En la provincia de Buenos Aires existe una tradición política no escrita pero respetada por caudillos radicales y peronistas, prácticamente desde el regreso de la democracia en 1983. La misma indica que los organismos de control y de la Constitución provincial deben estar en manos de la oposición. Pero ese pacto tácito, respetado a lo largo del tiempo, fue quebrantado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que ahora, desde la intemperie, pide que se cumpla.
En sus dos gobernaciones como jefe bonaerense, Eduardo Duhalde, hizo honor a ese acuerdo entre todas las fuerzas para darle un viso de transparencia. Gobernaba el peronismo ortodoxo bonaerense y contralaba la Unión Cívica Radical (UCR). Esta práctica comenzó en 1987 cuando el ex gobernador Antonio Cafiero confirmó a los titulares de los organismos de control que fueron nombrados por su antecesor radical Alejandro Armendáriz.
Pero llegó el cambio. Durante su mandato, Vidal colonizó la mayoría de los espacios con dirigentes cosechados en las canteras del PRO y de la UCR, dos de los principales integrantes de la fallida coalición de gobierno Cambiemos. Como caso paradigmático se puede mencionar el paso de María Fernanda Inza, quien fue tesorera del PRO y ocupó efímeramente la Contaduría General bonaerense, hasta que la denuncia por presuntos aportantes truchos de Cambiemos la transformó en fusible de la gestión y fue eyectada del cargo.
Ni la carta magna provincial ni ley alguna plantean que esas reparticiones deban ser para oficialistas u opositores, se trata de una usanza basada en un pacto político de los años ochenta. Los organismos que están en la mira de ambos espacios son la Contaduría General, la Tesorería, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Durante la gestión de Vidal esos lugares fueron para el oficialismo, hoy devenido en oposición por mandato de las urnas. Pero en una actitud rayana con la doble vara de medición, el vidalismo los reclama para sí.
A estos lugares deben sumarse como territorios en disputa la Procuración General Bonaerense y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, único organismo que estuvo en cabeza de un opositor, Guido Lorenzino, ligado al Partido Justicialista.
SILLONES EN PUGNA. El contador general de la provincia de Buenos Aires es Carlos Francisco Baleztena. Asumió el 10 de agosto de 2018, tras haber desempeñado el cargo de secretario de Economía y Hacienda en la Municipalidad de Tres de Febrero desde diciembre de 2015, un funcionario del riñón PRO.
Quien los secunda es el subcontador general Carlos Vittor (ligado a Sergio Massa). Está en funciones desde febrero de 2016 (etapa de plena luna de miel entre el massismo y el vidalismo), tras haberse desempeñado en la Municipalidad de Tigre desde diciembre de 2007 hasta enero de 2016 en los cargos de secretario de Economía, Hacienda y Administración, secretario de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura y secretario de Control Urbano y Ambiental.
El tesorero General de la provincia de Buenos Aires es el contador Horacio Stávale, hijo del ex caudillo radical Juan Carlos Stávale, ya fallecido, y que estuvo procesado por hechos de presunta corrupción en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Lo acompaña en la gestión el subtesorero Facundo José Fernández, hombre del intendente de San Fernando, Luis Andreotti. Ambos asumieron en febrero de 2016 tras la firma del Decreto 52 refrendado por la entonces gobernadora.
Estas cuatro plazas tienen un período constitucional de cuatro años, renovable por otro ciclo similar.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires es el máximo organismo de control. No solo audita las cuentas del Estado bonaerense sino que también lo hace con los 135 municipios. Su titular es Eduardo Benjamín Grinberg, ex dirigente de River Plate y ligado al radicalismo bonaerense. Sus últimos años en la gestión fueron atravesados por turbulencias. Designó familiares y amigos con suculentos salarios y fue denunciado en la justicia Federal de La Plata por “malversación” de fondos públicos.
La Fiscalía de Estado (Fepba) está en manos del radical Hernán Gómez. La carta magna provincial establece que este cargo es “inamovible”. Su antecesor fue otro radical, Ricardo Szelagowski, quien fue nombrado por la administración de Armendariz y dejó el cargo poco tiempo antes de fallecer.
La Fepba siempre fue un espacio que el radicalismo defendió a capa y espada y el peronismo lo respetó. Pero durante el final de la gestión de Daniel Scioli como gobernador se echó mano de la creatividad judicial. Se instituyó un segundo cargo de Fiscal Adjunto (cuando siempre fue uno) y nombró a su ex funcionario Mariano Carlos Cervellini. Antes de asumir como gobernadora, Vidal prometía y aseguraba en medios de comunicación que lo iba a echar. Nada de eso ocurrió. Vidal asume, rompe ese acuerdo político y planta a funcionarios de su riñón político o de aliados en sintonía fina, salvo en la Defensoría de Pueblo.
La figura del defensor ciudadano tiene a su cargo la protección de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones.
Según la Constitución provincial, su cargo dura cinco años y tiene la posibilidad de ser reelecto. Para ello no debe estar vinculado a ningún partido político pero eso nunca se cumplió. En la actualidad ese cargo es ocupado por el mencionado Lorenzino. Antes estuvo Carlos Bonicatto. Ambos fueron legisladores provinciales por el Partido Justicialista. El actual ombudsman provincial asumió en enero de 2017 y tiene mandato hasta 2022.
Una de las áreas más calientes es la Procuración General, cuyo titular, Julio Marcelo Conte Grand, es el jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. El funcionario ultravidalista y de vínculos aceitados con el Opus Dei llegó al cargo sin cumplir el requisito formal de residencia en suelo bonaerense. Peso a ello, el Senado con mayoría de Cambiemos le dio vía libre.
La administración de Axel Kicillof dará batalla por esa poderosa silla. Así lo hizo saber la actual ministra de Gobierno, Teresa García, quien, cuando comandaba el bloque de senadores kirchnerista, dio señales en ese sentido al igual que el diputado provincial Jorge D’Onofrio (entonces en el Frente Renovador), quien sugirió que podría impulsar un jury para el funcionario, a quien acusó de estar “al servicio de Vidal” e implementar un “sistema para condicionar” a jueces.
Pero la gestión de Kicillof deberá sortear un muro sólido que tiene el vidalismo y es el Senado provincial. Está empoderado por la oposición con 29 soldados sobre 46 bancas, es decir, la ex gobernadora controla una cámara clave. En ese espacio legislativo se deben aprobar los pliegos para jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el subprocurador general, según establece el artículo 175 de la Constitución provincial.
También el Senado debe dar acuerdo para designar al fiscal de Estado, al director general de Cultura y Educación, al presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas y el presidente y los directores del Banco de la provincia que le corresponda designar. La misma función ejerce para nombrar al tesorero, subtesorero, contador y subcontador general de la provincia.
Los naipes están echados sobre el paño. La Constitución provincial es taxativa en lo referente a nombramientos y designaciones de funcionarios en áreas claves del gobierno de la provincia de mayor peso específico en el mapa productivo, poblacional y electoral del país. No son para la oposición ni para el oficialismo, pero deben pasar por un Senado que, en la actualidad, lo controla la oposición.
