Se levantó la huelga de hambre que llevaban adelante más de 10 mil internos de unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, quienes reclamaban mejores condiciones de detención y el uso excesivo de la prisión preventiva que genera superpoblación carcelaria. Así lo informó este viernes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que además remarcó que “las cárceles bonaerenses se encuentran en una situación crítica y por eso decidimos avanzar desde el primer día de gestión en políticas que reviertan la crisis humanitaria que atraviesan”. A la par, la Suprema Corte de Justicia anunció que el próximo viernes convocará a todos los jueces del fuero penal de la provincia para poner en discusión la facultad de la prisión preventiva que, considera el máximo tribunal, es recurrente en el proceso previo al juzgamiento.
La huelga de hambre que habían iniciado miles de detenidos en unidades penitenciarias había comenzado a semanas antes de que María Eugenia Vidal deje la gobernación provincial. Los internos reclamaron libertades o arrestos domiciliarios para los procesados sin condena, arrestos domiciliarios para los condenados sin sentencia firme, mejores condiciones de alojamiento carcelario y mayor celeridad en la tramitación de las causas penales.
El reclamo y la compleja situación no es un escenario nuevo. En su “Informe anual 2019: el sistema de la crueldad XIII”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó una crisis humanitaria producida, en buena parte, por la superpoblación y hacinamiento carcelario.
La CPM detalló que hubo 140 muertes en cárceles en 2019. Se registra el 113% de sobrepoblación carcelaria y 42 mil personas detenidas en 20 mil plazas disponibles. Además, entre 2013 y 2018, el 79% de las condenas en la provincia se dictaron por juicio abreviado.
En este complejo contexto, internos e internas avanzaron en un plan de huelga de hambre. La situación no cambió en los diez días que lleva la gestión de Kicillof, aunque hay optimismo de la mesa de diálogo de que se avance en algún tipo de mejora. Durante la jura de los ministros provinciales a días de la asunción del gobernador, familiares de internos se hicieron presentes en el teatro Coliseo Podestá de La Plata donde se llevaba adelante la jura, para hacer llegar el reclamo en marcha.
Días más tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, elevó un decreto para poner en funcionamiento una mesa de diálogo. El primer encuentro fue este jueves. Incluyó la presencia de representantes de miembros de la Suprema Corte, el Tribunal de Casación Penal, representantes de la CPM y de la Iglesia católica. También legisladores, el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino, el Procurador General, Julio Conte Grand y el Capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Carlos Pont Gasques.
LA MIRA EN LA PRISIÓN PREVENTIVA. En el marco de la mesa de diálogo, la Suprema Corte de Justicia convocó a todos los jueces de Garantías y de Ejecución Penal y a un representante por cada Tribunal Oral en lo Criminal a un encuentro el próximo jueves. El objetivo es “abordar con urgencia los aspectos fundamentales de la problemática existente y elaborar cursos de acción en lo inmediato”. La cuestión de fondo es también el uso excesivo de la prisión preventiva.
Así lo explicó, a través de cuenta de twitter, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Necochea, Mario Juliano. El magistrado celebró la convocatoria de las máximas autoridades judiciales y aseguró que “hay que ser prudentes a la hora de decidir, que la prisión preventiva debe ser excepcional, que hay que apelar a formas alternativas a la prisión y otras menudencias”.
Juliano sostuvo además que el encuentro al que fueron convocados “no es ni más ni menos que lo que venimos reclamando hace tiempo: que las máximas instancias judiciales asuman un fuerte liderazgo frente a juezas y jueces para contener el encarcelamiento indiscriminado”.
En tanto el gobernador Kicillof, sostuvo que “vamos a seguir trabajando en la Mesa Interinstitucional de Diálogo que instrumentó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, junto a los demás poderes del estado, la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos para encontrar soluciones estructurales”.
