“Los tiempos apremian y no creemos que se llegue a designar al juez titular, queda Ziulu como subrogante y después vemos”. Así, una fuente del Consejo de la Magistratura confirmó a Letra P que Adolfo Gabino Ziulu será el encargado de controlar las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires, el territorio que será determinante para el proyeccto de reelección del presidente Mauricio Macri. Actores judiciales en el fuero Federal de La Plata consultados por este medio dieron la misma versión.
Ziulu ocupa el cargo como juez subrogante en el decisivo juzgado electoral bonaerense, donde se definen las inscripciones de partidos políticos, frentes y alianzas. También es el que aceita y le da viso de legalidad a las elecciones en el principal bastión electoral nacional, el que, en 2015, el peronismo perdió a manos de Cambiemos.
Desde la vuelta de la democracia, en 1983, el Juzgado Federal 1 era ocupado por Manuel Humberto Blanco. Murió en septiembre de 2014 y, luego de varias idas y vueltas -subrogó primero Laureano Durán, vinculado al kirchnerismo, y para las legislativas de 2017 el Gobierno importó al Newman boy Juan Manuel Culotta-, ese poderoso despacho con competencia electoral quedó en las manos transitorias de este magistrado que hace gala de un añejo axioma judicial: “Los jueces solo hablamos por el contenido de nuestras sentencias”.
El juez federal Adolfo Ziulu junto al fiscal Juan Martín Nogueira
Casi sobre el final de su carrera judicial y a pocos años de jubilarse, a Ziulu le llegó uno de los expedientes más calientes de la política nacional: los aportantes truchos de Cambiemos, causa que golpea a la estrella de la alianza oficialista, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien fue la presidenta del PRO bonaerense durante las elecciones de 2017.
En su foja de servicio hay una sentencia que fue celebrada por la Casa Rosada: en junio de 2016, fue el primero de los magistrados del país en avalar los tarifazos tras rechazar los ampararos presentados por un grupo de legisladores provinciales y el Defensor del Pueblo bonaerense.
El 13 de diciembre pasado, la Cámara Nacional Electoral (CNE) le quitó la causa penal por los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia al juez federal de La Plata (ex La Cámpora) Ernesto Kreplak, quien en esa investigación imputó a la ex funcionaria María Fernanda Inza, una de las personas de máxima confianza de Vidal, y a su mano derecha, Federico Salvai. En ese contexto, el máximo tribunal electoral del país ordenó remitir todas las denuncias vinculadas al financiamiento de la campaña del oficialismo en 2017 al juez Ziulu, el empoderado.
El juez Adolfo Ziulu con el ex presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas.
La CNE sentenció que Ziulu “es competente para conocer sobre los hechos planteados en la causa”. Así, los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera dispusieron que el juzgado a cargo de Kreplak remitiera las actuaciones al juez declarado competente para “su incorporación a la causa”. En los considerandos del fallo, los magistrados indicaron que los hechos fueron denunciados ante el fuero penal; “debieron, indudablemente, haber sido dirigidos al juez federal con competencia electoral”. En la sentencia, la CNE aclaró que la competencia federal electoral “no supone privar de respuesta penal a los eventuales damnificados por delitos asociados a las irregularidades o ilícitos” que eventualmente determine la Justicia Electoral.
La foto actual muestra un tablero judicial acomodado en favor del oficialismo. Un solo juez con sintonía oficialista está sentado sobre los expedientes más calientes y que más le interesan a la gestión actual: tarifas, elecciones y aportes de campaña. Todo indica que nada le puede salir mal a Cambiemos y que, ante eventualidades de la dinámica política, habrá control de daños asegurado.
Tal como informó este medio, tras el examen y por méritos académicos, picó en punta el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para quedarse con el Juzgado Federal 1 de La Plata. Pero se trata de un magistrado incómodo para la Casa Rosada. Su investigación sobre espionaje ilegal salpicó al fiscal federal Carlos Stornelli, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a las diputadas nacionales Paula Olivetto y Elisa Carrió y, recientemente, al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, el guardaespaldas de Mauricio Macri en la cuna de su carrera política, el club de la ribera.
Pese a sus méritos académicos, será muy difícil que Ramos Padilla sea designado en el cargo al que aspira. El próximo 25 de marzo se realizarán las entrevistas individuales en el Consejo de la Magistratura. Luego se confeccionará el orden de mérito definitivo, de donde saldrán los postulantes. Se terminará de definir en el Senado, con el visto bueno de la Casa Rosada.
Una de las máximas de la política indica que las designaciones de magistrados en años electorales luego son dejadas sin efecto, en caso de un cambio de color político en los ejecutivos nacionales o provinciales. Pero aquí se abren dos escenarios: si designasen al juez y Macri fuera reelecto, no habría revisión de pliegos, situación que sería diametralmente opuesta ante una derrota del oficialismo. Todas las fuentes consultadas coincidieron en que “será muy difícil” que se designe un juez electoral titular para la provincia de Buenos Aires durante 2019.
