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El Presidente incluyó el proyecto en extraordinarias, pero la líder de la Coalición Cívica no lo aprueba. El kirchnerismo se opone y los radicales tampoco están convencidos. El debate pasaría a marzo.
Por 03/12/2018 19:29

Después de haberse ganado las felicitaciones de los líderes mundiales por la organización del G20, Mauricio Macri tropezará en el Congreso con sus propios aliados. El proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que el Presidente incluyó en el temario del llamado a sesiones extraordinarias, no consiguió el aval de Elisa Carrió y tiene poco apoyo en las filas del radicalismo, por lo que se quedó casi sin chances de llegar al recinto en diciembre y recién podría debatirse en marzo.

El Ejecutivo pretendía tener aprobada la ley antes de fin de año para evitar el debate durante el año electoral. Pero los desacuerdos con el peronismo, en el Senado, y los problemas en el frente interno, en Diputados, complicaron el trámite. El oficialismo había logrado que el proyecto que habilita a las empresas a financiar campañas políticas y prevé la bancarización de aportes obtuviera despacho en la Cámara alta la primera semana de noviembre. Sin embargo, el texto nunca terminó de convencer al peronismo y quedó afuera del temario de la última sesión del año en el Senado.

En paralelo, Diputados decidió ignorar el dictamen de la Cámara alta y avanzar con un proyecto que tuviera origen en el ala del Palacio que comanda Emilio Monzó. Una vez suavizada la crisis que desató la pelea por los lugares en el Consejo de la Magistratura, los jefes de todos los bloques comenzaron a reunirse para discutir la posibilidad de consensuar un texto propio. Las fisuras aparecieron rápidamente dentro de la propia alianza gobernante, cuando Carrió hizo saber, a través del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, que no avalaba la idea de habilitar el aporte de los privados. “Lo tenemos que estudiar con más tiempo”, advirtió el lilito.

 

 

En su descontento, Carrió también arrastró a parte del radicalismo, propenso a la sublevación tras el episodio de la Magistratura. El peronismo quedó expectante. El Frente Renovador abrió el debate y el interbloque Argentina Federal estaba dispuesto a dar su apoyo. El kichnerismo mantuvo su posición original de rechazo al financiamiento por parte empresas. “Coincidimos con Carrió”, dijo a Letra P un referente del Frente para la Victoria. En la bancada que conduce Agustín Rossi quedó abierta la posibilidad de discutir el reparto del dinero que aporten los privados, en caso de que el proyecto avanzara.

Pero el tema no llegará al recinto, al menos en las reuniones que se celebrarán el miércoles y el jueves -en las que el oficialismo pretende avanzar con la aprobación de la ley contra las barras bravas y de la reforma de Bienes Personales– y el consenso es tan escaso que el oficialismo ni siquiera consiguió apoyo para debatir el tema en comisiones. “No están los votos”, admitieron en la bancada del PRO, donde aseguran que seguirán trabajando para lograr acuerdos. El plazo para emitir dictamen vence el 11 de diciembre. De conseguir consenso, la ley se votaría en el recinto el miércoles 12, algo que referentes de todos los bloques califican como "improbable", por lo que el debate se postergaría para marzo. 

Al tratarse de una ley que regula cuestiones electorales, se requiere de una mayoría absoluta para su aprobación.

Carrió le traba a Macri la ley de financiamiento de los partidos políticos

El Presidente incluyó el proyecto en extraordinarias, pero la líder de la Coalición Cívica no lo aprueba. El kirchnerismo se opone y los radicales tampoco están convencidos. El debate pasaría a marzo.

Después de haberse ganado las felicitaciones de los líderes mundiales por la organización del G20, Mauricio Macri tropezará en el Congreso con sus propios aliados. El proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que el Presidente incluyó en el temario del llamado a sesiones extraordinarias, no consiguió el aval de Elisa Carrió y tiene poco apoyo en las filas del radicalismo, por lo que se quedó casi sin chances de llegar al recinto en diciembre y recién podría debatirse en marzo.

El Ejecutivo pretendía tener aprobada la ley antes de fin de año para evitar el debate durante el año electoral. Pero los desacuerdos con el peronismo, en el Senado, y los problemas en el frente interno, en Diputados, complicaron el trámite. El oficialismo había logrado que el proyecto que habilita a las empresas a financiar campañas políticas y prevé la bancarización de aportes obtuviera despacho en la Cámara alta la primera semana de noviembre. Sin embargo, el texto nunca terminó de convencer al peronismo y quedó afuera del temario de la última sesión del año en el Senado.

En paralelo, Diputados decidió ignorar el dictamen de la Cámara alta y avanzar con un proyecto que tuviera origen en el ala del Palacio que comanda Emilio Monzó. Una vez suavizada la crisis que desató la pelea por los lugares en el Consejo de la Magistratura, los jefes de todos los bloques comenzaron a reunirse para discutir la posibilidad de consensuar un texto propio. Las fisuras aparecieron rápidamente dentro de la propia alianza gobernante, cuando Carrió hizo saber, a través del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, que no avalaba la idea de habilitar el aporte de los privados. “Lo tenemos que estudiar con más tiempo”, advirtió el lilito.

 

 

En su descontento, Carrió también arrastró a parte del radicalismo, propenso a la sublevación tras el episodio de la Magistratura. El peronismo quedó expectante. El Frente Renovador abrió el debate y el interbloque Argentina Federal estaba dispuesto a dar su apoyo. El kichnerismo mantuvo su posición original de rechazo al financiamiento por parte empresas. “Coincidimos con Carrió”, dijo a Letra P un referente del Frente para la Victoria. En la bancada que conduce Agustín Rossi quedó abierta la posibilidad de discutir el reparto del dinero que aporten los privados, en caso de que el proyecto avanzara.

Pero el tema no llegará al recinto, al menos en las reuniones que se celebrarán el miércoles y el jueves -en las que el oficialismo pretende avanzar con la aprobación de la ley contra las barras bravas y de la reforma de Bienes Personales– y el consenso es tan escaso que el oficialismo ni siquiera consiguió apoyo para debatir el tema en comisiones. “No están los votos”, admitieron en la bancada del PRO, donde aseguran que seguirán trabajando para lograr acuerdos. El plazo para emitir dictamen vence el 11 de diciembre. De conseguir consenso, la ley se votaría en el recinto el miércoles 12, algo que referentes de todos los bloques califican como "improbable", por lo que el debate se postergaría para marzo. 

Al tratarse de una ley que regula cuestiones electorales, se requiere de una mayoría absoluta para su aprobación.