La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, expuso este miércoles, en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de gobierno, en La Plata, la segunda etapa de la reforma judicial que está conformada por cinco proyectos de ley.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, expuso este miércoles, en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de gobierno, en La Plata, la segunda etapa de la reforma judicial que está conformada por cinco proyectos de ley.
Lo hizo acompañada por su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, por la diputada provincial, Carolina Píparo, y por familiares de víctimas.
“Esperemos que la legislatura les dé prioridad a estas leyes, que se merecen un rápido tratamiento porque significan mayores garantías para las víctimas” afirmó Vidal en su exposición, dejando en claro su intención de acelerar el tratamiento del paquete de medidas que ya envió al Parlamento provincial.
“Les pido a los legisladores que pongan en discusión estos proyectos, que lo trabajen en las comisiones, y pongo a disposición nuestro equipo de gobierno para ir las veces que sean necesarias” agregó la gobernadora. El pedido de la mandataria no es casual, ya que en el inicio de las sesiones ordinarias de este año, los legisladores de la oposición cuestionaron el apuro de Vidal y trabaron el tratamiento de algunas de estas iniciativas.
La reforma, detallada por la mandataria, comprende un proyecto de ley que modifica la selección y elección de jueces y fiscales, para que “no alcance solamente con el título de abogado, sino que para presentarse tengan que tengan capacitación más específica, con un año y medio adicional, con examen oral y filmado, bien transparente” expresó la gobernadora.
Porque, según acusó la mandataria, “para que el ingreso a la justica no sea por contactos políticos sino por capacidad”.
El segundo proyecto fija una reforma al jury de enjuiciamiento de magistrados. “Acota los tiempos porque la justicia tiene que tener plazos para poder decirles a la sociedad si ese juez o ese fiscal es culpable o no” sintetizó Vidal en su explicación.
La tercera iniciativa establece un mapa judicial, donde quedan en evidencia las causas, la resolución y la cantidad de personal que tiene cada departamento judicial y cada fuero.
“Porque encontramos muchas inequidades – explicó la gobernadora- hay fueros que trabajan 12 mil causas por año y otros que tienen apenas la mitad”.
El cuarto proyecto impone una reforma a la ley de Procedimiento Laboral, ya que la actual data de 1995, donde se busca tener juicios más rápidos y menos costosos, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como lo es en la actualidad.
El quinto proyecto, y más difundido por la propia mandataria, establece una reforma al código procesal penal, para incluir a las víctimas en el proceso judicial.
“El código hoy no contempla la voz de la víctima, y no solo en el juicio sino también después que se dio la condena – indicó Vidal- agregamos que cuando un juez deba decidir una excarcelación, primero tiene que convocar a la víctima o al abogado querellante”.
Existe además programada para 2019, una tercera etapa de reforma judicial, que abarcará un cambio en el Código Contravencional “que se adapte a nuestra realidad, ya que la ley vigente tiene más de 40 años” anticiparon desde el ministerio de Justicia.
“En junio presentaremos el proyecto que creará nuevas figuras y sanciones para resolver conflictos menores sin llegar a la aplicación del Código Penal, y trabajará en la reparación del daño que compense a la víctima” indicaron desde la cartera que preside Ferrari.
También se espera avanzar en un nuevo Código Procesal Civil y Comercial “con el fin de agilizar y bajar los costos de los procesos, buscando un juicio mucho más oral que escrito, para poder resolver más cantidad de cuestiones en menor tiempo y con mayor contacto entre el vecino y el juez”.
Y también, un nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial “para poder contar con las dependencias que se necesitan donde hacen falta, eliminando aquellas que prácticamente no funcionan y determinando la cantidad y distribución de los juzgados según criterios de necesidad y no de conveniencia”.