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La organización Usina de Justicia rechaza la designación de Sergio Torres para el máximo tribunal de justicia bonaerense. Le cuestionan su perfil garantista.
Por 08/03/2019 16:08

La primera impugnación para que el juez federal Sergio Torres asuma como ministro de la Suprema Corte bonaerense, que idea la gobernadora María Eugenia Vidal, llegó de uno de los sectores menos esperados: la organización no gubernamental Usina de Justicia (el think tank judicial de Cambiemos) abrió la lista de quejas con una presentación oficial realizada este viernes 8 de marzo ante el ministerio de Justicia que conduce el ex sciolista Gustavo Ferrari.

BIO. Torres cumplirá 55 años en julio. Creció en Longchamps, provincia de Buenos Aires, y se recibió de abogado especialista en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Buenos Aires. Está casado y es padre de dos hijas. Ingresó a la justicia federal en 1985 y desde entonces ocupó diversos cargos en el escalafón judicial. Fue fiscal federal por unos meses y en 1994 fue designado juez en lo Criminal en Capital Federal. En 2001, el gobierno de la Alianza lo nombró juez federal.

 

Usina de Justicia es el tanque de pensamiento judicial del oficialismo. En ella están agrupados abogados, magistrados, legisladores y ciudadanos que abonan la teoría punitivista como una de las herramientas para combatir la inseguridad ciudadana, entre otros aspectos del derecho penal y los conflicto sociales, postura conocida como “mano dura”, aunque sus integrantes hablan de “mano justa”.

 


En la presentación, que lleva la firma de la filósofa Diana Cohen Agrest, se señala que Torres es de la línea del derecho penal abolicionista y adhiere a la teoría no punitiva del ex juez de la Corte Suprema federal Eugenio Zaffaroni.

“No podemos callar nuestra oposición a dicho nombramiento, el que estimamos como un enorme retroceso en la lucha que hace años hemos emprendido en Usina de Justicia, a fin de erradicar del sistema penal la doctrina abolicionista implantada por su mentor, el Dr. Eugenio Zaffaroni, y continuada por sus discípulos”, indican en alusión al juez federal Torres, “al que no podemos considerar alejado de esa doctrina”, agregan en la presentación a la que accedió Letra P.

 

 

El abolicionismo penal es una corriente criminológica que promueve la definitiva eliminación del sistema penal. ​El abolicionismo penal considera que el sistema penal no resuelve conflictos, es inhumano en cualquiera de sus formas, genera violencia, multiplica desigualdades sociales y sólo contribuye a mantener inalterable el orden establecido, administrando el poder punitivo del Estado, seleccionando a las capas más vulnerables para la aplicación de sus sanciones.

La doctrina abolicionista “nos está llevando día tras día las vidas de nuestro seres queridos y condenando a todos los ciudadanos a vivir tras rejas”, indican en otro pasaje del comunicado.

 

 

En el escrito también señalan que destacan la política bonaerense de ubicar a la víctima en el centro del proceso penal, para señalar que la designación de Torres va en contra de esa política de gestión judicial que es impulsada desde el oficialismo bonaerense. La primera impugnación se produjo el mismo día en que se publicaron los antecedentes académicos del magistrado.

 

 

Doctor en Ciencias Jurídicas (2008) y Magister Internacional en Nuevos Delitos Penales (2007), Torres es también profesor de Derecho Penal en la Universidad de Lomas de Zamora y preside el Consejo Académico de la Casa de Ana Frank en la Argentina, donde ha sido expositor en varias ocasiones sobre la similitud del caso ESMA con lo sucedido durante el Holocausto en Europa, según publicó el sitio Infobae.