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Conte Grand deshoja la margarita: entre el juicio político y la denuncia penal

El jefe de los fiscales bonaerense y hombre fuerte en la justicia de Vidal define su futuro ante la eventual salida de Cambiemos del gobierno provincial.
El jefe de los fiscales bonaerense y hombre fuerte en la justicia de Vidal define su futuro ante la eventual salida de Cambiemos del gobierno provincial.
Por 04/09/2019 12:33

El procurador general de la provincia de Buenos Aires y hombre fuerte de la gobernadora María Eugenia Vidal en la Justicia, Julio Marcelo Conte Grand, está en una encrucijada; se define su futuro político. Sabe que ante la llegada de Axel Kicillof al gobierno –algo casi cantado en virtud de la distancia que le sacó al oficialismo en las PASO– tiene dos opciones: atornillarse al sillón o renunciar. Si opta por el primer camino, enfrentará a un casi seguro juicio político. Ante una salida voluntaria, ya hay abogados preparando denuncias por delitos contemplados en el Código Penal que lo tendrán desfilando por los pasillos judiciales de La Plata, espacio al que denostó en tiempos no tan lejanos.

La Procuración General es un espacio clave en la construcción de poder. Desde allí se bajan lineamientos de gestión a todos los fiscales bonaerenses. Y tiene bajo su órbita la puesta en funcionamiento de la demorada Policía Judicial. Es el lugar desde donde se impulsan juicios políticos a magistrados (jueces y fiscales, en particular), con diálogo permanente con los tres poderes del Estado en materia de justicia y seguridad, dos reclamos constantes de la ciudadanía, aunque en la actualidad estén desdibujados ante la brutal crisis económica que gana todas las marquesinas.

 

 

Fuentes judiciales confirmaron a Letra P que el funcionario cercano al Opus Dei intentará salir de la gestión con un control de daños que no ponga en peligro su reputación y buen nombre. Pidió apoyo eclesiástico, el mismo lobby celestial que lo depositó en uno de los tronos de la justicia terrenal. El objetivo: que no avancen eventuales causas penales o pedidos de destitución.

Hace días el diputado provincial Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) sugirió que la oposición podría impulsar un jury contra el funcionario, a quien acusó de estar “al servicio de Vidal” e implementar un “sistema para condicionar” a jueces.

La gambeta al posible juicio es la renuncia, pero volver al llano puede derivar en situaciones insospechadas. Como una denuncia penal por delitos varios. Según confirmó este medio, al menos dos abogados preparan demandas penales como contragolpe a la detención de sus asistidos, a quienes consideran “presos políticos” de la gestión de Vidal y Conte Grand.

 

 

NOMBRAMIENTO. El funcionario, uno de las principales espadas de la gobernadora, llegó al cargo mediante un polémico nombramiento. Desde ese sillón y con la ayuda de grupos hegemónicos de comunicación disparó con munición gruesa a jueces incómodos para Cambiemos. Uno de los apuntados fue el suspendido juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, quien se negó a ordenar la detención del líder sindical Pablo Moyano.

Tampoco dudó en señalar que el detenido ex juez de Garantías de La Plata César Melazo y su par de Casación bonaerense, Martín Ordoqui, formaban parte de una banda criminal a la que le brindaban protección judicial. También se enfrentó con otro magistrado de la máxima instancia penal provincial, Víctor Violini, quien fue el primero de los jueces que denunció presiones políticas a los magistrados en la era Cambiemos.

El jefe de los fiscales rechazó “las presiones y los carpetazos” que denunciaron en su contra y aseguró que en la justicia bonaerense se trabaja con “objetividad”. “No pertenezco al Poder Ejecutivo”, aclaró en su momento.

 

 

Pese a que en público no da por ganada la elección y continúan la campaña con igual intensidad que antes de las Primarias, en el Frente de Todos ya diseñan bajo total hermetismo el futuro gobierno. Según pudo saber este medio, la mesa chica de Kicillof aún no baraja nombres para ocupar ese cargo. Incluso, tampoco está definido un pedido de renuncia del actual funcionario.