Cuando faltan apenas cuatro meses para las elecciones primarias, el Senado volverá a hacer este martes otro intento de aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos que impulsan, con matices, el oficialismo y parte del peronismo federal, aunque el debate podría volver a frustrarse de no saldarse la diferencia sobre la posibilidad de que los sindicatos aporten a las campañas.
Pese a que el proyecto que permite a las empresas privadas aportar a las campañas políticas fue incluido en el temario de la sesión especial convocada para este martes a las 13, las dudas sobre si la ley logrará superar la instancia del debate en el recinto persisten y las negociaciones entre el oficialismo y la oposición seguirán hasta último momento.
Según pudo saber Letra P, la diferencia más importante entre el oficialismo y el interbloque Argentina Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto, radica principalmente en la prohibición que hoy rige en la ley 26.215, de que los partidos políticos acepten o reciben, directa o indirectamente, aportes por parte de los sindicatos. Mientras que el peronismo propone, a través del proyecto presentado por Pichetto, eliminar esa prohibición, Cambiemos pretende mantener la situación como está.
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El argumento principal que esgrime el oficialismo es que no resulta lógico que la conducción de un gremio resuelva financiar a un partido siendo que los afiliados a ese gremio pueden tener inclinaciones políticas diversas. Para Pichetto, la prohibición es una manera de intervenir en la vida política interna de los gremios. Las dos miradas quedaron plasmadas en los dictámenes que llegarán este martes al recinto.
Pero la discusión no será fácil. En primer lugar, por tratarse de una iniciativa que versa sobre materia electoral, se requiere de una mayoría agravada para su aprobación -que corresponde a 37 votos en el Senado y 129 en Diputados- que deberán reunirse en cada artículo. El número no es sencillo de alcanzar, más teniendo en cuenta que la sesión fue convocada en plena Semana Santa, un momento en que muchos senadores del interior evitan viajar a Capital para quedarse en sus provincias. A eso se suma que el bloque del Frente para la Victoria (FpV) se opone a la iniciativa y que la reunión de Labor Parlamentaria que estaba convocada para antes de la sesión para acordar el tratamiento de los temas se suspendió este lunes por la tarde, por “problemas de agenda”.
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La ley de financiamiento de los partidos políticos lleva varios intentos frustrados de debate. En 2018, su tratamiento quedó suspendido por problemas dentro del propio oficialismo, luego de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunciara públicamente que se oponía al aporte de empresas privadas a las campañas políticas.
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La decisión de Lilita arrastró entonces a parte del radicalismo y generó que el peronismo federal, que estaba dispuesto a dar el debate, también diera marcha atrás. Verano y reuniones mediante, el Gobierno logró que Carrió decidiera al menos no ser un escollo y anunciara puertas adentro de Cambiemos que su bloque no acompañaría el tratamiento de la ley pero tampoco lo trabaría.
Tras varias modificaciones, el debate se agendó finalmente para el 20 de marzo, pero también se frustró. En pleno recinto del Senado, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el catamarqueño Dalmacio Mera, anunció la postergación del tratamiento y la vuelta a comisiones. Este martes, a pocos meses de que comience la campaña electoral, habrá un nuevo intento.