El futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, se matriculó como abogado en el colegio profesional del departamento judicial de San Isidro y llenó otro de los casilleros de requisitos con la mira de acceder al cargo para el que fue avalado por unanimidad en el Senado provincial, con el apoyo sin fisura de todos los bloques políticos con representación parlamentaria, tal como adelantó Letra P hace dos semanas.
El lunes 15 de abril, Torres prestó juramento como abogado en el colegio profesional que comanda Santiago Quarnetti, quien le preparó una ceremonia particular para el juez federal que ahora espera por la firma de dos decretos para poder asumir en el cargo. Uno lo debe rubricar el presidente Mauricio Macri en la aceptación de la renuncia al sillón de magistrado en el juzgado federal 12 en el turbulento edificio de Comodoro Py.
Santiago Quarnetti y Sergio Torres.
Torres fue el primero de los jueces federales nombrado mediante el Consejo de la Magistratura de la Nación tras la reforma constitucional de 1994 y llegó al cargo en tiempos de gobierno del ex presidente de la Alianza Fernando De la Rúa.
La gobernadora ya firmó el decreto de designación y en la Suprema Corte comenzó a tramitarse el expediente del caso para poner en funciones al nuevo integrante de cúspide judicial.
Las autoridades del Colegio de Abogados de San Isidro junto al juez Sergio Torres.
Torres asumirá el cargo bajo la presidencia de Eduardo Néstor de Lázzari. El mandato de Eduardo Julio Pettigiani feneció el jueves 18 de abril y su lugar fue ocupado por el ex camarista Federal y Civil de La Plata, quien formalmente tomará el control administrativo y político del cuerpo el próximo lunes.
Una vez en funciones, el ex juez de Comodoro Py deberá resolver junto al resto de los integrantes del cuerpo al menos dos causas sensibles como son los planteos de inconstitucionalidad de dos leyes que aprobó la Legislatura bajo la gestión Cambiemos: la adhesión de la provincia a la norma 27.348 complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo y la reforma del sistema jubilatorio de los empleados del Banco Provincia.
El primero de los expedientes obliga a las y los trabajadores que sufrieron accidentes laborales a transitar obligatoriamente por las comisiones médicas antes de poder acceder a la justicia. La provincia de Buenos Aires sancionó en diciembre la Ley 14.997 por la cual adhiere a la norma nacional 27.348. La misma, publicada el 8 de enero de 2018 en el Boletín Oficial, entró en vigencia el 17 del mismo mes. La polémica está dada porque les otorgaron a los médicos laborales funciones que son propias de los jueces de ese fuero, con la excusa de bajar los índices de demandas y mermar las indemnizaciones a los accidentados, entre otros tópicos.
La Suprema Corte bonaerense quedará conformada con siete ministros.
Abogados particulares y colegios profesionales llevaron en bloque uniforme sus quejas por la adhesión a la normativa nacional que forma parte de uno de los intentos de reforma laboral impulsados por la ortodoxia PRO.
El segundo de los polémicos expedientes apunta a dejar sin efecto la Ley 15.008, aprobada a instancias de Vidal, que reforma el sistema de jubilaciones de los trabajadores del Banco Provincia.
El planteo de inconstitucionalidad es impulsado por la seccional bonaerense de la Asociación Bancaria, que en el ámbito nacional conduce el gremialista radical y opositor a Cambiemos Sergio Palazzo y en suelo bonaerense la comanda Federico Bach.
Durante su proceso de impugnación, Torres recibió dos planteos de oposición a su designación. El primero fue realizado por la ONG Usina de Justicia, uno de los tanques de pensamiento judicial de Cambiemos. De la entidad formaba parte la diputada provincial ultravidalista Carolina Piparo, quien renunció tras la presentación en la que tildaban de garantista a Torres.
La otra impugnación llegó por el Colegio de Abogados de La Plata, en el que resaltaron que el candidato de Vidal no cumple con el requisito de dos años de residencia inmediata en provincia de Buenos Aires (artículo 181 de la Constitución Provincial) y también reclamaron la designación de una mujer en el cargo vacante tras la salida de Juan Carlos Hitters, ocurrida en octubre de 2016.
