María Eugenia Vidal dejará la gobernación de Buenos Aires sin haber cumplido con una de sus principales promesas de campaña: la reforma judicial para el mejoramiento de ese servicio en el principal distrito electoral del país. La tardía iniciativa del oficialismo quedó paralizada por el proceso electoral que sentenció la salida de la estrella de Cambiemos. La falta de avances en el fuero penal, una evolución renga en lo laboral y un rechazo al nuevo Código Procesal Civil y Comercial y de Familia son las fotografías que muestra la gestión de la alianza gobernante en el área. Déficit en infraestructura, falta de jueces, problemas presupuestarios y edilicios contra la prometida digitalización, falta de capacitación del personal y salarios del 50 % en comparación con los de los magistrados nacionales. Una justicia colapsada, parte de la herencia que recibirá el gobernador electo.
En su último discurso de apertura de sesiones legislativas, Vidal le dedicó apenas dos párrafos a la gestión judicial. Mostró como logro la difusión pública del patrimonio de “más de 13.500 jueces, defensores y fiscales”, el nuevo Código de Ética “que, entre otras cosas, les impide participar de reuniones partidarias y refuerza la independencia de la Justicia”, el apartamiento de magistrados sospechados, la generación de instancias de encuentro con las víctimas y la nueva “Ley de Enjuiciamiento de Magistrados”.
El 27 de abril de 2019, Vidal promulgó su reforma laboral, que significó fraccionar los tribunales de trabajo en juzgados unipersonales, crear la instancia de apelación jurisdiccional (sin presupuesto asignado) y un déficit al momento de nombrar magistrados.
Dos semanas antes, había expuesto en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno, en La Plata, la segunda etapa de la reforma judicial, que está conformada por cinco proyectos de ley. Lo hizo acompañada por su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; por la diputada provincial Carolina Piparo y por familiares de víctimas. En aquella oportunidad la mandataria solicitó “prioridad” al proyecto, pero eso no pasó.
Uno de los objetivos era avanzar en un nuevo Código Procesal Civil y Comercial y de Familia “con el fin de agilizar y bajar los costos de los procesos”, buscando un juicio mucho más oral que escrito para poder resolver más cantidad de cuestiones en menor tiempo y con mayor contacto entre el vecino y el juez. Así lo explicó el oficialismo.
El proyecto se debate en comisiones del Senado, donde se intenta corregir la redacción que llegó desde el Ejecutivo y que es objetada por múltiples actores de la vida judicial bonaerense.
Los que deberían ser ejecutores de esa herramienta, jueces y abogados, con distintos enfoques, cuestionaron el texto final del proyecto y coincidieron en un punto: sin más nombramientos de magistrados y más recursos (infraestructura, personal, peritos y tecnología), el estado de colapso de los tribunales bonaerense irá en aumento y producirá un empeoramiento del ya malogrado servicio de justicia.
A modo de ejemplo, los jueces de Paz de la provincia de Buenos Aires enviaron un documento de 30 fojas en las que explican y fundamentan por qué el proyecto es inviable. En caso de aceptarse las reformas sugeridas, se estima que habría que rediseñar gran parte del texto.
El fuero de la Justicia de Paz está conformado por 109 juzgados, que abarcan al 46% de la población y a casi el 83% del territorio de la provincia de Buenos Aires. Muchos de ellos tienen problemas de conectividad a Internet, lo que imposibilita las notificaciones electrónicas, uno de los caballitos de batalla de Cambiemos, que pregona el abandono del papel para pasar el expediente digital.
Otro de los aspectos es la oralidad de las audiencias. Se establece ese sistema por sobre el litigio escrito para evitar el papel. Las audiencias deben ser dirigidas por el juez y grabadas en soporte técnico (audio y video), pero gran parte de los juzgados de Paz están desprovistos técnica y ediliciamente de los recursos básicos.
Según el documento oficial al que accedió Letra P, hay 109 Juzgados de Paz pero “solo dos cuentan con tal tecnología, oscilando los equipamientos (en) aproximadamente US$ 50.000” cada uno. En razón de ello, para el resto de los 107 juzgados se deben invertir 5.350.000 dólares, $ 251.450.000, tomando la cotización de la divisa estadounidense al momento de la redacción del documento: $ 47.
Desde la Asociación de Magistrados de La Plata también enviaron un documento que abre con el título “El proyecto no contempla las diferentes situaciones de los distintos departamentos judiciales ni la justicia de Paz”. Además, los jueces de Morón y Mar del Plata también expresaron sus críticas.
Según las últimas estadísticas informadas por la Suprema Corte bonaerense, que datan de 2017, las causas anuales ingresadas por juzgado son: Azul 600, Dolores 700, Bahía Blanca 900, La Plata 1.600 (con apremios incluidos), San Isidro 1.300, San Martín 1.600, Morón 1.800, Quilmes 1.600, La Matanza 1.500, Lomas de Zamora 2.000, Sede Lanús 5.000 y Sede Avellaneda con el mayor caudal: 8.500.
La resolución de la mayoría de los expedientes debe tramitarse en audiencias orales, con la presencia del juez, bajo sanción de nulidad si no hay presencia del juez. Ante esto, los magistrados de la capital provincial no dejaron dudas en su documento: “De manera tal que la oralidad con la presencia física del juez bajo pena de nulidad insanable en absolutamente todas las causas de los procesos de conocimiento sin distinción, sumado a la que se incorpora con posibilidad de doble audiencia en los juicios de pequeñas causas (que, se estima, será un aluvión, ya que lo integran hasta los problemas vecinales), a lo que agregamos la subrogación de otros juzgados también con oralidad, llegará al colapso del sistema que hoy ya resulta deficitario, pese a que muchos de los jueces ponemos todo nuestro esfuerzo, incluso los adheridos al ‘plan oralidad justicia 2020’”.
Otro de los aspectos que resaltaron es el contraste con otras jurisdicciones. “Debe tenerse presente también que, a diferencia de la Nación, donde el fuero está escindido (civil por un lado y comercial por el otro), en la provincia de Buenos Aires están ambos en cabeza del mismo juzgado”. Es decir que en suelo porteño hay un juez por juzgado y por fuero, mientras que en provincia un mismo magistrado atiende un juzgado pero con dos fueros.
“Las consecuentes nulidades serían inevitables. El juez es un ser humano y no podrá cumplir con su agenda porque es materialmente imposible. Estas nulidades volverán a fojas cero el proceso. Nulidades que tanto la doctrina procesalista más destacada ha querido evitar para la continuidad y validez de los actos y para un pronunciamiento en ‘plazo razonable’, como indican los tratados internacionales”, sentenciaron los magistrados.
La lista de objeciones es extensa y promete un acalorado debate del proyecto en las comisiones legislativas del Senado. Luego deberá remitirse a Diputados para la sanción final, aunque en caso de que esa cámara haga modificaciones, deberá volver a la de origen para un nuevo tratamiento.
Mientras esto se debate, varios magistrados consultados confirmaron que, además, “hay problemas de inversión en infraestructura, que se agravó en los últimos tiempos”. Y aseveraron que “hay juicios de desalojo de inmuebles alquilados por el Poder Judicial porque no paga el alquiler”.
En paralelo a esto, la gestión entrante se encontrará con déficit en el nombramiento de magistrados. Según registros oficiales, se deben nombrar “con urgencia” al menos 120 jueces en todos los fueros e instancias, sin tener en cuenta la carencia de fiscales y defensores entre otros funcionarios del Ministerio Público.
En materia salarial, los jueces bonaerenses perciben como haber el 50% de la remuneración de un par nacional. En un escalafón del mejor al peor pago, de 24 jurisdicciones (23 provincias más CABA) los jueces de la provincia de Buenos Aires ocupan el puesto 19, es decir, el último pelotón salarial en el mapa nacional. Esto es parte de la herencia que Vidal le deja al gobernador electo Axel Kicillof.
