley ya existente”.
Desde ese punto de vista, “se trata de casos de una naturaleza distinta, es una cuestión de apreciación”, añadió.
“En el caso de las listas de adhesión, sobre las que ya hemos hecho una presentación -siguió Landau-, el decreto modificó una jurisprudencia que históricamente tenía el aval de la Cámara Electoral. La pregunta entonces es: ¿es más importante un decreto reglamentario o los precedentes de la Cámara?”.
Por su parte, la diputada por el Frente Renovador Cecilia Moreau, una de las autoras de la presentación contra los tres decretos, le dijo a Letra P que como los mismos tratan sobre cuestiones electorales, "esos temas deberían haber sido aprobados por el Congreso y con la mayoría absoluta de los miembros de las dos cámaras”.
“El primero de los decretos, para el que se planteó la inconstitucionalidad y que habla del voto en el exterior, modifica el Código Electoral”, agregó la diputada, algo inadmisible a su entender porque “va en contra de la ley y se lanza cuando ya hay un cronograma electoral armado”.
La cuestión de las listas de adhesión (colectoras invertidas) fue un tema que negociaban emisarios de Cristina Kirchner y Sergio Massa para dar con un candidato único en la provincia de Buenos Aires que pudiera competir, a la vez, con las fórmulas presidenciales de la Unidad Ciudadana y la Alternativa Federal. Pero Macri eliminó esa chance a través del decreto reglamentario, aunque ya la habían usado dirigentes actuales de Cambiemos como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Con su decisión, el Presidente intentó evitarle una competencia más fuerte a María Eugenia Vidal en ese territorio.
“El precedente radica en que el Poder Ejecutivo no puede seguir modificando el régimen electoral a su antojo y en cualquier momento, cuando en poco más de 30 días se tienen que inscribir las alianzas”, señaló Moreau.
Los otros diputados peticionantes fueron Graciela Camaño, Raúl Pérez y Carla Pitiot.
