“Esto, claramente, no es de la Fundación Pensar”, sintetizó un alto empresario de los que negoció mano a mano con el Gobierno el plan de congelamiento y expansión de Precios Cuidados. Intentó graficar, con el ejemplo, lo que han puesto en la faz pública los propios funcionarios: que Cambiemos no siente propio el monitoreo y los topes a precios como método para frenar la inflación. ¿De dónde salió entonces la idea? Lo confesó un alto funcionario a un CEO de peso: una encuesta y un focus group que le atribuyen al asesor Jaime Durán Barba pusieron de manifiesto un dato que la Casa Rosada ignoraba y resultaron determinates.
El Gobierno lanzará una canasta con precio fijo dentro de Precios Cuidados.
El estudio en cuestión reveló que entre un 75% y un 80% de los medidos consideraron que, ante la escalada inflacionaria, los “controles de precios” son necesarios. No hubo mayores precisiones de parte del asesor, hoy en su peor momento y muy criticado por la Unión Cívica Radical (UCR). Durán Barba ya había alertado a Mauricio Macri que, fuera de la caja de cristal, había gente impactada por el golpe al bolsillo. Y que eso podría redundar en pérdida de votos de cara a octubre. Los números observaron, sobre todo, más preocupación en territorio bonaerense, el corazón político de la alianza gobernante.
Werner, el secretario de Comercio. Lleva la manija operativa del plan. Le destacan su tarea y voluntad.
En este contexto, en el Gobierno se pasan la pelota sobre quién decidió acompañar la idea que finalmente puso operativa el Ministerio de Producción. Dante Sica, su titular, creía que había que hacer algo con los precios, pero lejos estaba de sugerir un acuerdo de este estilo. Más que para evitar remembranzas del kirchnerismo, para no padecer los dolores de cabeza de hacer un Precios Cuidados recargado, con una canasta interna con entre 40 y 100 productos congelados por seis meses.
Antes de entrar en conflicto con un ala oficial, Durán Barba también hizo una sugerencia: que en este contexto en el que la gente está enojada con el alza de precios, que según INDEC fue de 4,7% en marzo, el Gobierno debe plegarse a la retórica anti CEOs especuladores. A saber: cuestionar a los que remarcan precios, aprovechando la idea instalada en la sociedad -más allá de los gobiernos- de que los empresarios son culpables del impacto inflacionario.
